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El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, presidido por un abogado que fue funcionario de Macri

Se trata del abogado Héctor Mauro Vazón, vicepresidente del PRO en Entre Ríos.

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El abogado Héctor Mauro Vazón, radicado en Concepción del Uruguay, asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, el organismo encargado de la selección de funcionarios que ocupan distintos cargos en el Poder Judicial y que, en 2023, estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de la convocatoria para seleccionar postulantes para ocupar los cargos concursados en la Fiscalía Anticorrupción, trámite que finalmente se echó por tierra en base a un fallo judicial.

A Vazón lo acompañará como secretario del Consejo de la Magistratura Rodrigo Devinar, docente de la Universidad Católica Argentina (UCA), y exsecretario del Concejo Deliberante de Paraná en tiempos en que Josefina Etienot fue viceintendenta (2015-2019).

Vazón es vicepresidente segundo del PRO en Entre Ríos y tiene una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri y el actual gobernador Rogelio Frigerio. En 2016, Macri lo designó presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU. Allí lo acompañaron dos dirigentes uruguayenses durante el macrismo: el actual ministro de Turismo Jorge Satto, y el dirigente Juan Ruiz Orrico; y el arquitecto Eduardo Caminal, actual jefe de gabinete de la Municipalidad de Concordia.

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Convocaron a los gremios estatales para reabrir la paritaria

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La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos citó formalmente a los representantes de los trabajadores del Estado para retomar las negociaciones salariales en el marco de la paritaria.

La convocatoria fija la audiencia para el miércoles 15 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo (Buenos Aires N° 166). El objetivo, según el texto, es “retomar las tratativas en materia salarial”.

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que ATE exigiera la “urgente” reapertura de las paritarias. La Asociación, liderada por su secretario general, Oscar Muntes, denunció públicamente el incumplimiento de lo pactado en el acta salarial del pasado 21 de julio, la cual obligaba al Gobierno a convocar una nueva reunión durante la última semana de septiembre.

Según la denuncia gremial, la demora en la convocatoria ha provocado una “erosión significativa” del poder adquisitivo de los salarios de los estatales, haciendo imperiosa una actualización inmediata frente al sostenido incremento del costo de vida.

En declaraciones previas a la citación oficial, Muntes había ratificado la firmeza del sindicato: “El acta no es una sugerencia; es un compromiso firmado y legal que el Gobierno debe respetar,” sentenció el dirigente, advirtiendo que la dilación profundiza la pérdida salarial de los trabajadores.

Con la emisión de la citación, el Gobierno logra contener momentáneamente el conflicto, ofreciendo una fecha concreta para discutir las actualizaciones pendientes. La expectativa se centra ahora en la audiencia del próximo miércoles, donde ambas partes buscarán un acuerdo que permita contener la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos entrerrianos.

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