La presidenta del bloque de diputados Más Para Entre Ríos afirmó este martes, durante la sesión especial en la que se trató el proyecto de nuevo Código Electoral de Entre Ríos, que el justicialismo no está “en contra de los avances, sino que queremos debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera. Queremos una provincia que avance, pero cuidando lo que hemos logrado”, al referirse a la decisión de su bloque de no acompañar el dictamen de comisión del oficialismo, y sostener un dictamen propio, que también contempla la implementación de la Boleta Única de Papel.

Stratta destacó: “Nuestra provincia tiene una tradición democrática que jamás ha sido puesta en tela de juicio, aun en elecciones con resultados reñidos. Y ese es un capital que para nosotros es la base del debate que dimos, del dictamen de minoría que construimos”. Igualmente remarcó que la iniciativa es prioridad del gobierno provincial, pero no forma parte de la agenda de los ciudadanos”.

En ese sentido puso de relieve el escaso margen de tiempo que el oficialismo otorgó al debate, y comparó: “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene. Pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en el 2027 llama la atención”, indicó.

“El gobierno provincial tiene un particular interés por mirar y emular lo que hacen sus vecinos de la Región Centro”, dijo la legisladora y -en ese sentido- señaló que para llevar adelante su reforma electoral, la provincia de Córdoba conformó una comisión especial para tratar del proyecto enviado por el Gobernador (que tenía un dictamen que previamente habían elaborado 9 expertos universitarios). Esa Comisión se reunió 14 veces en 6 meses y en la misma se inscribieron para participar más de cincuenta (50) oradores, entre los que se contaban dirigentes partidarios, asociaciones gremiales y sectoriales, asesores letrados, profesores y autoridades universitarias, autoridades del Colegio de Abogados, ciudadanos independientes, legisladores y asesores, funcionarios y magistrados judiciales, autoridades municipales y centros de estudio e investigación. También señaló que en la provincia de Santa Fe la discusión legislativa que llevó a la implementación de la BUP llevó más de 20 meses.
Stratta afirmó: “Traigo a colación estos casos porque aquí en tres meses quieren sacar una media sanción y sostienen que fue mucho el tiempo de debate y análisis. No me gusta cuantificar, pero quedamos cortos en relación a nuestros socios de la región centro”. Y agregó: “No somos una escribanía del Poder Ejecutivo a los que tenemos que decir siempre que si y aceptar los ritmos y tiempos que nos imponen”, añadió.

Igualmente remarcó que hay “muchos actores de la vida electoral que no fueron convocados para emitir opinión en los temas que le competen, como las Juntas Electorales Municipales y los Presidentes Municipales”, resaltando que “los aportes que se adjuntaron al expediente en tratamiento por parte de agrupaciones políticas y especialistas, no se analizaron en comisión. Incluso, nunca se aclaró por que se tomaban determinados aportes y no otros”.

La presidenta del bloque opositor insistió en que “el cambio de un sistema electoral no constituye una cuestión menor que pueda compararse con el tratamiento de otras leyes, sino que se trata de un proceso político que requiere tanto de un debate público abierto, como de un cuidadoso proceso de construcción de consensos y de una evaluación integral de las opciones disponibles”.

Por eso, remarcó: “No queremos el título, queremos lo mejor para nuestra democracia. Es demasiado importante como para que relativicemos el debate, para que nos cerremos en nuestras propias ideas. Queremos una ley que sea legitimada por el debate de ideas y por el aporte de todos”.

Stratta recordó que el oficialismo nunca respondió formalmente sobre las recomendaciones y propuestas de modificaciones. Y apuntó: “El dictamen del oficialismo, con el que sabríamos qué sugerencias y qué aportes se habían tomado, apareció recién el martes 19 pasadas las 22 y debía ser firmado antes de las 11 del día siguiente; es decir, que teníamos 13 horas para leer más de 250 artículos. De verdad creen que esto es ser plural, serio y transparente”.

Luego indicó: “Dicen que esta ley es un avance, que moderniza. Pero lo cierto es que el único avance claro y significativo es la implementación de la boleta única, aunque su diseño también nos hace ruido”. La legisladora consideró que el proyecto del oficialismo “retrocede en la posibilidad de los pegados o adhesiones, ya que le permite al gobernador el pagado múltiple, no así para los intendentes. Y no solo es injusto, sino que se entromete en lo que cada fuerza política debería definir”, precisó.

