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Provinciales

Diputadas y diputados justicialistas piden informes sobre el cumplimiento de la Ley de Economía Social

Requieren conocer el monto recibido por el Ministerio de Desarrollo Humano en concepto de utilidades del IAFAS destinados a la Economía Social.

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El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo provincial sobre el cumplimiento de disposiciones previstas en la La Ley de Economía Social N° 10.151 sancionada en 2012, que creó el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia.

La iniciativa que toma estado parlamentario este miércoles requiere conocer el monto recibido por el Ministerio de Desarrollo Humano en concepto de utilidades del IAFAS destinados a la Economía Social, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con detalle de ejecución y programas previstos en el Presupuesto 2024.

También el detalle de las compras y/o contrataciones realizadas en las distintas reparticiones para la provisión de bienes y servicios priorizando a los inscriptos en el “Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Entre Ríos”, y si en 2024 se aprobó el Programa de Financiamiento a Cooperativas y/o Grupos Asociativos, con detalle del nivel de ejecución y planificación anual.

Igualmente se reclama saber si en 2024 se aprobaron los programas Formar para Emprender, Manos Entrerrianas, Rondas de Negocio, Cuidadores de la Casa Común, Impulso Cooperativo, Programa de Microcréditos con detalles de su previsión presupuestaria, alcance, nivel de ejecución y planificación anual. Asimismo se solicita conocer, en el caso de no haber sido aprobados para este año, los motivos de su discontinuidad.

El bloque opositor requiere también que se informe sobre las acciones desarrolladas en materia de políticas de economía social “atendiendo al empeoramiento de las condiciones sociales y económicas y al aumento de desempleo que reflejan las mediciones oficiales y las de las instituciones académicas”, detallando las transferencias del Estado Nacional -si existieran- destinadas a esas políticas.

En la iniciativa, que tendrá ingreso en la sesión de este miércoles, se señala que la sanción de la Ley de Economía Social N° 10.151 permitió “la aplicación de políticas públicas orientadas a promover una economía basada en las personas y en valores de igualdad, justicia e inclusión. Fue una de las leyes pioneras en el país que permitió un vasto desarrollo de la Economía Social en todo el territorio entrerriano”.

“Allí donde el mercado desintegra, las políticas de economía social integran a través del trabajo, el cuidado de las personas y el ambiente. Allí donde el mercado es ineficaz para prestar servicios, sostener demanda de productos o cubrir necesidades, los actores de economía social y las comunidades trabajan diariamente para dar respuestas que permitan alcanzar una vida digna. Siendo el Estado el garante de estos derechos y las estrategias de economía solidaria las que prevalecen en dichas instancias, es que se formula el presente pedido de informes a fin de conocer la ejecución de las políticas previstas en la normativa vigente”, señala el texto.

En el mismo sentido el bloque presentó un Proyecto de Resolución instando al Ejecutivo Provincial a que instrumente las acciones necesarias para cumplimentar la ley Nº 10.151 y para que formalice la integración y funcionamiento del Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria en Entre Ríos; además de expresar la disconformidad con la ejecución actual del Fondo de Financiamiento para la Promoción de la Economía Social y Solidaria.

Situación del INTI

También se presentó un Proyecto de Resolución instando al Ejecutivo provincial a gestionar ante la Nación la continuidad del funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en sus unidades de extensión de Paraná, Gualeguaychú y Concordia. “Su cierre traería como consecuencia una gran pérdida para el desarrollo sustentable de la provincia en materia de innovación, desarrollo tecnológico, formación y certificación de personas, procesos y productos”, señala la iniciativa, que también manifiesta la preocupación ante la intención de la gestión del Presidente Javier Milei de disolver este organismo.

Es un instituto Federal compuesto por 52 Centros de Investigación y Desarrollo (la mayoría en Buenos Aires) y 25 Unidades de Extensión ( que vinculan al entramado socio-productivo regional con toda la oferta tecnológica del INTI). Es además el Instituto Nacional de Metrología, referente internacional en la materia y un actor clave en el ámbito científico, legal e industrial.

