El Presidente comunicó la decisión a través de un comunicado oficial y apuntó contra la oposición que se movilizó esta tarde. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, afirmó.

Horas después de que finalizara la masiva marcha al Congreso para que Javier Milei no vetara la ley de Financiamiento Universitario, el Presidente ratificó la medida a través de un comunicado oficial.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”, comienza la misiva.

Y agrega: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025″.

La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior sería idéntica al debate que involucró al aumento de las jubilaciones, esto es, cuidar a rajatabla el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. No obstante, en el oficialismo reconocían que evaluarían el impacto de la marcha de este miércoles.

Si bien la manifestación fue masiva, similar a la primera marcha federal universitaria realizada en abril, en el Poder Ejecutivo rápidamente salieron a atribuirle motivaciones políticas, subrayando la participación de los dirigentes de la oposición.

“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, agregó el propio comunicado de la Oficina del Presidente en X.

En línea con ese mensaje, el presidente Javier Milei, en sus propias cuentas de redes sociales, replicó mensajes como “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Es la idea que defiende el oficialismo desde antes de la marcha y que tuvo como respuesta minutos después de concluido el acto frente al Congreso.

En las filas del oficialismo otras figuras se plegaron a difundir este mensaje. En efecto, mientras los dirigentes universitarios pronunciaban sus discursos en la Plaza de los dos Congresos, la vicepresidenta Victoria Villarruel, publicó un posteo en el que exhibió los números del presupuesto recibido por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y los contrastó con la baja cifras de egresados que logró esa institución en 2023. “Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella”, escribió la presidenta del Senado.

El mismo eje había elegido el ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, que en su cuenta oficial replicó un poco más de detalle de las cifras.

El Gobierno, de esta manera, defiende su decisión de recortar el envío de fondos a las universidades públicas, atacando sus rendiciones de cuenta el resultado de la aplicación de esos fondos. Horas antes de la marcha, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había asentido cuando le consultaron si era cierto que la UBA no presentaba rendiciones de cuenta desde hacía una década.

“Una cosa son los informes de gestión y otra es la rendición de cuentas documentada”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano donde confluyen los rectores de las universidades nacionales, insiste en la puja para lograr que el poder Ejecutivo actualice las partidas, ya que asegura que los gastos de funcionamiento y el retraso de los salarios docentes pone en riesgo la continuidad del dictado de clases.

Infobae