También consideró que es un proyecto de ley que “retrocede en la previsibilidad acerca de la fecha de elecciones. Criticaron tanto el sistema vigente y terminan reduciendo el plazo de convocatoria de 150 a 110 días, lo que aumenta la imprevisibilidad”.

Igualmente Stratta remarcó: “Dicen que es una ley que tiende a alentar la participación de las distintas fuerzas políticas, pero prácticamente no se han considerado los aportes de las fuerzas políticas sin representación legislativa”. También criticó la iniciativa del oficialismo en cuanto a la creación de la Dirección Provincial (DIPE): “Las elecciones provinciales se llevan a cabo cada 4 años. ¿Qué haría la DIPE los años que no hay elecciones? ¿No resulta razonable que el ejecutivo – como siempre ha realizado- se ocupe de lo que le corresponda en la materia electoral con parte de su gabinete? La Ley de ministerios que aprobamos hace menos de un año asigna tareas en materia electoral al Ministerio de Gobierno y Trabajo, entendemos que esa es una herramienta suficiente para que se ocupen de aquello que resulte necesario, y que incluso teniendo menos tareas no se explica el por qué de su creación”, enfatizó.

La misma postura crítica tuvo la legisladora y ex vicegobernadora respecto del financiamiento público de las campañas electorales. Dijo que el mecanismo propuesto por el oficialismo “implica otorgar al Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en el manejo de pauta publicitaria sin ningún control ni pauta clara. El sistema propuesto tampoco da respuesta al planteo del intendente de Colón, (José Luis) Walser y al diputado (Mauro) Godein acerca de que dicho financiamiento no llegaría a los partidos locales”.

También remarcó que el proyecto modifica la ley de partidos políticos, sobre lo que señaló: “Consideramos debe abordarse de manera integral en un debate con participación real y efectiva de los partidos . Es una Ley aparte. Nos asombra que en este sentido no se haya tomado siquiera la propuesta de la UCR. Creemos que debe reglamentarse correctamente el artículo 29 de nuestra Constitución Provincial y eso merece un debate amplio y generoso que este código no contempla”.

En el cierre, la legisladora justicialista indicó: “Mas allá que no compartimos las prioridades ni los tiempos, ni la forma en que llevaron este debate de reforma electoral, nos sentamos a debatir y hemos dado nuestras razones. Pedimos tiempo porque teníamos dudas, dudas que iban surgiendo cuando veíamos otras experiencias, cuando escuchábamos lo que otros tenían para decirnos, ya que es una reforma integral, pero no lo concedieron”.

Y agregó: “Si ya no compartía eso apuro en el marco del debate, menos lo comprendo hoy que el gobierno nacional manda un proyecto de reforma que elimina las PASO. ¿Qué pasará si esto prospera? Tendremos que modificar nuestra ley a poco de aprobarla”, se preguntó en referencia a que el proyecto del oficialismo contempla las elecciones primarias.

“Y hablando del rol de esta Legislatura y de la calidad institucional, quiero decir que el Poder Ejecutivo provincial mandó 39 proyectos a esta Cámara, de los cuales llevamos aprobados 29, y con éste 30. ¿Saben cuántos proyectos de ley presentamos los diputados y diputados?: 188. ¿Saben cuantos tienen media sanción?: 29 de los cuales, 21 son del oficialismo”, describió.

“Dejo esta reflexión y estos datos porque creo en el rol de la Legislatura, creo en el debate de ideas, creo que las reformas más importantes deben construirse de una manera multipartidaria y multisectorial”, concluyó.

Principales objeciones

Algunas de las principales características del dictamen del justicialismo, que lo diferencian del impulsado por el oficialismo, son:

• Se rechaza la creación de la Dirección Provincial Electoral (Dipe) por considerar que no es necesario dar facultades electorales a un organismo del Poder Ejecutivo. Tal como está planteada, esa Dirección permite que cualquier gobierno de turno tenga injerencia sobre cuestiones electorales, lo que atenta contra la imparcialidad que deben tener estos organismos. Además, no está claro cuál va a ser la función de la DIPE durante los cuatro años que median entre cada elección provincial. Se considera razonable mantener el mecanismo actual, que asigna tareas en materia electoral al Ministerio de Gobierno y Trabajo.

• Igualmente se mantiene el plazo actual de convocatoria de las elecciones provinciales cuando no son simultáneas con las nacionales. El régimen vigente señala que deben convocarse al menos 150 días antes de las elecciones generales, pero el proyecto del oficialismo reduce ese plazo a 110 días. Con este cambio, el oficialismo de turno dispondrá de 40 días más para decidir si la elección es simultánea con la nacional o separada, y las fuerzas opositoras tendrán 40 días menos para adaptarse a lo que decida. El justicialismo rechaza ese cambio porque significa menor previsibilidad y mayor discrecionalidad en favor de quien debe definir la fecha.

