El juez civil y comercial Ángel Moia dio por cerrado el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario -que se había iniciado en junio de 2018 después del despido de 80 trabajadores- y homologó el acuerdo el ingreso como nuevo operador del negocio del empresario Gustavo Scaglione a través de la firma Difutec SA. De ese modo, Ramiro Nieto sale del control societario, aunque se mantienen, con minoría de acciones, la familia Etchevehere.

Ahora, se inicia el peregrinar en la Jusicia de los 80 extrabajadores que nunca cobraron la indemnización de ley después de los despidos. El juez Moia hizo malabares a lo largo de todos estos años para evitar la quiebra de El Diario y sostener a flote una empresa periodìstico de la cual quedan cáscaras y un negocio inmobiliario, la parte del león. De ese modo, un mismo empresario tendrá en sus manos los dos diarios que subsisten en Paraná: diario Uno y El Diario.

Detrás de Difutec SA está Gustavo Scaglione, mandamás en «La Capital», de Rosario; y los diarios «Uno», de Santa Fe, y «Uno», de Entre Ríos.

Se trata ni más ni menos que definir el futuro de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma propietaria de «El Diario», otrora nave insignia de la familia Etchevehere, que tuvo un rol de envergadura en el universo de los medios de Entre Ríos, pero que ahora mismo es una cáscara que recubre una página web que se actualiza de vez en cuando con inteligencia artificial y muchas y valiosas propiedades.

«El Diario» ingresó en concurso de acreedores en 2018, año en el que produjo una poda feroz de su personal: echó a más de 80 empleados, entre periodistas, gráficos y administrativos sin pagarles las indemnizaciones de ley. Mientras, el juez de la causa, Ángel Moia, fue deshojando la margarita del intríngulis de negociaciones entre empresarios que en todo momento pujaron por quedarse con la parte del león.

El 3 de junio último se presentaron en el trámite judicial que timonea Moia los abogados Mariano Lino Churruarín  y Fausto L. Grippaldi, en carácter de apoderados de la señora Leonor María Magdalena Barbero Marcial -viuda del último Etchevehere que dirigió «El Diario»- a fin de «tomar intervención». Pero como Nea Capital Creativo, léase Ramiro Nieto, tiene más del 60% del capital accionaria de SAER, no hubo mucho por hacer para cambiar el rumbo de las cosas.Luis Félix  Zahorí Etchevehere murió el 6 de septiembre de 2009. Fue el último director de El Diario que llevó el apellido Etchevehere. Menos de un año después, el 25 de agosto de 2010, se produjo lo que muchos temían: la venta de la mayoría accionaria del tradicional matutino entrerriano a Nea Capital Creativo SA, que pasó a controlar el 66% de las acciones en Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la sociedad editora de El Diario.A la cabeza de ese nuevo grupo empresarial estaba el santafesino Walter Grenón, dueño de Red Mutual, que tomaría las riendas tambaleantes del negocio editorial sólo por dos años. En 2012 ingresa como cabeza del grupo Nea Capital Creativo el rosarino Ramiro Nieto que, en teoría, todavía mantiene en su poder el 66% de las acciones, en tanto que el resto está en poder de Leonor María Magdalena Barbero Marcial y sus hijos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere. 

La disputa no es, claro, por un medio de comunicación: hace rato que «El Diario» es una cáscara que esconde un negocio inmobiliario.

En 2024  Difutec SA solicitó “que se libre de forma inmediata mandamientos” para que la concursada “tome posesión efectiva” de propiedades que figuran en el acervo de la empresa, pero que no usufrutúa. La representante legal pretende resguardar así los intereses de la rescatista financiera en caso que finalmente se quede con las acciones del centenario matutino.

Los bienes ocultos son, entre otros, un campo en Mojones Norte, otro en Pueblo El Carmen, una finca rural en Alcaraz Primero

Difutec quiere asegurarse un negocio redondo: comprar un barco a pique que tiene activos inmobiliarios que superan tres veces y medio la totalidad de las deudas. A este planteo se le oponen Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, quienes dicen que esas haciendas son suyas como herencia de una distribución previa de utilidades. Los más de 80 despedidos de esta debacle observan, pasmados, este culebrón latinoamericano que transcurre en Tribunales.