La provincia de Entre Ríos cuenta con tres sedes: Paraná, Concordia y Gualeguaychú. El INTI colabora en el desarrollo del área turística, en la economía social, las pymes, los parques industriales de nuestra provincia.

El Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el ex ejecutivo de Toyota Daniel Afione, anunció que entre los meses de junio y julio prevé avanzar en el despido del 30% de los trabajadores del organismo, y el cierre de 25 Unidades de Extensión, que se encuentran a lo largo y ancho del país, entre las que se encuentran en Entre Ríos: Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

Ninguna de las extensiones que pretenden cerrar en Entre Ríos comprende erogación de gasto para el estado nacional en alquileres ya que ocupan espacios cedidos por municipios o la provincia y el recurso humano de las extensiones es de once personas. Dentro del personal que se intenta desvincular se encuentran licenciados industriales, en trabajo social, en administración de empresas, en turismo, en sociología, ingenieros y bioingenieros, se indica en el proyecto.

Provinciales

Causa coimas: La Justicia admitió las excusaciones de dos jueces

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La Justicia hizo lugar a las excusaciones de dos magistrados para integrar el tribunal que juzgará por segunda vez al exgobernador Sergio Urribarri, al empresario Diego Armando Cardona Herreros y otros exfuncionarios del urribarrismo en la megacausa de las Coimas. Se trata de los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Matilde Federik y Gervasio Labriola.

Labriola arguyó que intervino en otra causa del exgobernador, la investigación por enriquecimiento ilícito, y “en los incidentes por los cuales tramitan las medidas cautelares patrimoniales”  y aseguró que “no podría intervenir al mismo tiempo como juez del tribunal que tiene a su cargo juzgar los hechos atribuidos en la presente causa por un lado, y por otro lado continuar actuando como vocal de apelación en el marco de la causa N° 26585 donde aún no se ha sustanciado la etapa intermedia, porque no es aventurado considerar que podría presentarse la situación -muy particular por cierto- de tener que resolver -en grado de apelación- planteos vinculados con la legalidad o admisibilidad de las evidencias colectadas en el marco de dicha investigación, muchas de las cuales son idénticas a las que ya han sido admitidas para ser producidas en el juicio a llevarse a cabo en el marco de la presente causa”.

En tanto, Federik puso como motivación para su apartamiento como jueza el haber intervenido como fiscal de Coordinación en la causa Coimas. Al respecto, planteó que “de la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa”.

El otro argumento que expuso es que “existe otra causal objetiva que impide su intervención, y se vincula con que su padre el abogado Julio Federik ejerce la defensa técnica del imputado Humberto Flores” por lo que concluyó que ambas circunstancias impiden su desempeño en la presente causa, y vuelven innecesario un trámite de excusación como el que se le ha obligado a imprimir.

El tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno hizo lugar a las excusaciones de ambos magistrados.

A mediados de septiembre último, de momento es incierto cuándo se iniciará el segundo juicio oral que sentará en el banquillo al exgobernador Sergio Daniel Urribarri en la megacausa de las Coimas en la que tiene un pedido de condena de 10 años de cárcel, investigación en la que está involucrado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA y un lote de exfuncionarios del Ejecutivo, de los cuales uno, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, logró zafar mediante juicio abreviado en el que aceptó haber cobrado sobornos.

El 1º de agosto el juez de Garantías Julián Vergara envió la causa a juicio, y lo que siguió fue la conformación del tribunal colegiado que sentará en el banquillo, por segunda vez, al exgobernador Urribarri, que ya fue  condenado a 8 años de prisión en el megajuicio. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), un organismo administrativo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), separó, motu proprio, a magistrados que consideró debían inhibirse por haber intervenido en el caso con anterioridad y dispuso que en el estrado deberían estar Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay.

