Se trata de 60 Centros Educativos distribuidos en Concordia, Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Villaguay, Islas del Ibicuy, Victoria y Colón. Se señaló que quedan comprometidos la continuidad pedagógica de los estudiantes y la estabilidad docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional.

Diputados del bloque Justicialista de la Cámara Baja provincial presentaron este martes un proyecto de declaración en el que se instó al Cuerpo a adherir a la “profunda preocupación ante el inminente cierre de 60 Centros Educativos en diversos departamentos de la Provincia de Entre Ríos, lo cual representa una medida regresiva en términos de derechos y de acceso a la educación para sectores vulnerables”. El pedido incluyó “la inmediata intervención del Consejo General de Educación (CGE), arbitrando las medidas necesarias para preservar la continuidad de las instituciones educativas esenciales”.

La autora del proyecto, la diputada Silvina Decco, precisó en los fundamentos que los Departamentos “se ven severamente afectados” son Concordia, con 15 cierres; Paraná, con nueve; La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay y Federal,  con cuatro cada departamento; Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay y Nogoyá, con tres cada uno; Villaguay e Islas del Ibicuy, con dos cada uno; y Victoria y Colón con un establecimiento cada uno.

En el proyecto, la autora precisó que “desde el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos en concordancia con la Circular 08/25 DEJA ha propuesto a partir del 30 de junio del corriente año, el cese de los cargos del Centro Educativo 86 – CUE 3003058/03 – PLAZA 649752; Centro Comunitario 27 – CUE 3003058 – PLAZA 262440; y Centro Comunitario 27 – CUE 3003058 – PLAZA 262443”.

Sostuvo que “con esta medida se estaría afectando el principio de estabilidad docente conforme al estatuto docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional. Asimismo, la continuidad pedagógica de los alumnos a mitad de ciclo lectivo. Tal como expresa la ley provincial de educación de Entre Ríos N° 9890 que regula la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, resulta indispensable garantizar la modalidad presencial del sistema educativo para adolescentes, jóvenes y adultos que no hayan completado la escolaridad obligatoria en edad establecida reglamentariamente, comprendiendo programas de alfabetización, primaria, secundaria, formación profesional, educación laboral y no formal”.

Abandono

La legisladora sostuvo que de prosperar la medida “este recorte no solo limita el acceso a la alfabetización y la continuidad educativa, sino que vulnera derechos básicos, profundiza desigualdades y pone en riesgo la inclusión social de quienes más necesitan de la presencia del Estado”. Añadió que “cerrar estos centros implica abandonar a cientos de jóvenes y adultos que buscan, a través de la educación, mejores condiciones de vida y una participación plena en la sociedad”.

Decco manifestó que “necesariamente, se debe comprender a la educación de jóvenes y adultos como un proceso entre adultos, respetando sus particularidades biológicas, psicológicas y sociales. Los estudiantes requieren propuestas flexibles, significativas y contextualizadas, tanto en contenidos como en metodologías, para una verdadera inclusión educativa. Esta perspectiva exige una organización institucional y curricular acorde, participativa y abierta, que atienda a las realidades diversas de la población”.

La legisladora expresó que “!a nivel provincial se presenta una ‘situación alarmante’ que involucra a la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a los trabajadores docentes que forman parte de los establecimientos educativos, las familias y los estudiantes que asisten a los centros. De manera que, el cierre de 60 Centros Educativos de Primaria para Jóvenes y Adultos en la provincia de Entre Ríos, distribuidos prácticamente en la mayoría de los territorios entrerrianos, representa un golpe directo al derecho a la educación de las personas más vulnerables”.

APF