En 2025, políticos, dirigentes y exfuncionarios deben rendir cuentas en causas pendientes que se sustancian en Entre Ríos. En este informe, se hace un repaso de los procesos abiertos que arrojarán novedades, quiénes están involucrados y por qué.
Causa Coimas: en febrero de 2024 comenzó la etapa de remisión a juicio. Debió concluir en diciembre pero los defensores lograron una nueva postergación. Las fechas que se fijaron en año pasado para la continuidad son 17; 18; 19; 20; 24; 25 y 26 de febrero de 2025. También se fijaron los días 27 y 31 de marzo de 2025. Según la investigación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el empresario Diego Armando Cardona Herrero, quien como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, se habría visto beneficiado con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos, a partir de “una estrecha relación de amistad” con el exmandatario provincial, Sergio Urribarri. Las coimas que se habrían pagado, según Fiscalía, son millonarias. Estas dádivas habrían beneficiado a Urribarri y su familia y también al grupo de funcionarios cuestionados.
Causa ATER. Investigó el cobro indebido a contribuyentes del Estado provincial para limpiar deudas. Está elevada a juicio desde 2021, sin novedades. Se investigó bajo las reglas del viejo Código Procesal Penal. Desde entonces, hay 31 personas imputadas que esperan el juicio. La mayoría son contribuyentes. Si bien está el núcleo de funcionarios de ATER, autores de las maniobras y los contadores (Julio) Smuckler, (Carlos) Sagasti y (Luis) Speroni, quienes fueron parte necesaria.
Causa de los contratos truchos. El pedido de remisión de la causa a juicio fue presentado el 31 de mayo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal ante la jueza Marina Barbagelata. Pero el trámite se vio demorado porque en medio surgió un pleito de competencia. Recién el año pasado la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Jdicial fijó fecha para la remisión a juicio en tres días que se desarrollarían en noviembre de 2024, una instancia imposible de llevar a cabo en ese breve lapso. Luego los operadores se rectificaron y fijaron fecha desde el 22 de abril de 2025, a las 9, de lunes a jueves y por el término de cuatro meses, hasta el 13 de septiembre de 2025, “abarcando jornada de horario vespertino”. Los imputados son Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Alejandro Rubén Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Jazmín Mena Gioveni, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Guido Daniel Krapp, Renato Jesús Mansilla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Héctor Gustavo Falco, Jorge Fabián Lazzaro, Nicolás Beber, Jorge Pablo Balladares, José Javier Schneider y Viviana Giselle Mena Gioveni.
çCausa por enriquecimiento ilícito de Sergio Urribarri. El legajo concluyó en octubre de 2023 y se pidió la elevación a juicio. La causa judicial comenzó tras la formalización de una denuncia periodística de ANÁLISIS, realizada en noviembre del 2015. A partir de ese momento, el MPF impulsó una investigación que cuenta con pruebas que entienden suficiente para llevar al exgobernador a un nuevo juicio oral por corrupción. Dentro de la evidencia recolectada se encuentra un informe pericial contable en donde se determinó que Urribarri no pudo justificar en la causa de enriquecimiento ilícito un total unos 9.077.031 dólares. Se esperan novedades sobre la fecha de remisión a juicio.
Juicio a Domingo Daniel Rossi por supuesto sobreprecio en cuadras de asfalto. El año pasado comenzó el debate oral para determinar la responsabilidad del intendente de Santa Elena, juzgado en el marco de una de sus gestiones al frente del municipio. A poco de iniciar el debate, la defensa de Rossi recusó al fiscal Álvaro Piérola y, además, lo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento que, en ese momento, encabezaba la esposa de Rossi como senadora, Patricia Díaz. El juicio quedó empantanado desde entonces y no se retomó.
En el Poder Judicial entrerriano hay otros procesos pendientes que involucran a políticos y sobre los que se esperan novedades. Aquí debajo se mencionan algunos:
-Causa por presunto enriquecimiento ilícito del intendente de Santa Elena, exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi (ya tiene una condena por enriquecimiento) y su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz.
-Causa por supuesto enriquecimiento ilícito del contador concordiense y expresidente de Sidecreer, Nelio Calza.
-Causa por presunto enriquecimiento ilícito del extitular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Martín Fernández.
-Causa por presunto enriquecimiento ilícito del expresidente de Sidecreer Juan José Canosa. Tiene una condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
-Causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez.
