La iniciativa de Luis Petri no avanzó en comisiones, así que el Presidente la aplicó por decreto. Al menos cuatro bloques expresaron su disconformidad.

No es la primera vez: cuando el Gobierno nacional no alcanzó los acuerdos legislativos para concretar un proyecto, decidió avanzar por la vía del decreto. Es lo que ocurrió el pasado 20 de diciembre, cuando se publicó en el Boletín Oficial el DNU 1112/2024 que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a ejercer tareas de seguridad interior, iniciativa que intentó aprobar en Diputados sin éxito el ministro Luis Petri.

El decreto, que lleva la firma del propio Petri junto a la de Javier Milei y Guillermo Francos, establece la normativa para la operatoria de las FFAA en “tiempos de paz” sin necesidad de determinar el estado de sitio, e incluye la “protección de objetivos de valor estratégico, susceptibles de amenazas o agresiones de origen externo” y la posibilidad de “proceder a la aprehensión transitoria de personas”. Sus gestiones, que deberán tener coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, serán refrendadas además por el “Comando de Operaciones Conjuntas”, cuyo titular es electo por el Presidente de la Nación.

En agosto del 2024, un proyecto de similares características fue presentado por el Ejecutivo nacional y defendido por Petri en las comisiones de Diputados. “Las FFAA son verticales, no trabajan por consenso: se tienen que subordinar a la ley y a la Constitución principalmente”, aseguró en ese momento, ante las internas existentes en las fuerzas, y aseguró que los efectivos recibirían “un procedimiento, una preparación y una capacitación” para que “no intervengan con los ojos vendados ni la Constitución apagada”.

La iniciativa que pretendía la reforma de la ley 24.059 de Seguridad Interior fue siendo desplazada de las prioridades del oficialismo ante el desacuerdo de los diputados y los invitados al debate en comisiones. Ese fue el caso de Juan Martín Paleo, graduado del Colegio Militar en 1983 y jefe de las FFAA en el período 2020-2024, quien consideró que “el proyecto de ley es innecesario, porque con el marco actual vigente las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas, previa declaración del estado de sitio”. Además pidió prudencia, porque si no “vamos a soltar al Rottweiler”. 

Diputados buscan derogar el DNU 1112/2024

Días después de la sanción del DNU 1112/2024, miembros de distintos bloques legislativos expresaron su intención de derogar el decreto presidencial, para lo que se requiere una mayoría en ambas Cámaras. Incluso hubo dos presentaciones formales para tratar su eliminación en el recinto: una de los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal) y otra de la porteña Vanina Biasi (FIT).

Paulón opinó que el decreto “excede las competencias del Poder Ejecutivo; esos son temas que deben ser tratados por el Congreso, si hubiera voluntad de modificar la Ley de Seguridad del Interior. El Gobierno evita el debate porque sabe que las propias FFAA no están de acuerdo con intervenir en estos temas”. Luego indicó que las FFAA “no tienen equipamiento ni se capacitan para entrar en contacto directo con tareas de defensa interior y eso abre un riesgo innecesario” y pidió “capacitar mejor a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería”, publicó Ámbito.

“El combo represivo de los decretos 1107 y 1112 abre paso a que las FFAA y el ejército intervengan en la represión interna”, consideró por su parte Biasi en redes sociales y opinó que la definición “podría aplicarse para militarizar, desalojar y reprimir con el Ejército ocupaciones de fábricas o lugares de trabajo”. “Estos decretos, que violan la ley de Seguridad Interior, también legalizan la posibilidad de dictar un estado de sitio sin pasar por el Congreso”, agregó.

Por su parte, el formoseño Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre) señaló para Ámbito que “este decreto se corresponde con una actitud extremadamente peligrosa en cualquier contexto y más aún para un gobierno que ha definido como terrorista a cualquier protesta social o a cualquier reclamo que se realizara alrededor del Congreso. “Lo hacen al margen de la ley porque lo cierto es que están forzando la interpretación y la aplicación de las leyes a un extremo que resulta incompatible con la Constitución Nacional”, analizó.

En esa misma línea se posicionó el santafesino Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), quien criticó que los decretos “desvían a nuestras Fuerzas Armadas de su misión principal, la defensa nacional, para que cumplan tareas propias de las policías provinciales y las fuerzas de seguridad federales”. Luego, enumeró en sus redes sociales: “Degradación y desprofesionalización, incumplimiento de la jerarquización salarial, subejecución presupuestaria, liquidación del FONDEF y de la industria para la defensa: la política de defensa de Milei es una consecuencia lógica de su alineamiento servil en materia internacional”. 

DNU 1112: Los puntos más importantes

Dentro del decreto publicado el 20 de diciembre del 2024, se establece que las FFAA “son el componente esencial del Sistema de Defensa Nacional” y que “su accionar, en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones, será dispuesto en función del origen externo de dichas amenazas o agresiones, con independencia del lugar de ocurrencia”.

Es entonces que definen lo que se considerará como “amenaza”: “Todas las acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales de la Nación”. En cuanto a las “agresiones”, se establecen parámetros más concretos: “Ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales”.

Asimismo se plantea que “las operaciones que requieran la cooperación y complementación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad serán coordinadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad” y que su rango de acción alcanzan “los espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespacial y ciberespacial y en el ámbito del espectro electromagnético soberano y de interés nacional”. De esta manera, se insinúa la posibilidad de que los encargados de las tareas de inteligencia de las FFAA funciones en cooperación con los efectivos policiales.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA “será responsable del empleo de los medios que le sean asignados en tiempo de paz, para lo cual ejercerá el control funcional, con autoridad para impartir órdenes” y las Fuerzas “se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones”. El decreto recalca el rol de “complementación” que ocuparían, aunque esto trasciende la esfera internacional y las fronteras: en caso de que así lo definan los ministros y el referente de las FFAA, se podrán intervenir en urbes durante plazos de tiempo indefinidos.

APF