Cánepa se excusó por cuanto fue el fiscal de la causa; también lo hizo Chaia, por entender que la OGA había seguido un camino de exclusión de magistrados «naturales» sin fundamento, tal cual dio cuenta Entre Ríos Ahora.

La seguidilla de apartamientos y exclusiones había planteado un panorama peculiar: ocho de los nueve integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná no podrían intervenir en el juicio por la megacausa Coimas. Esa había sido la decisión de la OGA.

El primer magistrado que quedó afuera de una eventual integración del tribunal es el vocal Santiago Brugo, por cuanto resolvió las apelaciones a las resoluciones que en la megacausa de las Coimas firmó el juez Vergara. También se excluyeron a sus colegas Mauricio Marcelo Mayer Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes intervinieron, respectivamente, como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación.

También se excluyó a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes resolvieron, el 10 de mayo de 2024, el planteo recusatorio en relación a la intervención de su colega Brugo.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial resolvió entonces que el tribunal quedaría conformado de la siguiente manera:  Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Pero esa integración no pudo ser. Chaia se bajó.

Entonces, se dispuso que el tribunal para juzgar a Urribarri en la megacausa Coimas quedará conformado por Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto).

Otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. La jueza Federik se inhibió. La magistrada arguyó que “existe un impedimento legal para intervenir como magistrada en la presente causa, en tanto tal como se señala, intervine anteriormente como parte (…) -Fiscal Coordinadora-, participando en una audiencia y suscribiendo un recurso de queja.  De la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa. No se trata de una cuestión sujeta a apreciación -como ocurre con la intervención en instancias previas de la magistratura- por lo que entiendo que debí ser desinsaculada inmediatamente por el organismo administrativo”.

También los fiscales de la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, habían reprochado la decisión de la OGA de sacar y poner jueces  motu proprio. En un escrito, señalaron que “se sigue un camino completamente inverso al que corresponde, asumiendo que los potenciales jueces que han sido excluidos, se encuentran impedidos de actuar para lo cual se relevan anteriores intervenciones que en modo alguno representan un obstáculo para componer el tribunal de juicio o se aduce de manera genérica, sin brindar precisiones al respecto, que el magistrado ha actuado como fiscal. En efecto, cuando decimos que se ha tomado un camino contrario sostenemos que debió integrarse el tribunal desinsaculando a los magistrados Santiago Brugo, Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, por surgir de las circunstancias de la causa que han intervenido como juez de apelación, juez de juicio abreviado y fiscal de coordinación, respectivamente, y realizar el correspondiente sorteo con el resto de los potenciales vocales para proceder con la pertinente integración. Una vez conformado el tribunal con aquellos jueces que no han tomado contacto con la prueba admitida, habilitar la respectiva instancia de excusación para que los magistrados seleccionados – en caso de entenderlo así – expongan los motivos por los que consideran que se encuentran impedidos de intervenir”.

La subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), María Belén López Vargas, dio a conocer el martes 2 de septiembre una resolución en la que dice: “Atento al estado de las presentes actuaciones, la excusación formuladapor la  vocal N°2  Matilde Federik, y la excusación oportunamente efectuadapor el vocal N° 3 Alejandro Cánepa; corresponde integrar el Tribunal de Juiciopara resolver la incidencia con el vocal N°6  Alejandro Diego Grippo. Ello, conformelo previsto en el Punto II.5.b) del Reglamento para las Oficinas de Gestión de Audiencias de la provincia de Entre Ríos; quedando conformado en el siguiente orden: Gervasio Labriola -primer voto-,  Alejandro Grippo -segundo voto-, y  Carolina Castagno -tercer voto-“.

Pero otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. Labriola se excusó de intervenir.

Este miércoles volvió a rearmarse el tribunal de la megacausa de las coimas y quedó integrada por Rafael Martín Cotorruelo, María Carolina Castagno, y Alejandro Diego Grippo.

Pero puede que no sea la integración definitiva, y así, entonces, el inicio del juicio en la megacausa de las Coimas seguirá en la indefinición.

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