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Causa hermanos Tórtul: Designaron abogados los gerentes de Enersa

Los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul acudieron a los servicios de letrados de Buenos Aires.

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Dos gerentes activos y un gerente jubilado de Energía Entre Ríos SA (Enersa) debieron designar abogados por estar implicados en la megacausa que investiga la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a partir de una denuncia formulada por la empresa Securitas SA contra exdirectivos de la firma, sobre quienes se sospecha que habrían pagado sobornos para conseguir contratos con distintos organismos públicos.

Alejandro Javier Cis, un antiguo jerárquico de Enersa que supo llevar adelante una de las firmas satélite que se conformaron alrededor de la distribuidora eléctrica luego de ser privatizada, a mediados de la década de 1990, y que ocupó la Gerencia de Logística desde 2002 aunque ahora está jubilado, designó abogados defensores a Pedro Fontanetto y Germán Palomeque.

A su vez, el gerente de Asuntos Jurídicos de la distribuidora eléctrica provincial, Marcelo Daniel Morales, y el gerente de Área  Generación e Innovación Tecnológica. Juan Carlos Pimentel, tiene como defensor a José Velázquez.

Mientrras, los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul acudieron a los servicios de letrados de Buenos Aires. El primero está representado por los abogados Alejandro Daniel Bisbal y Juan Feliz Marteau; y Marcelo tiene como defensores a Juan Ignacio Cacault y Mario Hernán Laporta.

Enersa fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual -si bien facturaba- no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, según publicó el diario La Nación.

La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.

Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.

La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

Entre organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia, hizo registros figuran:

Ministerio del Interior (Renaper),

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa),

Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000),

Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA),

Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados)

Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército)

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas)

Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos)

Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa)

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa)

Aeropuertos Argentinas 2000

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.

En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.

Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado “programa de integridad” de la firma.

“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.

Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.

“La ‘autodenuncia’ de la empresa refiere que los ‘pagos indebidos’ se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018, período que comprende los últimos tres años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros dos de la gestión de Mauricio Macri”, afirmaron fuentes judiciales

Si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022.

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Trabajadores se atrincheraron en la puerta del ministro Boleas y exigieron explicaciones por el recorte de las horas extras

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La decisión se tomó en el marco de la masiva Asamblea Interministerial que realizó ATE para protestar por el recorte en el pago de horas extras, la reducción de la planta de personal y la orden de dar de baja suplencias se decidió aguardar. Exigen reunirse con el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Aseguraron que esperaban ser atendidos por el funcionario. Tras que varios trabajadores comenzaron a irse, la manifestación finalizó.

Este miércoles, en una jornada fría y ventosa, trabajadores de diversos ministerios se concentraron en el patio de la Casa Gris para llevar a cabo una asamblea informativa. Con pancartas, volantes y el estruendo de latas y botellas, los estatales manifestaron su profundo malestar. La medida se enmarca en la masiva Asamblea Interministerial convocada por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) para protestar contra del recorte de las horas extra y las cesantías por parte del gobierno.

Antes del inicio de la asamblea, esta Agencia dialogó con los referentes de ATE presentes: Víctor Sartori, secretario de Organización, y Julio Luján, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo. Luján explicó que la reunión actual surge de una decisión tomada en la asamblea de la semana anterior y detalló que los ministerios que actualmente realizan retención de servicios son el Consejo General de Educación (CGE), Salud y Desarrollo.

Por su parte, Sartori enfatizó la importancia de las horas extras para los trabajadores. “Las horas extras se están transformando en parte del salario precarizado. No decimos que no se trabajan, ya que los compañeros están recargados de trabajo, pero decimos que este magro salario pasa a ser una cuestión importante de la que no se puede prescindir”, sostuvo.

El secretario de Organización también señaló que ATE ha presentado propuestas en varias reuniones paritarias desde la gestión anterior para regularizar esta situación de manera permanente, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien afirmó que solo al cuatro por ciento de los trabajadores públicos se les descontaría el 20 por ciento de las horas extras, Sartori respondió contundentemente: “El ministro contabiliza 90 mil sueldos que paga la Provincia, donde incluye docentes, policías, personal de salud, legislativo y judicial que cobran otro tipo de salarios. Acá están los compañeros que no tienen adicionales, por lo tanto, una parte de esas cuestiones las van paleando de esta forma, y es una cuenta que está direccionada a tergiversar la cuestión”. Además, calificó los recortes como arbitrarios.

