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El Gobierno prorrogó la intervención de los medios públicos por un año

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La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Agencia de Publicidad del Estado (APE), ex Télam, así como también a Educ.ar.

El Gobierno nacional prorrogó la intervención de las empresas de los medios públicos, dentro de las que se encuentra Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Agencia de Publicidad del Estado (APE), ex Télam. A su vez, se renovó el proceso de intervención de Educ.ar.

La medida se hizo oficial esta madrugada mediante la publicación de la decisión administrativa 5/2025 en el Boletín Oficial. En la normativa, se detalla que el periodo de intervención de RTA será de un año, mientras que el proceso se extenderá en APE hasta que “se designen a las autoridades”.

En el considerando de la norma, el Gobierno alega que esta decisión se enmarca en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

“A los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”, recordaron.

Por esto mismo, mencionaron que “resultó menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”.

Asimismo, mediante la decisión administrativa 4/2025, el Ejecutivo renovó la intervención de Educ.ar S.A, también por el plazo de un año. Esta empresa del Estado es la responsable de la inclusión, creación, transmisión e intercambio de los contenidos pertinentes para el conjunto del Sistema Educativo Nacional.

La intervención de estas sociedades se hizo efectiva en febrero del año pasado, cuando se publicó el decreto 117/2024. En esa misma normativa, se designó a Diego Martín Chaher como interventor de Radio y Televisión Argentina, y “con carácter ad-honorem”, de Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar, mientras que Diego Sebastián Marías fue designado interventor adjunto. Meses después, Chaher pasó a desempeñarse como secretario de Empresas y Sociedades del Estado.

Dentro de los objetivos que se establecieron en el proceso de intervención se encuentran los siguientes: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo; evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo; modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo; y modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva; presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas; designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades.

La empresa que más cambios sufrió fue Télam, que pasó de ser una Agencia de Noticias a una Agencia de Publicidad. Así, el organismo pasó a tener por objeto “operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad”.

Desde la llegada de Milei al Gobierno, Télam dejó de operar, tal como fue creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como Agencia de Noticias. En el decreto que oficializó las modificaciones de su objeto social, argumentaron que la decisión se basa “en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, concentrando los recursos de la empresa en aquella área que ofrece mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo”.

“El cambio de denominación de Télam Sociedad del Estado busca reflejar la actual estrategia empresarial, la identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general”, mencionó el Gobierno sobre el organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

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Hay 112 denuncias en la Justicia por el caso de la criptomoneda promocionada por Milei

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Lo que comenzó el viernes como un tuit de promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei escaló hasta decantar en una fuerte polémica, que el Gobierno intenta minimizar y la oposición buscar potenciar con presentaciones de pedidos de juicio político y de investigaciones en el Congreso.

Pero más allá de ese escenario, lo cierto es que la fallida promoción del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados que perdieron sus inversiones, generó ya más de un centenar de presentaciones en la Justicia Federal.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, hay 112 denuncias penales contra el mandatario, a partir de su publicación en redes y posterior marcha atrás. De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán mañana, cuando abran esas dependencias.

Sin embargo, una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue realizada un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia.

De acuerdo a las fuentes, más allá del debate que se producirá sobre quién debe tomar el caso, esta presentación deberá ser la que tenga preponderancia a la hora de agrupar las denuncias para determinar si el Presidente incurrió en algún delito. La denuncia cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N° 7 a cardo de Sebastian Casanello, en la secretaria N° 13 del doctor Martin Smietniansky.

La Justicia, ahora, deberá evaluar si Javier Milei incurrió en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA, que tuvo un abrupto ascenso en su cotización para luego derrumbarse rápidamente. El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de la red social de X, aunque luego la borró y subió otro mensaje en el que se desligaba del tema.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, arrancaba el texto. Luego volvió a su estilo habitual y trató de “ratas inmundas de la casta política” a quienes, según su criterio, quisieron “aprovechar esta situación para hacer daño”.

El debate sobre un posible delito

Hasta ahora, no está claro si la publicación de Milei constituye en sí un delito, más allá de las acusaciones que hicieron distintos sectores políticos, principalmente el kirchnerismo, que adelantó que presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el mandatario.

Al respecto, el abogado Jorge Grispo afirmó en una columna en Infobae que una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituye un delito. 
Grispo explicó que “el Presidente de la Nación, más allá de su investidura, no pierde su derecho constitucional a opinar, expresarse y manifestar su pensamiento. La libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y un pilar de la democracia”.

Más allá de eso, afirmó que “bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituyen delito alguno. La publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable por la oposición, buscando un claro rédito político, pero no constituye una infracción penal. El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional, y el hecho de ocupar la Presidencia no anula esta prerrogativa”.

En un camino similar se expresó Miguel Nathan Licht, doctor en Ciencias Jurídicas y presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. “En Argentina, promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito, salvo que se demuestre un engaño deliberado que oculte la verdadera naturaleza del producto ofrecido”, afirmó también en Infobae.

“Las discusiones intensas en las redes, la inmediatez de los juicios mediáticos y la polarización política a menudo difuminan la línea entre lo políticamente cuestionable y lo jurídicamente punible. Ninguna novedad traigo a colación si advierto que el derecho penal debe reservarse para conductas que por si misma lesionan un bien jurídico superior, no para las que meramente causan incomodidad o controversia. Y esto aplica tanto a un ciudadano de a pie como a la figura presidencial”, añadió.

En contrapartida, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales “pueden convertirse, en el peor de los casos, en una ví¬a para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos”.

“La reciente controversia en torno al presidente Javier Milei y su promoción de la criptomoneda $LIBRA ha reavivado el debate sobre los lí¬mites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las expresiones en redes sociales. Mientras algunos consideran, con cierta ligereza, que la publicación de un tuit no puede constituir un delito, un análisis riguroso del Código Penal Argentino y la doctrina penal demuestra lo contrario: el derecho penal no se centra en el medio utilizado, sino en la conducta desplegada. Nuestro Código Penal admite todos los medios comisivos, salvo excepciones puntuales, por lo que un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos tí¬picos de una figura penal”, sostuvo.

Algunas de las denuncias.

Con el correr de las horas se fueron conociendo algunas de las denuncias que fueron presentadas digitalmente, y que se activarán mañana, cuando abran los juzgados.

Una de ellas fue la que presentó el ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires Agustín Rombolá por presunta “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”, según publicó en su cuenta de X.. Además, adelantó que están confeccionando una acción de clase para defender los ahorros de la gente.

Otra de las denuncias penales fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías, María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular.

Los denunciantes afirmaron que “Milei formó parte de una Asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”.
Otra de las presentaciones las realizó el abogado Gregorio Dalbón, quien patrocina en alguna de las causas que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner.

La particularidad de esta denuncia es que no solo alcanza a Javier Milei, sino también a otros integrantes del Poder Ejecutivo como Karina Milei y Manuel Adorni; al director de la Fundación Faro, Agustín Laje, y al coordinador de esa organización, Francisco Caputo (hermano de Santiago Caputo, asesor presidencial). La demanda también alcanza a Mauricio Novelli, empresario y asesor del Presidente; a Julian Peh, empresario, fundador y dueño de la compañía Kip Protocol y Hayden Davis, empresario, fundador y dueño de la compañía Kelsier Ventures.

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