Si algún periodista buscara algún lugar y momento en el que, en unos pocos metros cuadrados, confluyeran numerosos funcionarios y exfuncionarios, la oportunidad es este jueves cuando los abogados empadronados concurran a votar para elegir las autoridades del Colegio de la Abogacía de Paraná.

En efecto, la lista de votantes, un PDF con 87 páginas y 21 filas por cada una, contiene varios apellidos muy conocidos, ligados a roles claves en el poder entrerriano. También hay otra lista, que no es pública pero que contiene nombres que se volvieron públicos, donde están los deudores, quienes tienen vedada la posibilidad de emitir su sufragio.

Volviendo a quienes mañana podrían toparse en la cola, se da el caso de tres Fiscales de Estado. Ello en razón de que figuran el actual, Julio Rodríguez Signes, y dos de sus predecesores, Sergio Avero, y Raúl Barrandeguy, este último defensor de Sergio Urribarri.

A propósito de esa confluencia multifacética de letrado de políticos en apuros y a la vez funcionario, incluso de la actual gestión, en el padrón encontramos un caso más que representativo: Marcos Gabriel Rodríguez Allende, a quien Rogelio Frigerio dejó al frente del EPRE, en reemplazo de Juan Domingo Zacarías.

También está habilitada para votar la “alcaldesa” de Paraná. Ni más ni menos que Rosario Margarita Romero.

Otra confluencia en el padrón se produce con quienes fueron, más o menos tiempo, secretarios de justicia de la provincia. Por caso, Carina Ramos, Martín Acevedo Miño y Julián Maneiro.

El exgobernador Urribarri ha tenido a varios matriculados ejerciendo su defensa. Es así que al ya citado Barrandeguy y a Rodríguez Allende se le suma entre los electores de mañana jueves José Candelario Pérez. Burlando, obvio, no es de Paraná y no figura en el padrón.

Otro reconocido hombre del derecho habilitado para votar es el exconvencional constituyente y penalista Julio Federik.

Y si intentamos armar otro trío que haya coincidido en una misma repartición, ahí tenemos a directores de la siempre crucial Dirección de Personas Jurídicas: Lisandro Amavet, Livio Pablo Hojman y Rodrigo Luti Guerrero.

Pero además del padrón de habilitados, está la otra lista, la de los que no podrían votar, por la razón que fuere. Esta planilla, obvio, no ha sido publicada, pero los trascendidos no faltan. Por ejemplo, allí aparecería un expresidente del Consejo de la Magistratura, con un apellido que da nombre a una calle paranaense, y también un asesor de la intendente Rosario Romero.

Pero tal vez el nombre más resonante entre los excluidos sería el del abogado Maximiliano Casey, a quien el gobierno provincial le inició un sumario por haber presuntamente faltado durante un año a su trabajo en la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos mientras seguía cobrando sus haberes.

Casey tiene otros precedentes, según reconstruyeron en el sitio Entre Ríos Ahora:

Cobró relevancia en la ciudad donde tenía residencia, Nogoyá, por una causa penal en su contra. Lo denunció la expareja por supuestamente haberle robado 160 mil dólares, pero además está imputado por desobediencia, daños y lesiones graves.

En el marco de ese proceso, Casey cumplió 20 días de prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Nogoyá, y luego, un poco más de dos meses de arresto domiciliario con tobillera. La causa está en curso.

Si bien ahora el sumario se le inicia por su desempeño en el Registro del Notariado, en septiembre de 2024 fue adscripto al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro).

En el marco de ese proceso, la Unidad Fiscal de Nogoyá pidió su detención y el juez de Garantías Oscar Rossi habilitó la medida. A la par, le aplicaron restricción de acercamiento a su expareja.

Casey ha protagonizado otras situaciones enojosas.

En 2022, el Colegio de la Abogacía confirmó la sanción de suspensión impuesta al abogado, quien estuvo involucrado en una causa por el presunto delito de estafa, pero de la que logró salir con una probation o suspensión de juicio a prueba. Tras cumplirla, fue sobreseído.

En 2020, la entidad suspendió a Casey para ejercer como abogado durante 18 meses y en abril de ese año, ante una apelación del acusado, confirmó la resolución.

La causa de la que zafó Casey fue la que le iniciaron los padres de un niño de 7 años que murió atropellado por un camión el 30 de septiembre de 2013, en la localidad de Strobel, departamento Diamante.

El padre del niño, José Favero, recorrió diferentes medios contando la historia del abogado Casey. Señaló que contrató al profesional para iniciar las acciones legales contra la aseguradora del camión que atropelló a su hijo y que, ante la falta de avance de la causa por casi un año, decidió averiguar con otro abogado qué había pasado con el expediente. Su sorpresa fue mayor cuando se enteró que Casey había acordado con la firma aseguradora hacía tiempo y que cobró la suma de $25 mil de entonces. Al enterarse de que su maniobra fue descubierta, Casey depositó dicha suma en la cuenta judicial de su cliente.

El padre del niño entendió que el abogado lo había estafado y por ello presentó una demanda penal en la Unidad Fiscal de Diamante en la que se consignó que la maniobra se habría concretado entre los primeros días de noviembre de 2014 y el 24 de septiembre de 2015. Lo cierto es que la causa no terminó como el demandante esperaba, ya que Casey consiguió un acuerdo de probation con la Fiscalía.

El Entre Ríos