“`El Diario` tiene más propiedades que el aloe vera”, describe con sorna un abogado de eterno bronceado en su rostro que mantiene ciertos intereses con SAER, la empresa editora del periódico decano de la capital entrerriana. La descripción sobre el estado de la cuestión de Sociedad Anónima Entre Ríos es ya un secreto a voces. La empresa sobrevive con una suerte de respirador artificial que prolonga el desenlace del concurso de acreedores, que inició en 2018 porque todavía no se logró resolver en manos de quiénes quedará su cuantioso patrimonio inmobiliario. Prueba de ellos son las disputas judiciales, dimes y diretes, que se han producido en los últimos días dentro del expediente que gana cuerpos en el coqueto despacho que habita en calle Santiago del Estero el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, Ángel Luis Moia.

Historia escrita

En junio de 2018, SAER, editora de “El Diario”, solicitó a la Justicia ingresar en concurso de acreedores. Lo hizo aduciendo insolvencia y luego de despedir sin indemnización y tres sueldos adeudados a más de 80 trabajadores de prensa, gráficos y administrativos. La decisión devino de un escenario de gestión enrarecido por el cambio de propietarios y los vaivenes de una línea editorial que terminaron por dinamitar el modelo de negocios.

Tras la muerte de Luis Félix Zahorí Etchevehere, en 2010, sus hermanos y socios –Arturo Roosevelt e Ivar Julio (Raucho)– vendieron sus tercios de la firma a NEA Capital Creativo SA, cuya cabeza visible fue el financista Walter Roberto Grenón. Este banquero hizo algunas transacciones poco claras con los herederos de Zahorí, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, que derivó en una denuncia por vaciamiento por el cual, supuestamente, se tenía como fin perjudicar a Dolores Etchevehere, hija de Luis Félix, quien apuntó contra su familia por dejarla fuera del reparto en la sucesión de su padre.

Grenón finalmente se esfumó y al frente de NEA Capital Creativo quedó el empresario de medios rosarino Ramiro Héctor Nieto, quien estuvo al frente al momento de los despidos. Con el concurso iniciado, Nieto intentó sumar al negocio a uno de los dueños del grupo de diario “El Litoral” de Santa Fe, Nahuel Caputto. Por un lapso hubo una cogestión a través del Estudio Jurídico Prono, con la idea que Caputto quedara en la SA, pero la intentona naufragó. Caputto cerró negocios por venta de papel e impresión de una tirada inexistente y se retiró, dejando sólo los servicios del bufete afín al Juzgado y a la administración de concurso.

Alimentado sólo por una generosa pauta oficial, SAER perduró en el tiempo. Sin levantar cabeza, achicó paulatinamente personal hasta llegar a una actualidad en la que no cuenta con redacción ni oficinas comerciales abiertas. Hoy, unos pocos empleados realizan labores home office, con un atraso salarial que llega a los seis meses a septiembre de 2024. En esta caída libre, Sociedad Anónima Entre Ríos nunca pudo cerrar acuerdos por las deudas laborales y con sus acreedores que le permitiera lograr un desenvolvimiento por sus propios medios. Llegó así a julio de 2021, cuando el magistrado abrió la puerta a una última posibilidad de “rescate” con un cram down power. Se trata de una opción de “compra de la quiebra”, a partir de una capitalización de un tercero, para evitar el remate de la firma. La única interesada que se registró para esta adquisición fue Difutec SA, liderada por Gustavo Santiago Scaglione, propietario de medios en la ciudad de Rosario.

Aloe vera

Así las cosas, desde hace tres años el expediente se encuentra con idas y vueltas redundantes que eluden concretar el mentado rescate o, en su defecto, tomar la decisión de iniciar el proceso de quiebra. Esta agonía no es inocua. La prolongación de los tiempos para una definición decanta en un beneficio concreto para concursados y rescatistas: estirar los márgenes para pagar sus compromisos les permite licuar las deudas por la depreciación de los montos incumplidos. Por el contrario, el estertor de la empresa termina por horadar psíquica y económicamente a los ex trabajadores que esperan su resarcimiento.