• En cuanto al sistema de “adhesiones” o pegados de candidaturas para las elecciones primarias, sostenemos un criterio amplio que solo depende del acuerdo de los apoderados de las listas, porque creemos que debe respetarse el principio general de máxima participación. El oficialismo impulsa un esquema que restringe las adhesiones de manera desigual, ya que todos los candidatos (intendente, senador) pueden realizar un solo pegado por categoría, excepto el postulante a gobernador que puede pegar con todos los candidatos que quiera. De esta forma garantizamos más participación frente a la intención de limitar los pegados, lo que significa una injerencia en la forma en que las agrupaciones políticas definen sus acuerdos.

• Respecto de la BUP, se impulsa que la boleta provincial tenga la misma orientación que la que se usará en las elecciones nacionales, con las categorías electorales de modo horizontal y las fuerzas políticas de modo vertical. Además, se propone modificar del diseño propuesto algunos aspectos poco claros, como por ejemplo que el casillero de voto por la lista completa tenga la foto del candidato a gobernador, cuando debe llevar logo de la alianza o partido político.

• Para hacer más sencilla y transparente la emisión del voto, se impulsa el agregado de fotografías en categorías que el oficialismo no incluye, ya que su proyecto solo prevé la foto del postulante a gobernador. Se agregan las fotos de las y los postulantes a senador provincial y presidente municipal. En el caso de la lista de diputados se eleva a un mínimo de diez los nombres que deben figurar en la BUP. El mismo criterio se aplica para las listas de candidatos a concejales, y en las listas de los consejos comunales se incluye la fotografía del primer postulante, porque en general es luego quien preside la comuna.

• El oficialismo propone que las campañas electorales locales tengan siempre plazos diferentes de las nacionales, pero el justicialismo sostiene que, si las elecciones son simultáneas, los plazos deben unificarse adoptando el esquema nacional. Y si las elecciones son separadas, se plantean plazos de campaña más breves.

• Igualmente el dictamen de minoría propone regular la publicidad electoral en redes sociales y plataformas digitales, para lo que debe crearse un registro de redes y sitios de internet de los candidatos y de los partidos políticos, además de ordenar la rendición de los gastos de campañas en esas plataformas. Así se moderniza el control de la publicidad electoral.

• El oficialismo propone el financiamiento público de campañas electorales a través del otorgamiento de espacios de publicidad, cuyos criterios de asignación no están explícitos en la iniciativa, que además no prevé la situación de los partidos locales. Por eso se sostiene que el financiamiento debe realizarse a través de aportes dinerarios, adoptando el mismo criterio del sistema nacional. De este modo se reduce la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno y su injerencia vida interna de los partidos políticos.

• En términos generales, se sostiene que deben sacarse de esta reforma electoral los cambios que afectan a los partidos políticos, como son la elevación del cuatro por mil al uno por ciento del padrón en el mínimo de los avales para armar un partido, o la imposición de la BUP para las elecciones internas. Para discutir esta legislación debe hacerse una convocatoria amplia a todas las fuerzas políticas de la provincia.

• En cuanto al artículo que establece la forma de llevar a cabo los reemplazos de integrantes de un cuerpo deliberativo o institución colegiada (Diputados, Concejos Deliberantes o Concejos Comunales, excepto el Senado), el justicialismo sostiene el criterio actual de la Ley de Paridad Integral (N.º 10.844) que establece que el miembro saliente será sustituido por el candidato o candidata del mismo partido político y del mismo género de acuerdo al orden de lista, siempre que de esa manera se respete la paridad en la integración del cuerpo. Si no fuer así, deberá asumir aquel candidato/a del género que corresponda hasta alcanzar el 50% de cada lista y también en el cuerpo. En cambio, el proyecto del oficialismo propone que el reemplazo se realizará siempre de acuerdo al criterio de misma lista y mismo género, son considerar si se mantiene la paridad. (A modo de ejemplo, de acuerdo a la redacción que propone el oficialismo, en reemplazo de la diputada Alicia Fregonese hubiera ingresado otra mujer; y no el diputado Juan Rossi, que ingresó para mantener la paridad en el cuerpo cuando Fregonese renunció para ocupar un cargo en el CGE).