La defensa de Luis Erbes, ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia, planteó la exclusión de la evidencia digital y sus derivados que se obtuvo en el contexto de la investigación por supuesto Enriquecimiento ilícito que se endilga a Sergio Urribari y Diego Armando Cardona Herreros, para armar “la estructura” de la causa por el pago de presuntas coimas a ex funcionarios para favorecer en una licitación a la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad de Cardona Herreros.

La defensa de Luis Erbes, que es asistido por Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo, comenzó los alegatos de la instancia de oposición a la evidencia que Fiscalía, representada por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incorporó el miércoles 19 instando la remisión a juicio de la Causa Coimas, Relevamientos Catastrales o La Causa del Paraguayo, en referencia al nombre de la empresa y la nacionalidad del empresario presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, Diego Cardona Herreros.

Los hechos

Al ex gobernador, Sergio Urribarri, se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.

Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, que estaba al frente de la cartera de Trabajo.

Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.

Se trata de la continuidad de la Causa Coimas, Relevamientos Catastrales o La Causa del Pareaguayo, en referencia al nombre de la empresa y la nacionalidad del empresario presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, Diego Cardona Herreros.

Azziani Cánepa y Bacigalupo plantearon la exclusión de la evidencia digital que se obtuvo en los allanamientos que se realizaron en Buenos Aires en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales y el domicilio de Cardona Herreros, ocurridos el 28 y 29 de junio de 2018 y constituyó, según resaltaron los defensores “entre el 80 y 90%” de la evidencia de un legajo que antes de esas medidas, era “·muy pobre”.

Los defensores desarrollaron que la incorporación en este expediente de aquella evidencia obtenida en otro legajo de investigación fue en contra de los protocolos de actuación vigentes en materia de recolección y preservación de evidencia digital. Añadieron que la extrapolación de evidencia que se obtuvo en un legajo distinto al que se está abordando se realizó sin autorización judicial ni notificación a las defensas.

En aquella línea, los defensores plantearon que hubo un “agujero negro” -en referencia a un período comprendido entre los allanamientos, en junio de 2018, y el llamado a indagatoria de Erbes, en 2019-, durante el que, según sostuvieron, su asistido fue investigado a “sus espaldas” vulnerándose el derecho constitucional de defensa y de debido proceso, causando una gravamen irreparable por la imposibilidad de reproducir la actividad investigativa irregular que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF).

También sostuvieron que aquel “agujero negro” consistió en un “impasse de varios meses” en los que, de acuerdo a lo que expresaron, Fiscalía se dedicó a “pescar evidencia para armar el armazón” de la acusación.

APF