En los últimos movimientos del expediente trascendió que Difutec SA efectuó una presentación a Moia para que sean incorporados al inventario de bienes de SAER la totalidad de sus propiedades de modo que se estime correctamente su valor y así poder hacer una oferta concreta por el valor de sus acciones. Este pedido resulta de observar que en el millonario inventario de inmuebles registrados como parte de la sociedad anónima se encuentran algunos sobre los cuales no ejerce su tenencia y, al estar “ocultos”, son utilizados para el lucro particular de alguno de los actuales socios.

La abogada Florencia Granetto, en nombre de Difutec SA, señala que, a la hora de realizar la valuación oficial, el perito designado José María González, registra una serie de inmuebles sobre los cuales SAER no tiene potestad. Deduce así que la base con la cual se fijó el valor de las acciones de la firma se encuentra distorsionado, por lo cual pidió que, “de forma inmediata”, se libren mandamientos para que “el apoderado de la concursada” tome “posesión efectiva de los inmuebles” mencionados.

La representante legal del grupo rosarino plantea al juez Moia que “existen ciertos inmuebles en el acervo de la concursada” que “no se ha ordenado la toma de posesión”. Pone como ejemplos otros dos que sí se mandó incorporar luego que fueron descubiertos dentro del patrimonio. Son dos propiedades en Paraná de calle Santa Fe al 322 y al 366 que fueron localizadas en el inventario que realizó la Sindicatura del concurso. El detalle particular era que la SA no recibía ningún usufructo por los mismos y quien sí se beneficiada por sus utilidades eran integrantes por la minoría accionaria, o sea, los Etchevehere.

Granetto señala con esto que, si bien se encuentran incorporados a fines de realizar el informe de valuación realizado por González, si los mismos no se encuentran “consolidados” esto “podría ser un elemento distorsivo” para los intereses de Difutec SA. Para evitar pagar algo por lo que efectivamente el vendedor no posee, la letrada pide que “la concursada tome posesión efectiva” de una fracción de campo en Mojones Norte; un inmueble en Distrito Palmar, Pueblo El Carmen – Estación Racedo y otro inmueble Rural, sito en el departamento de La Paz, Distrito Alcaraz Primero.

Difutec no pretende otra cosa que asegurar su negocio. De acuerdo al informe del tasador oficial, SAER posee un patrimonio en inmuebles estimado en $1.641.920.091 (u$s 1,3 millones), mientras que los pasivos en todo concepto suman $483.460.839. Sin sumar los bienes intangibles y otras menudencias, la empresa multiplica por casi tres veces y medio lo que debe por productos, servicios y cargas de ley por despedir sin causa a los empleados.

Pero corrido traslado a las partes el 9 de septiembre pasado, los abogados Federigo G. y Joaquín G. Brunner, en representación de Leonor María Magdalena, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, manifestaron su oposición a la solicitud de Difutec. Señalan para esto que “la hoy concursada SAER, detenta sólo el carácter de titular registral de los inmuebles detallados más arriba, ya que se desprendió de los mismos en el año 2000, oportunidad en que se efectivizó la distribución de utilidades de la empresa. Es decir que Félix Luis Etchevehere adquirió por medio de distribución de utilidades los inmuebles que aquí en particular sus herederos se oponen a la solicitud de toma de posesión”.

Como prueba, Federico y Joaquín Brunner ofrecen copias de las asambleas de socios referidas, declaratoria de herederos de Luis Félix Etchevehere, la cesión de acciones de SAER de Dolores Etchevehere a su madre en 2010 y un acuerdo privado de compensación a cambio de 62.000 dólares en 2018, los pagos y moratorias de impuestos inmobiliarios provincial, planos de mensura y fotos donde se encuentra registrados carteles que dicen “Las Margaritas SA Propiedad Privada Prohibido su ingreso” en el frente de los inmuebles que figuran como de SAER.

Entre Ríos Ahora