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El Gobierno disolvió una empresa ferroviaria y despidió a 1.388 empleados

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Se trata de Trenes Argentinos Capital Humano, una de las subsidiarias de Trenes Argentinos. Según el Ejecutivo, el ahorro para el Estado será de $42.000 millones anuales.

El Gobierno Nacional dispuso la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, sino personal, y despidió a 1.388 empleados. Según fuentes oficiales, la medida implicará un ahorro de $42.000 millones anuales.

Se trataba de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos y que fue la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios. Se había creado con el objetivo de “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”.

Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”.

“Una empresa ferroviaria que no tenia funciones, o funciones que estaban duplicada en las empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personas del Estado de 1.388 puestos de trabajo a menos que el Estado no va a tener que pagar”, dijo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en la conferencia de prensa habitual del Vocero Presidencial.

La decisión de disolverla fue publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la Resolución Nº 35/2024 firmada por la Secretaría de Transporte y tiene el objetivo de “eficientizar el uso de los recursos con el objetivo de cumplir el equilibrio fiscal”.

“Entre 2019 y 2023 DECAHF se transformó en una empresa que realizaba obras públicas (cuando no le correspondía por estatuto) y contrataba artistas populares con la única finalidad de satisfacer necesidades políticas-partidarias. En esos años gastó 10 millones de dólares para ejecutar obras completamente innecesarias para el sector ferroviario y 80 millones de pesos en la contratación de artistas para espectáculos, función que nada tenia que ver con sus objetivos”, afirmó la Secretaría de Transporte en un comunicado.

“Cada una de las 5 empresas ferroviarias contaba con un área de género, con personal completamente sobredimensionado que no asistía a sus puestos de trabajo en muchos casos y con funciones que se duplicaban”, agregó.

“No vamos a permitir que el estado gaste un peso más del necesario para su funcionamiento. Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los 3.200 millones de pesos y cada vez que encontremos funciones duplicadas vamos a trabajar para eliminarlas. No podemos permitir que en la Argentina con 53% de pobres, se gaste un peso en sueldos privilegiados o estructuras innecesarias”, concluyó.

Aún quedan algunos empleados, que tienen funciones puntuales y que van a seguir manteniendo sus puestos pero serán absorbidos por otra empresa. Cabe destacar que la gran mayoría de los trabajadores con los que contaba DECAHF no se regían por contratos, una modalidad habitual en el sector público, sino que estaban fijos.

A su vez, se eliminó el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014, que, según el Gobierno, “nunca funcionó ni emitió una decisión o acción”. Este tenía inicialmente el objetivo de “participar en la elaboración del Plan Estratégico del Transporte y brindar asesoramiento al Ministerio sobre el particular; convocar, integrar y articular los sectores público y privado a ese fin vinculados al transporte; propiciar la investigación, capacitación y distribución de la información relacionada al transporteasí como colaborar en la elaboración de todo tipo de programas y acciones tendientes a la mejora constante del transporte”.

En los considerandos de la resolución se indica que “desde la creación del referido Instituto se ha observado que muchas de las funciones y tareas se han superpuesto con las responsabilidades de otras áreas de la Administración Pública Nacional tales como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, las cuales ya tienen a su cargo la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte”.

A su vez, se subrayó que la decisión va en línea con las medidas tomadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei “tendientes a equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.

En el marco de los recortes en el Estado, el Gobierno ya despidió a 28.000 trabajadores públicos entre diciembre de 2023 y julio de 2024, equivalente a una reducción del 5,7% del personal. Puntualmente, en las empresas del Estado la nómina se redujo en casi 9.900 empleados. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esto permitió un ahorro de $36.000 millones.

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Tras la masiva marcha al Congreso, Javier Milei ratificó que vetará la ley de Financiamiento Universitario

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El Presidente comunicó la decisión a través de un comunicado oficial y apuntó contra la oposición que se movilizó esta tarde. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, afirmó.

Horas después de que finalizara la masiva marcha al Congreso para que Javier Milei no vetara la ley de Financiamiento Universitario, el Presidente ratificó la medida a través de un comunicado oficial.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”, comienza la misiva.

Y agrega: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025″.

La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior sería idéntica al debate que involucró al aumento de las jubilaciones, esto es, cuidar a rajatabla el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. No obstante, en el oficialismo reconocían que evaluarían el impacto de la marcha de este miércoles.

Si bien la manifestación fue masiva, similar a la primera marcha federal universitaria realizada en abril, en el Poder Ejecutivo rápidamente salieron a atribuirle motivaciones políticas, subrayando la participación de los dirigentes de la oposición.

“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, agregó el propio comunicado de la Oficina del Presidente en X.

En línea con ese mensaje, el presidente Javier Milei, en sus propias cuentas de redes sociales, replicó mensajes como “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Es la idea que defiende el oficialismo desde antes de la marcha y que tuvo como respuesta minutos después de concluido el acto frente al Congreso.

En las filas del oficialismo otras figuras se plegaron a difundir este mensaje. En efecto, mientras los dirigentes universitarios pronunciaban sus discursos en la Plaza de los dos Congresos, la vicepresidenta Victoria Villarruel, publicó un posteo en el que exhibió los números del presupuesto recibido por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y los contrastó con la baja cifras de egresados que logró esa institución en 2023. “Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella”, escribió la presidenta del Senado.

El mismo eje había elegido el ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, que en su cuenta oficial replicó un poco más de detalle de las cifras.

El Gobierno, de esta manera, defiende su decisión de recortar el envío de fondos a las universidades públicas, atacando sus rendiciones de cuenta el resultado de la aplicación de esos fondos. Horas antes de la marcha, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había asentido cuando le consultaron si era cierto que la UBA no presentaba rendiciones de cuenta desde hacía una década.

“Una cosa son los informes de gestión y otra es la rendición de cuentas documentada”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano donde confluyen los rectores de las universidades nacionales, insiste en la puja para lograr que el poder Ejecutivo actualice las partidas, ya que asegura que los gastos de funcionamiento y el retraso de los salarios docentes pone en riesgo la continuidad del dictado de clases.

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