El primer lote está conformado por 59 compañías. El Presidente considera que el traspaso a manos privadas es una parte fundamental de su lucha “contra la casta política”. El Gobierno contempla seis mecanismos para decidir.

El presidente Javier Milei dio la instrucción de acelerar el proceso de privatización de las empresas que hoy se encuentran bajo la órbita del Estado Nacional, según señalaron a Ámbito fuentes de la Casa Rosada. El primer lote está conformado por 59 compañías que están siendo analizadas en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Martín Chaher, acompañado de un equipo de unos 30 profesionales.

Estas 59 empresas que conforman el primer conjunto –la intención oficial es ampliar “mucho más” la cantidad de compañías– corresponden a 11 jurisdicciones del organigrama estatal. Chaher reporta a Santiago Caputo y su oficina se encuentra en la misma área en donde trabaja el asesor presidencial.

En medios oficiales se señala que, aunque existe la decisión política de Milei de llevar adelante el proceso de privatizaciones “lo más rápido posible”, la tarea no está exenta de diversas dificultades. Al respecto, indican que se entrecruzan intereses económicos con distintos niveles de decisión política. “Hay muchas voces opinando”, señalan. Es más, hay quienes consideran que “sería necesario contar con un Roberto Dromi” en referencia a quien fuera el “ministro privatizador” del gobierno de Carlos Menem y que contara con un gran respaldo político para impulsar las privatizaciones.

En el entorno del jefe de Estado aseguran que con las privatizaciones se cerrará “una fuente de ingresos de los políticos corruptos”. El primer mandatario considera que el traspaso a manos privadas de las empresas hoy manejadas por el sector público es una parte fundamental de su lucha “contra la casta política”. Es más, explican en el entorno presidencial, “aunque la empresa sea superavitaria, igual se traspasará al sector privado porque si siguiera en la órbita pública, los políticos corruptos volverían a hacerla deficitaria”.

En la actualidad, las compañías bajo estudio son, entre otras, a Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, media docena de empresas de ferrocarriles, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de la Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la televisión pública.

El criterio que manejan las autoridades a cargo del área va más allá del simple proceso de privatización. De manera sintética, apunta a analizar la situación de cada una de estas empresas, ver qué segmentos tienen valor y evaluar las mejores formas para que estas actividades pasen al sector privado.

El Gobierno contempla seis mecanismos para decidir el destino de estas empresas:

• Privatización – IPO (siglas en inglés de Oferta Pública Inicial, proceso para recaudar fondos a través de una cotización en el mercado de valores). Podrá ser total o parcial, venta de acciones, aumento de capital, licitación u oferta pública.
• Concesión (empresas o unidades)
• Transformación (escisiones patrimoniales, venta de activos prescindibles, cesión de unidades no estratégicas).
• Cesión (a las provincias)
• Cierre (cierre operativo, liquidación, fusión por absorción)
• Socios estratégicos (contratos asociativos)

Por lo pronto, la Agencia se plantea tres etapas en este proceso. Uno, identificado como “Definición” contempla un período de 2 a 3 meses en los que la tarea consiste en el cierre de balances, se establecen las modalidades para el proceso de privatización, el plan de negocios y la contratación de asesores.

La segunda, denominada “Preparación”, consistente en la publicidad del llamado a los interesados, la presentación y la evaluación de ofertas. También en un lapso de 2 a 3 meses.

El proceso termina con la “Ejecución” consistente en la Recomendación de adjudicación, los dictámenes oficiales, la adjudicación y la atención de las eventuales impugnaciones (1 a 2 meses).

El caso por caso de cada empresa

Las autoridades están barajando distintas alternativas adaptadas a cada caso en particular para aumentar la presencia privada en estas empresas.

AySA

Una de las más importantes es AYSA. En medios oficiales se considera que la prioridad es convocar a “un operador fuerte” para que se haga cargo de la gestión de la compañía. En paralelo, se estudia la posibilidad de abrir el capital accionario a la bolsa. Debe tenerse en cuenta que la compañía tiene experiencia en el mercado de capitales (ya ha emitido obligaciones negociables).

