Organizaciones sociales insisten en que no obtienen respuestas por parte del gobierno provincial a la hora de abordar la problemática alimentaria en Entre Ríos. Este lunes se reunió la mesa provincial de la UTEP y concluyó: “Luego de participar en la mesa de diálogo social, vemos con gran preocupación la falta de planificación sobre la política alimentaria y comunitaria en nuestra provincia”. 

Los datos que ofrecieron son alarmantes: la caída del consumo de alimentos es del 16% a nivel nacional en el marco de un 55% de pobreza “y con más de un millón de niños y niñas yendo a la cama sin comer”.

“Las filas de nuestros comedores son cada vez mas largas y las respuestas del gobierno, insuficiente”, aseveraron en un documento enviado a Análisis.

La ley de Emergencia Alimentaria tenía como objetivo eliminar trabas burocráticas para la compra de módulos alimentarios y de ese modo paliar la urgencia que hay en los comedores comunitarios de la provincia. La primera compra de módulos se hizo recién el 12 de agosto en el marco de esta ley. 

La provincia repartió 28.000 módulos que fueron adquiridos por el ministerio que conduce Verónica Berisso, la vieja cartera de desarrollo social. En el caso de la UTEP aseguraron que recibieron sólo 700 módulos lo que impacta sólo “poder sostener dos días de olla”. 

“Es central que como comunidad sepamos cómo y de que manera se distribuyeron los recursos, siendo que no expusieron ésta información en la última reunión y la necesidad de revisar la construcción de la respuesta alimentaria por la falta de frescos, verduras y carnes que afectan directamente el desarrollo de nuestras infancias y a calidad de vida de nuestros adultos mayores”, advirtieron.

Cabe informar que los alimentos que vinieron de Nación tras ser retenidos por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, fueron repartidos en la provincia a través del Consejo General de Educación (CGE). El argumento del gobierno provincial fue la “falta de estructura para la distribución desde otro lugar”.

“Lo cierto es que del aceite, arroz, lentejas y pasta de maní que enviaron de Nación, no llegó un gramo a los comedores y merenderos comunitarios. Entendemos que fue utilizado para emparchar una deficiente política alimentaria en nuestras escuelas”, fustigaron.

El documento amplió la crítica respecto a la política del gobierno en la materia: “Nuestros gurises en las barriadas van a las escuelas públicas y vemos como padres y trabajadores a los docentes pagar los materiales de su bolsillo para poder dar clases, sostener los comedores abiertos incluso durante sus jornadas de lucha, con salarios que se encuentran debajo de la línea de pobreza y los iniciales al borde de la indigencia. Por eso expresamos nuestro apoyo, empatía y solidaridad con su lucha”.

“En una Argentina, país de enorme riquezas gracias a la producción de sus trabajadores, el gobierno de Javier Milei y Rogelio Frigerio sostienen que no hay plata. Sin embargo se pagaron 4 billones de pesos de intereses de deuda externa en lo que va del año, y el banco central paso al tesoro nacional una deuda de leliq y pases de liquidez por el equivalente a 71 mil millones de dólares, el banco central nuevamente esta con reservas negativas, por lo cual a los argentinos nos ajustan, para que se lleven la plata los de siempre”, señalaron.

En esa línea, aseguraron que “nuestros jubilados son directa y profundamente afectados por el ajuste sufriendo también una brutal represión por expresarse por una jubilación digna”. “La caída del trabajo en todas sus aristas a causa de la recesión  a golpeado duramente a toda la comunidad, nosotros como trabajadores de la economía social, popular y cooperativa seguimos sin tener una política que incentive, promueva, legitime y acompañe a este sector”, finalizaron.