A continuación, Luján alertó sobre posibles represalias: “Existen amenazas de despidos a compañeros. Planteamos que esto va a ser una pelea larga porque Frigerio nos eligió a los estatales como lo que viene a destruir la economía nacional y el mercado interno”.

Respecto a las 22 bajas recientes en el CGE, el Secretario de Organización aseguró que se están ejecutando mediante resoluciones que establecen el cese de suplencias a los trabajadores afectados.

“Che Frigerio”

Minutos antes de que comience la asamblea, los presentes corearon: “¡Che Frigerio, che Frigerio, no te lo decimos más, si nos cortan el salario qué quilombo se va a armar!”  y “unidad de los trabajadores” mientras realizaban palmas.

Al comenzar la reunión, Sartori manifestó: “Esta semana el gobernador aseguró que continuará con el ajuste y es lamentable”. El dirigente recordó el acto de diciembre en el que el gobernador enalteció el trabajo de los estatales y señaló que en este momento está haciendo todo lo contrario.

“Teniendo en cuenta que el ajuste empieza a desatarse por este tipo de cosas y es probable que no sea lo único, hay que sostener a los trabajadores que se pueden llegar a caer”, señaló el gremialista.

Por su parte, Sartori enfatizó la importancia de las horas extras para los trabajadores. “Las horas extras se están transformando en parte del salario precarizado. No decimos que no se trabajan, ya que los compañeros están recargados de trabajo, pero decimos que este magro salario pasa a ser una cuestión importante de la que no se puede prescindir”, sostuvo.

El secretario de Organización también señaló que ATE ha presentado propuestas en varias reuniones paritarias desde la gestión anterior para regularizar esta situación de manera permanente, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

A continuación, Luján tomó la palabra y expresó la necesidad de mantener las asambleas informativas de los miércoles, dada la existencia de recortes de suplencias y contratos. A su vez, señaló que “Frigerio decidió elegirnos como enemigos y hay que empezar a desenmascararlo”.

El secretario de Convenios Colectivos también criticó al mandatario provincial, afirmando que “manda a votar a todos sus legisladores las leyes que manda el psiquiátrico que tenemos como presidente” y agregó: “No se hacen cargo de la destrucción que le están generando a este país y seguramente los veamos juntos en las listas”.

Asimismo, el representante gremial sostuvo que “esto va mal y va a ir peor, no hay peor forma que sacarle plata a todos los trabajadores”. Recordó la crisis de 2001, cuando a los estatales les abonaron los sueldos adeudados tres meses después y con Federales, y advirtió: “Tenemos que estar preparados porque no podemos esperar 3 meses para reaccionar”.

Luján también rememoró la histórica movilización hacia el túnel que se realizó en 2001: “Primero los estatales, después los docentes y luego se sumaron los comerciantes y empresarios”. Finalmente, el representante de ATE instó a la reflexión: “Pensemos bien nuestras medidas”.

Después un presente grito “que se vuelva a Buenos Aires el ladrón” y los manifestantes ovacionaron.

A continuación, Sartori retomó la palabra: “El panorama es lo que más o menos estamos hablando, nos parece que debería sostenerse esta asamblea de los miércoles para encontrarnos y visibilizarnos y este tema empieza con el tema de las horas extra”.

Una de las voces más encendidas fue la de la delegada del Ministerio de Salud, Nadia Burgos, quien señaló: “Esto no es un problema presupuestario, es financiero. Siguen avanzando con recortes y ahora se vienen sobre los contratos temporales. Muchos compañeros se van a quedar sin trabajo”.

Burgos propuso avanzar hacia un plan de lucha conjunto. “Cada ministerio debe definir su accionar, pero necesitamos coordinación. Si no molestamos, esto va a seguir pasando”, sostuvo, y recordó que el propio Frigerio dijo que quería reducir en 5 mil los puestos estatales para fin de año.

Desde el CGE, una trabajadora fue contundente: “No somos zánganos ni vividores. Ellos llenan los bolsillos de los funcionarios y nos ajustan a nosotros. Los funcionarios son empleados del pueblo”.

Una trabajadora reclamó: “¡Basta de tibieza!”. Otra exigió: “Tenemos que pedir una asamblea con el Ministerio de Economía. Ya fue solicitada hace 15 días y no responden”. Uno de los presentes propuso visibilizar el conflicto en las calles, como en 2001. “Cuando queramos cobrar el aguinaldo o alimentar a nuestros hijos, van a mirar para otro lado”, advirtió. El comentario fue ovacionado.

Ante esta situación, los dirigentes de ATE propusieron votar entre dos acciones inmediatas: continuar con las asambleas o movilizarse al despacho del ministro. La moción de movilizarse fue aprobada por mayoría, y los presentes emprendieron una marcha improvisada hasta el despacho del ministro Boleas. 

La trinchera en espera a Boleas

Luego de la asamblea, los trabajadores decidieron dirigirse hacia el despacho del ministro de Hacienda. Se atrincheraron en el pasillo de acceso al despacho, donde se encontraron con personal de seguridad que inicialmente no les permitió ingresar. En ese momento, comenzaron a entonar “¡Nunca más recorte salarial!” mientras un representante del gremio hablaba ante los presentes: “No nos vamos a ir hasta que nos reciba Boleas”, dijo.

Tras una espera tensa, se habilitó el ingreso de delegados gremiales junto con representantes de cada ministerio. Mientras el grupo ingresaba, el resto continuó los cánticos: “¡Che Frigerio!” y “¡Frigerio, compadre, volvéte a Buenos Aires!”.

Cuando los delegados salieron del despacho, informaron que la reunión no sería con el ministro sino con su secretario. La reacción fue inmediata: Los presentes corearon con fuerza “¡Que dé la cara!” y luego “¡Frigerio, basura, vos sos la dictadura!”. Una trabajadora exclamó: “¡Que nos atiendan, cobardes!”.

La reunión fue breve. Un representante de ATE explicó: “Lo que nos transmitió el secretario del ministro es que en este momento estaba en otra reunión y que no podía dar una respuesta inmediata”. La respuesta generó más indignación: “¡Que dé la cara!”, seguían gritando en el pasillo.

El mismo delegado agregó que se exigió respuesta a una nota presentada hacía más de 15 días y que no iban a retirarse sin una definición concreta: “Nos vamos a quedar acá para tratar este tema”.

Durante la espera, se mantuvo la agitación en el pasillo. “Estamos acá para habilitar la lucha”, dijo una trabajadora. Los cantos continuaron: “Unidad de los trabajadores”, “Boleas tiene miedo” y “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”. Los manifestantes empapelaron las paredes del pasillo con consignas y carteles, mientras se escuchaba: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

En este espacio algunos trabajadores comentaron a esta Agencia que los despidos están ocurriendo de manera arbitraria en diferentes dependencias del Estado. “Simplemente te llega por mail una resolución sin expediente, sin firma, que te cesa ese mes. Cada uno tiene que fijarse si aparece en el listado”, detallaron. También trascendió que se prevé una reducción del 50% de los funcionarios.

Luján informó que el secretario general de ATE, Oscar Muntes, tendrá una reunión con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, para tratar el recorte de horas extra y sumar el tema de los despidos.

Hacia las 12:15, algunos trabajadores del CGE se retiraron por finalización de su retención de servicios. Sin embargo, la protesta continuó. “¿Dónde están los que decían que nos iban a escuchar?” y hasta letras adaptadas de cumbia como “Vos llevás la marca de la gorra” se sumaron al repertorio.

A las 12:40 no había respuesta oficial, y comenzó a hablarse de una posible retención general en todos los ministerios. “Gratis no se la llevan. Esto va mucho más allá de las horas extras o los contratos: todavía no lo terminamos de dimensionar. Hay un panorama que no es bueno”, dijo un trabajador.

“Hay que afrontar lo que viene —agregó otro—. Esperamos la respuesta a través de los canales oficiales. Es un derecho constitucional ser escuchados, y no tenemos la culpa del descalabro que están provocando en este país”.

Finalmente, ante la falta de respuestas concretas y el retiro de varios manifestantes, se dio por concluida la jornada de protesta cerca del mediodía. “Volvemos a insistir: queremos que el ministro dé la cara”, dijeron al desconcentrarse.

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