ARSAT

La empresa estatal de comunicaciones ARSAT ya anunció su salida a la Bolsa en 2025 con el propósito de privatizar hasta el 49% del paquete accionario. Nucleoeléctrica Argentina S.A. la empresa generadora de energía eléctrica argentina que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, también podría ir al mercado de capitales.

Aerolíneas Argentinas

En medios oficiales se evalúa que la privatización de Aerolíneas no es posible en las actuales condiciones, pero también señalan que hay áreas que podrían salir de su órbita para reducir el tamaño de la empresa y favorecer la competencia aerocomercial. En tal sentido se analizan los servicios de tierra, de aire, simuladores, OPTAR o parte de la flota.

En lo inmediato, comentan que hubo conversaciones con el gobierno de Córdoba porque habría manifestado interés por recibir la flota de Embraer (Austral) para armar una aerolínea provincial, según comentan en la Casa Rosada.

El presidente Milei en más de una oportunidad manifestó que no tendría problema en darle la empresa a los empleados y, en el mismo sentido, opina el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En el Gobierno se señala, en tanto, que no habrá compradores de Aerolíneas en tanto sigan vigentes los actuales convenios laborales. Por esta razón, trascendió en fuentes gremiales que están manteniendo conversaciones para ver cómo reformular los convenios.

VENG

La división de las áreas de negocios también forma parte de la estrategia oficial. Así, en el caso de VENG, empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial, se está pensando en escindir el negocio de información satelital del acceso al espacio ya que se considera que obedecen a drivers de mercado distintos y, por lo tanto, sería más conveniente una privatización con compradores estratégicos en estas condiciones. En este caso, la provincia de Córdoba también está interesada en recibir las instalaciones del negocio de imágenes satelitales, en conjunto con INVAP.

Otro tanto sucede con la empresa nuclear Dioxitek ya que se considera conveniente escindir los negocios de combustible nuclear de los radioisótopos para uso medicinal.

ENARSA

ENARSA cuenta con unidades de negocios distintos relacionados a la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, gasoductos y energías renovables (eólico). Las primeras evaluaciones contemplan que, dependiendo de su situación, debería ser concesionada, vendida o cerrada, siendo necesaria la separación de los mismos.

Fabricaciones Militares

La actividad central de la empresa está vinculada con la provisión de munición, chalecos y pólvora/explosivos. Trascendió que habría interesados en explotar las 4 plantas principales mediante la figura de un contrato asociativo, pero todavía no está definida la figura legal. La evaluación oficial es que los activos relacionados a otros negocios deberían ser vendidos o cerrados para asegurar la sostenibilidad de la empresa, entre ellos el Establecimiento Metalúrgico Capillitas y la Planta de explosivos de San José de Jáchal y la Planta Potabilizadora de Agua de Córdoba.

Las cesiones de empresas forman, asimismo, parte de la estrategia oficial. Así, se está negociando la transferencia de responsabilidades hoy a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio a la Provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán.

Fábrica Argentina de Aviones

En el caso de la Fábrica Argentina de Aviones se está negociando la cesión de las acciones del Ministerio de Defensa a la provincia de Córdoba. En el mismo sentido, se está tramitando la cesión de la concesión minera de Capillita (rodocrosita) a la provincia de Catamarca.

El objetivo de las autoridades nacionales es pasar estos activos a las provincias, pero con la intención no de que se hagan cargo los estados subnacionales, sino para que las gobernaciones faciliten la privatización.

Bancos

En materia de entidades financieras, las autoridades están decididas a vender las acciones que todavía tiene el Estado en el Banco Hipotecario y la intención oficial es también desprenderse del Banco de Inversión y Comercio Exterior. En cuanto al Banco de la Nación, el primer paso que se piensa es su transformación en sociedad anónima para luego intentar inyectarle capital privado inclusive abriendo su capital a la Bolsa.

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