El término “salvataje” es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, por motivos geopolíticos.

Por Guillermo Michel para La Política On Line

Desde hace semanas, los anuncios sobre la economía argentina no se escriben en Buenos Aires sino en Washington. Scott Bessent, funcionario designado por la administración Trump, actúa como vocero de la calma y administrador del peso argentino. Su intervención trasciende la asistencia financiera: marca un punto de inflexión en la gestión actual, donde el gobierno nacional decidió correrse no solo de la política sino también de la gestión económica, entregándose a un funcionario norteamericano.

Los mensajes de Bessent en redes sociales tienen más impacto que cualquier comunicado del Banco Central o del Ministerio de Economía. Su declaración de que el Tesoro estadounidense está “preparado para tomar medidas excepcionales para proporcionar estabilidad a los mercados” funciona como un apoyo incondicional al peso argentino. Era el respaldo más grande que podía recibir en una situación crítica como la que atravesaba.

Pero el apoyo estadounidense nunca es gratis. No solo busca estabilizar el mercado: también sostiene, de manera indirecta, la campaña del oficialismo y, naturalmente, cobrará lo que le interesa. La lista es larga y, con seguridad, llegará la factura.

La estabilidad de mercado, así como la campaña electoral, hoy están en cabeza de Scott Bessent y Donald Trump, convertidos en los dos pilares de una carrera electoral que el gobierno delegó en la Casa Blanca. Las declaraciones de apoyo “irrestricto” de la administración Trump y la intervención directa del Tesoro americano son, en los hechos, la única campaña del oficialismo. No hay nada más.

Bessent habla más -y mejor- de la economía argentina que el propio equipo económico. Sus apariciones superan a las del presidente, y en materia de campaña se ha convertido en el principal vocero de la gestión.

La intervención de Estados Unidos no es solo un estabilizador económico; también es un distractor narrativo. Domina los medios y desplaza otras acusaciones a un segundo plano, con la esperanza de que ese blindaje mediático también alcance a lo electoral.

El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado.

Los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo.

A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de USD 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó USD 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027.

La tensión cambiaria que vivimos desde hace más de un mes tiene entonces su raíz en ese mal diseño, no en la incertidumbre electoral. La narrativa oficial que culpa a la política es insostenible cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas.

La caída de reservas -incluso después del préstamo de abril- precedió a las elecciones bonaerenses, y difícilmente se revierta tras el 26 de octubre. Si no hubieran aparecido los tuits de Bessent, hoy estaríamos viendo cómo el gobierno intenta contener una corrida cambiaria.

El salvataje de Estados Unidos fue la respuesta de última hora al colapso de un programa moribundo. Los USD 20.000 millones del acuerdo de abril fueron un fracaso anunciado. Hoy solo vemos sus consecuencias y esperamos los detalles del nuevo entendimiento que, por tercera vez en un año, promete “un puente” hacia un destino incierto.

El gobierno argentino ya demostró su falta de compromiso cuando, poco después del anuncio, el presidente modificó el programa y el ministro de Economía lo dio por muerto públicamente. Veremos si con el Tesoro americano la suerte es distinta, tras esta rendición incondicional que parece haber hecho nuestro primer mandatario.

El término “salvataje” es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible. No es difícil imaginar que Washington no habría hecho lo mismo por Brasil con Lula en el poder.

El uso del Exchange Stabilization Fund (ESF) en Argentina sienta un precedente peligroso para la diplomacia del dólar: convierte una herramienta técnica de estabilización en un instrumento de política exterior.

Aquí estamos: esperando ayuda, con una campaña dirigida desde Washington y un gobierno que ruega que los anuncios alcancen para que las bandas cambiarias sobrevivan unas semanas más. La pregunta abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, en apenas cuatro meses, transitó una depreciación del 30%, ventas de reservas, intervención en el dólar futuro y la restitución del cepo para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones.