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Conmoción en Rosario: El empresario Whpei declaró como arrepentido en la causa del juez Bailaque

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El financista, que está en prisión domiciliaria por cobrarle 200 mil dólares a dos empresarios para el cierre de una causa por lavado, reconoció los delitos y abre la causa hacia más involucrados.

El empresario financiero rosarino Fernando Whpei se convirtió en arrepentido en la causa penal que implica por distintos delitos al exjuez federal Marcelo Bailaque, en la que él mismo está imputado y cumpliendo prisión domiciliaria. Esto significa que produjo una declaración en la que se reconoció como parte de los ilícitos investigados y aportó detalles para la continuidad de la pesquisa.

El acuerdo de colaboración en la que Whpei se reconoce como imputado colaborador supone la activación de nuevas medidas de prueba que pueden llevar eventualmente a generar nuevos involucrados en el trámite. El trámite se dio la semana pasada en Rosario, donde se formalizó un convenio con una declaración que fue reservada y ya homologada por un juez de garantías.

Whpei, un influyente empresario de vínculos con sectores encumbrados y transversales de la política rosarina, se le imputó haber realizado una extorsión contra los agentes de bolsa Claudio Iglesias y Jorge Oneto, en coordinación con el ex magistrado Bailaque y con el ex director regional de la ex AFIP Carlos Vaudagna. Este último había aceptado en marzo declarar como arrepentido.

La acusación sostiene que el rol de Whpei fue exigirles dinero a Iglesias y Oneto, a cambio de influir para librarlo del proceso judicial en su contra.

Al reconocer su participación en los hechos imputados como condición para ser arrepentido Whpei se asegura, merced al artículo 41 TER del Código Penal, un beneficio en la reducción de la escala penal cuando se le imponga condena. En el teléfono secuestrado a Vaudagna se verifican vínculos entre Whpei y el operador judicial santafesino Santiago Busaniche que ya son analizados en este trámite en la Justicia Federal de Rosario.

El juez, el fisco y las finanzas

El fiscal federal Juan Argibay Molina sostuvo en reiteradas audiencias que Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal a partir de una denuncia anónima en la AFIP que se radicó el 14 de agosto de 2019 en el juzgado federal 4 de Rosario. La denuncia, genérica y sin datos, indicaba que los acusados lavaban dinero del narcotráfico y tenían vínculos con Los Monos. 

El juez Bailaque ordenó pedidos para obtener información sobre Iglesias y Oneto. Whpei se conectó con Iglesias a través de un empresario amigo de éste para exigir dinero al denunciado. “Tenés un tema grave de gente que es anónima pero no tanto. Pero tenés una alternativa para que esto se solucione. Soy amigo personal del juez que tiene la causa”, dijo Iglesias que le señaló Whpei. Quien según el fiscal le exigió 200 mil dólares. Ante la intimidación, según reconoció Iglesias, accedieron a entregarle el dinero a Whpei.

Iglesias declaró que esas entregas se hicieron todas en la oficina de Fernando Whpei y en su domicilio particular. Luego de la entrega inicial de 40 mil dólares le pidió que aportara más dinero. En total, según el fiscal Whpei recibió 160 mil dólares.

La imputación contra Whpei fue por los delitos de extorsión y concusión. Al financista le atribuyeron una acción con cuatro ejes. El primero fue haber participado del armado de una causa penal contra los empresarios bursátiles Iglesias y Oneto. El segundo fue hacer saber a Iglesias de la ecausa penal en su contra para proponerle una solución. El tercer paso fue pedir dinero mientras avanzaba la investigación. El cuarto fue consumar el cierre de la investigación cuando se encontrara hecho el pago.

Esta causa fue impulsada junto a otras por los contenidos del celular de Vaudagna, una bomba en cuanto a evidencia de delitos en el ámbito de la política, de empresarios y del campo fiscal en las que intervienen en total nueve fiscales federales. Actúan funcionarios de las jurisdicciones de Rosario, Santa Fe y Reconquista. También los superiores de las fiscalías especializadas como la Procuración de Narcotráfico (Procunar), la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). 

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La Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert

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El juez federal Lino Mirabelli le envió un oficio a Martín Menem para que la Cámara habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes del legislador investigado por el cobro de 200.000 dólares. El diputado es investigado por recibir una transferencia del empresario Federico “Fred” Machado, que está preso para ser extraditado a los Estados Unidos, donde lo acusan de una serie de delitos que incluyen la conspiración para el narcotráfico.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli pidió hoy a la Cámara de Diputados que lo autorice a avanzar con medidas de prueba sobre el legislador José Luis Espert, protegido por la ley de fueros.

Mirabelli, por oficio, le solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes de Espert, informaron a La Nación fuentes oficiales.

El diputado está siendo investigado por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, que está preso para ser extraditado a los Estados Unidos, donde lo acusan de una serie de delitos que incluyen la conspiración para el narcotráfico, precisó Paz Rodríguez Niell, en La Nación.

Mirabelli dispuso esta medida a pedido del fiscal del caso, Fernando Domínguez, que ayer imputó a Espert por lavado de dinero en la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois. Domínguez busca además rastrear los movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas. Eso requiere el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El pedido judicial ya está en el despacho de Menem, confirmaron fuentes parlamentarias. Ahora debe resolver si lo somete inmediatamente a la consideración del cuerpo o si lo gira antes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El juez no puede avanzar con medidas de allanamiento, registro ni secuestro sobre Espert hasta que la Cámara de Diputados no lo autorice. Así lo establece la ley de fueros, que dice: “No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

En el marco de esta misma causa, Mirabelli ordenó este martes un allanamiento en la casa de Viedma en la que Machado cumplió arresto domiciliario hasta ayer, que la Policía Federal lo trasladó a un destacamento. Según fuentes oficiales, en ese allanamiento encontraron, en un tacho de basura, roto, una copia del contrato de un millón de dólares que Espert firmó con el empresario que ahora será extraditado.

En el acuerdo, Espert se comprometía a hacer trabajos de asesoría como economista para la firma Minas del Pueblo, una minera de Guatemala que pertenecía a Machado.

La transferencia en la mira

La transferencia de 200.000 dólares en favor de Espert está registrada en un libro contable que fue elaborado por el Bank of America y que está incorporado a la causa de Estados Unidos que investiga a Machado.

La documentación, que La Nación obtuvo de bases de datos oficiales de la justicia norteamericana, se presentó como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Coincide con la información que aportó Grabois cuando denunció a Espert en la justicia federal de San Isidro.

Según Espert, los 200.000 dólares los recibió por el acuerdo firmado con Machado para esta asesoría a Minas de Pueblo, pero el contrato contemplaba otros montos y formas de pago: preveía que se transfieran 100.000 dólares por mes, desde julio en adelante, durante 9 meses, más un pago inicial al momento de la firma del acuerdo, que se suscribió el 7 de junio de 2020.

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