-“Causa Allende” por presunto enriquecimiento ilícito del sindicalista y exdiputado, José Ángel Allende y su grupo familiar. El año pasado, Análisis dio a conocer el resultado de la pericia contable de Héctor Eduardo Enrique, designado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, quien determinó que el exdiputado provincial del PJ-Nogoyá no pudo justificar algo más de 2 millones de dólares en el expediente que tramita desde 2012. Tampoco pudieron explicar movimientos económicos su actual mujer, su exesposa y sus hijos.
-Causa de las “cosechadoras truchas”. Hace años se libraron pedidos para localizar a los empresarios Sennor que cobraron adelantos del Gobierno para instalar una fábrica en Concepción del Uruguay y desaparecieron. Nunca los encontraron y la causa quedó parada.
La Municipalidad de Concordia anunció con entusiasmo una histórica reducción de tasas, prometiendo alivio para los contribuyentes. Sin embargo, al analizar la reforma con detenimiento, se revela una realidad distinta: plasma un incremento cercano al 140% en torno a los valores de la Tasa Sanitaria y la Tasa Inmobiliaria y genera un aumento del 0,3% en la Tasa Comercial para muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Por Roque Guillermo Benedetto Contador Público / Abogado
¿Alivio o aumento disfrazado?
La Municipalidad de Concordia anunció con entusiasmo una simplificación tributaria, eliminación de casi 300 tasas y el compromiso de no aumentar y reducir gradualmente la carga tributaria prometiendo alivio para los contribuyentes y apoyo para los sectores productivos de la ciudad, pero, en la práctica, los contribuyentes enfrentarán boletas mucho más altas que el año pasado y va a afectar a aquellos que sostienen la economía local con su esfuerzo diario.
Desde la Municipalidad aseguran que la reestructuración busca mejorar la recaudación sin afectar a la población, ampliando la base de contribuyentes a través de diversas tareas de fiscalización. Sin embargo, con una inflación anual del del 117,8%, un aumento promedio cercano al 140%, significa que los vecinos y comerciantes pagarán por encima de lo esperable, empeorando su situación económica.
Dichos aumentos, luego de ser aprobados, fueron informados a la comunidad a través de una gacetilla de prensa del Honorable Concejo Deliberante que se publicó en diferentes medios de prensa, locales y provinciales.
La falta de criterio en la aplicación del índice de inflación
Un aspecto que ha generado gran malestar es la inconsistencia en la aplicación del índice de inflación que rutinariamente emite el INDEC, pues la Municipalidad aplicó ajustes diferenciados e inequitativos según su conveniencia fiscal.
• Los tributos que generan mayor recaudación municipal, como la Tasa Inmobiliaria y Sanitaria, aumentan por encima de la inflación, afectando a los vecinos. Los posibles mayores costos que pueden señalar diferentes funcionarios municipales pone en el tapete, la marcada desconexión e incongruencia entre Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y los fuertes aumentos de precios, principalmente en el sector servicios y en los alquileres que sufren los consumidores, tal como lo señalan algunos economistas y gremios.- Diario Perfil: https://www.perfil.com/noticias/economia/polemica-por-la-inflacion-con-la-canasta-actualizada-hubieran-perdido-los-salarios.phtml
• Los beneficios para los contribuyentes, como ciertas escalas impositivas que determinan la alícuota con la que se debe tributar la Tasa Comercial, fueron actualizadas muy por debajo del índice inflacionario.
Esta disparidad deja en evidencia una estrategia de recaudación que afecta directamente a los vecinos y comerciantes, en un contexto de crisis.
Tasa inmobiliaria y tasa sanitaria con aumentos por encima de la tasa de inflación: un impacto directo en los contribuyentes
De la comparación de las boletas de las Tasas Inmobiliaria y Sanitaria recientemente emitidas y próximas a vencer, se visualiza un aumento cercano al 140%, superando la inflación del 117,8% de 2.024, los aumentos de salarios y jubilaciones y los aumentos de rentabilidad empresaria por idéntico período.
Incremento en los valores mínimos de la Tasa InmobiliariaIncremento en los valores mínimos de la Tasa Sanitaria sobre inmuebles edificados
El incremento de aproximadamente un 22% por encima de la inflación, afecta directamente el costo de vida de los concordienses y genera incertidumbre en un contexto donde los servicios esenciales deberían ser accesibles.
La actualización que no fue y como la tasa comercial subió para una importante franja de contribuyentes
En un breve análisis, haré un comparativo de cómo deberían haberse actualizado los parámetros para tributar alícuotas diferenciales, partiendo de las escalas del año 2024, y cómo deberían haberse actualizado para el año 2025.
Llamativamente y con fines estrictamente recaudatorios, se dejó de lado la escala que se venía utilizando en años anteriores y se la reemplazó de manera arbitraria por una escala altamente distorsiva, que perjudica largamente a las pymes locales.
Con las nuevas escalas y con la falta de una actualización que respete a la inflación, los empresarios locales cuya facturación esté comprendida entre $ 150.000.001 y $ 2.736.984.136, pasarán a tributar un 0,3% adicional, afectando significativamente sus márgenes de rentabilidad.
Impacto en la economía local
El empresariado local, que es una fuente clave de empleo en Concordia, sufrirá las consecuencias de este ajuste. Muchas pequeñas y medianas empresas consideran que esta suba de impuestos desalienta la inversión y dificulta la competencia. Con costos en aumento y menor consumo, el riesgo de cierres y despidos es una posibilidad preocupante.
Por otro lado, los propietarios de inmuebles también enfrentarán dificultades, ya que el incremento en la Tasa Inmobiliaria podría trasladarse a los inquilinos o aumentar la carga económica sobre quienes poseen viviendas y terrenos.
El equilibrio entre la recaudación fiscal y el desarrollo económico es crucial para garantizar una Concordia próspera y con oportunidades
Falta de publicación en el digesto electrónico de normas claves
Llama poderosísimamente la atención, de un hecho que como profesional tributario no ocurría desde hace varios años: la falta de publicación de normativas tributarias citadas en la Ordenanza Tributaria del 2025 y en las boletas de pago de la Tasa Sanitaria y que, sin dudas, hubieran servido para comprender un poco más estos aumento e impiden que los ciudadanos puedan acceder a la información de manera clara y directa.
Cito a modo de ejemplo, la Ordenanza nº35.932 y el Decreto 125/2025, pudiendo los lectores constatar esta omisión, ingresando al link https://www.concordia.gob.ar/digesto.
Esta omisión genera incertidumbre y dificulta el control ciudadano sobre las decisiones impositivas del municipio.
Modernizar el sistema tributario para hacerlo más justo y eficiente
Es comprensible que el municipio busque fortalecer sus ingresos para garantizar el funcionamiento de los servicios y obras esenciales. Sin embargo, en un contexto de dificultades económicas, es fundamental que las decisiones tributarias sean equilibradas y sostenibles, evitando que una mayor carga impositiva se convierta en un obstáculo para el desarrollo productivo y el bienestar de los vecinos.
Ante este desafío, la modernización del sistema tributario se presenta como una oportunidad ineludible para avanzar hacia un esquema más justo y eficiente, pues no se trata simplemente de una cuestión de recaudación, sino de establecer un modelo que promueva la equidad, la previsibilidad y el crecimiento, sentando bases sólidas para el futuro de nuestra querida ciudad.
Este proceso que no será nada fácil, requiere un esfuerzo conjunto y una mirada estratégica que abarque las necesidades de todos los sectores. La participación activa de las fuerzas vivas de nuestra ciudad será clave en este proceso, el cual debe ser liderado por el Presidente Municipal, quien ha demostrado su madurez y valentía política para marcar el camino correcto, correspondiendo a sus funcionarios, altamente capacitados y técnicamente formados, el diseño e implementación de soluciones innovadoras que equilibren la necesidad de financiamiento con el incentivo al crecimiento económico y la equidad tributaria.
Del mismo modo, el Honorable Concejo Deliberante tiene la trascendental tarea de enriquecer este proceso con su pluralidad de voces y perspectivas. A través del diálogo democrático y el análisis responsable, sus integrantes tienen la posibilidad de construir consensos que permitan alcanzar soluciones equilibradas y beneficiosas para toda la comunidad, pues la diversidad de ideas, lejos de ser una barrera, es una fortaleza que permitirá arribar a un esquema tributario moderno, justo y acorde a las necesidades actuales.
Juntos, con diálogo, compromiso y responsabilidad institucional, podemos transformar este desafío en una oportunidad para consolidar un municipio más dinámico, inclusivo y sostenible, donde el esfuerzo de cada vecino sea valorado y donde el desarrollo no sea una promesa, sino una realidad en construcción.
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