Nacionales
El gobierno impulsará un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio
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Tan solo unas horas antes de recibir a la cúpula de la CGT y en medio de la expectativa por una nueva marcha universitaria y un paro de transporte, el Gobierno mantuvo este lunes su habitual reunión con los diputados aliados, aunque no conversaron sobre esos temas, sino exclusivamente sobre la agenda legislativa.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae algunos de los protagonistas del encuentro, durante el cónclave se dialogó sobre el avance de la iniciativa para privatizar Aerolíneas Argentinas, la revisión final de la Boleta Única y un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio.
“Las autoridades nacionales tienen su propia agenda, que le corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que planteamos, y el debate que damos desde el primer día, cuando se armó esta mesa de coordinación, es hablar sobre todas aquellas cosas que tienen que ver con el Parlamento. Nosotros queremos estar en la mesa de decisión de esos temas”, explicó Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja.
El legislador estuvo acompañado de sus compañeras de bloque Silvia Lospennato y Silvana Giudici, y por su par del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago. Por el lado de La Libertad Avanza, estuvieron su líder en el recinto, Gabriel Bornoroni, y Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Marquez.
Por parte del Gobierno, en tanto, estuvieron los vicejefes de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, y del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A la reunión, Zago fue con su compañero de espacio Eduardo Falcone, con quien presentó un proyecto para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que las autoridades nacionales prometieron que van a acompañar y que se impulsaría en los próximos días.
La iniciativa, a la que accedió este medio, establece derogar los “privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina”, quienes pasaría entonces a sumarse al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como el resto de los trabajadores.
La medida aclara que, no obstante, “a partir del cese en sus funciones el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato”, la cual “será equivalente al 80% de la remuneración” de un jefe de Estado en ejercicio.
La decisión, si es aprobada por el Congreso, afectará solamente a los funcionarios que siguen en actividad, ya que, dado el principio de irretroactividad, no se podrá quitar el beneficio a aquellos que ya lo estén cobrando, aunque uno de los artículos plantea que el Poder Ejecutivo los invite “a renunciar a los privilegios”.
Asimismo, el proyecto indica que, “dentro de los 60 días de promulgada la presente Ley, el PEN publique en el sitio Argentina.gob.ar la nómina actualizada de los ex funcionarios que han accedido a lo previsto en el inciso a) y el listado de quienes no lo hayan hecho y elijan continuar gozando de los privilegios previsionales”.
En cuanto a Aerolíneas Argentinas, Ritondo remarcó que el PRO va llevar el proyecto adelante que presentó (Hernán) Lombardi, que es bastante compatible con el que presentó la Coalición Cívica” y anticipó que el tema se va a seguir trabajando en el Plenario de Comisión de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, prevista para el próximo miércoles.
Por último, Giudici y Lospennato adelantaron que este mismo lunes se iban a reunir con otros bloques aliados para analizar el texto de la Boleta Única que se sancionó en el Senado y “ver si hay algún punto en el que haya que insistir con la redacción de Diputados”, pero aseguró que “el Congreso ya la aprobó y se tiene que implementar en el 2025″.
En cuanto al Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei ya advirtió que va a vetar, los miembros del partido amarillo evitaron opinar, pero remarcaron la importancia de estudiar el caso, en la antesala de la movilización del miércoles.
“Nosotros creemos que cualquier movilización de estas características es importante y que hay que prestarle atención al tema universitario. Nosotros venimos planteando desde hace tiempo esto. El Gobierno nos planteó la cantidad de recursos que había destinado, nosotros le pedimos que, además de que lo hagan público, nos manden el aumento de docentes universitarios comparado con el de otros integrantes del Estado”, explicó Ritondo.
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Tras la masiva marcha al Congreso, Javier Milei ratificó que vetará la ley de Financiamiento Universitario
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hace 9 horasel
2 de octubre de 2024El Presidente comunicó la decisión a través de un comunicado oficial y apuntó contra la oposición que se movilizó esta tarde. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, afirmó.
Horas después de que finalizara la masiva marcha al Congreso para que Javier Milei no vetara la ley de Financiamiento Universitario, el Presidente ratificó la medida a través de un comunicado oficial.
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”, comienza la misiva.
Y agrega: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025″.
La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior sería idéntica al debate que involucró al aumento de las jubilaciones, esto es, cuidar a rajatabla el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. No obstante, en el oficialismo reconocían que evaluarían el impacto de la marcha de este miércoles.
Si bien la manifestación fue masiva, similar a la primera marcha federal universitaria realizada en abril, en el Poder Ejecutivo rápidamente salieron a atribuirle motivaciones políticas, subrayando la participación de los dirigentes de la oposición.
“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, agregó el propio comunicado de la Oficina del Presidente en X.
En línea con ese mensaje, el presidente Javier Milei, en sus propias cuentas de redes sociales, replicó mensajes como “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Es la idea que defiende el oficialismo desde antes de la marcha y que tuvo como respuesta minutos después de concluido el acto frente al Congreso.
En las filas del oficialismo otras figuras se plegaron a difundir este mensaje. En efecto, mientras los dirigentes universitarios pronunciaban sus discursos en la Plaza de los dos Congresos, la vicepresidenta Victoria Villarruel, publicó un posteo en el que exhibió los números del presupuesto recibido por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y los contrastó con la baja cifras de egresados que logró esa institución en 2023. “Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella”, escribió la presidenta del Senado.
El mismo eje había elegido el ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, que en su cuenta oficial replicó un poco más de detalle de las cifras.
El Gobierno, de esta manera, defiende su decisión de recortar el envío de fondos a las universidades públicas, atacando sus rendiciones de cuenta el resultado de la aplicación de esos fondos. Horas antes de la marcha, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había asentido cuando le consultaron si era cierto que la UBA no presentaba rendiciones de cuenta desde hacía una década.
“Una cosa son los informes de gestión y otra es la rendición de cuentas documentada”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano donde confluyen los rectores de las universidades nacionales, insiste en la puja para lograr que el poder Ejecutivo actualice las partidas, ya que asegura que los gastos de funcionamiento y el retraso de los salarios docentes pone en riesgo la continuidad del dictado de clases.
Infobae
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