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El oficialismo intenta apaciguar el impacto de la marcha universitaria, que anticipan que será multitudinaria

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La administración nacional sigue con atención la previa de la movilización que se realizará el próximo miércoles. La oferta que no prosperó y la promesa de que “lentamente se tratará de volcar recursos hacia las universidades”.

El 23 de abril pasado, miles y miles de personas se volcaron a las calles de la Ciudad de Buenos Aires y también de otras localidades importantes en el resto de las provincias, para rechazar los recortes al presupuesto de las universidades. Ese escenario está por repetirse y en el gobierno nacional subsiste la preocupación por la marcha prevista para el miércoles próximo por la tarde que preparan los sectores ligados a las universidades; esta vezpara expresar su rechazo al anunciado veto total a la ley que sancionó el Congreso con la intención de reforzar el financiamiento.

En las filas libertarias se hicieron esfuerzos, sobre todo en las comunicaciones oficiales, para desactivar el efecto que tendrá la movilización, desde que se conoció la convocatoria que impulsan desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que incluye a los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical de Universidades Nacionales, personal docente y no docente de las altas casas de estudio, y la Federación Universitaria Argentina, que integran alumnos. El reclamo será multitudinario porque a ellos se sumarán sectores políticos y sindicales de la oposición.

En ese contexto se enmarca también el acto que Javier Milei diagramó el sábado, cuando se lanzó a La Libertad Avanza como partido nacional: sirvió para mostrar una señal de fortaleza hacia las propias filas, encolumnadas detrás de la decisión del Presidente de que “no hay plata” para darles a los universitarios el aumento que solicitan.

La cantidad de estudiantes

En las últimas horas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se sumó a esa ofensiva para debilitar la protesta. “Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, el 38 % de los alumnos, y los fondos se dan a partir del número total de estudiantes”, expresó como modo de contrarrestar los pedidos de recomposición salarial.

Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso. Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades, sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos”, amplió. Y lamentó que se haya rechazado la oferta del Ejecutivo de un 5,8% de incremento para octubre. Los distintos sectores universitarios consideran que desde la asunción de Milei sus ingresos cayeron un 70 por ciento.

“Hay partidos de las universidades. Hay actores de la política universitaria, están las reformistas, las radicales, las peronistas. Esta dinámica, que está vinculada con distintos actores, genera las dificultades que hay hoy”, había dicho anteriormente el funcionario para descalificar las quejas.

Ahora, como intento de poner paños fríos, en el entorno del secretario deslizan que si bien la relación se mantiene tensa, “lentamente se tratará de volcar recursos hacia las universidades, que son muy importantes para nosotros”.

Como ejemplificó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi en una entrevista reciente con Infobae: “Logramos que a partir de mayo nos dieran fondos para el funcionamiento, que se están otorgando, aunque no como quisiéramos. Tenemos ese dinero hasta diciembre. En aquel momento se habló de que empezábamos por los gastos de funcionamiento y que luego, en un tiempo prudencial, se iba a tocar el tema de los salarios. Nos quedamos con esa idea, quizás fuimos ingenuos por haber confiado. Así llegamos hasta septiembre, sin que se haya resuelto la cuestión de los salarios”.

En ese contexto denuncian que siguen faltando más fondos para comprar reactivos, para realizar publicaciones en medios científicos que le dan prestigio a cada facultad y notan que muchos docentes están renunciando a sus cargos porque sus ingresos son cada vez más limitados.

La ley aprobada en el Congreso planteaba el objetivo de actualizar las partidas según el índice de inflación del INDEC, con una erogación del 0,14% del PBI. Sin embargo, Milei ya manifestó su intención de vetarla en forma total, aunque se tomará el plazo legal de 10 días -el Congreso la envió el 19 de septiembre a la Casa Rosada- para hacerlo. Seguramente se conocerá en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial porque no quieren que se superponga con la marcha y que sea leído como una provocación más que tense aún más la situación.

El proyecto de Financiamiento Universitario que ahora vetará el Presidente establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

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Hay 112 denuncias en la Justicia por el caso de la criptomoneda promocionada por Milei

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Lo que comenzó el viernes como un tuit de promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei escaló hasta decantar en una fuerte polémica, que el Gobierno intenta minimizar y la oposición buscar potenciar con presentaciones de pedidos de juicio político y de investigaciones en el Congreso.

Pero más allá de ese escenario, lo cierto es que la fallida promoción del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados que perdieron sus inversiones, generó ya más de un centenar de presentaciones en la Justicia Federal.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, hay 112 denuncias penales contra el mandatario, a partir de su publicación en redes y posterior marcha atrás. De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán mañana, cuando abran esas dependencias.

Sin embargo, una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue realizada un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia.

De acuerdo a las fuentes, más allá del debate que se producirá sobre quién debe tomar el caso, esta presentación deberá ser la que tenga preponderancia a la hora de agrupar las denuncias para determinar si el Presidente incurrió en algún delito. La denuncia cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N° 7 a cardo de Sebastian Casanello, en la secretaria N° 13 del doctor Martin Smietniansky.

La Justicia, ahora, deberá evaluar si Javier Milei incurrió en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA, que tuvo un abrupto ascenso en su cotización para luego derrumbarse rápidamente. El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de la red social de X, aunque luego la borró y subió otro mensaje en el que se desligaba del tema.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, arrancaba el texto. Luego volvió a su estilo habitual y trató de “ratas inmundas de la casta política” a quienes, según su criterio, quisieron “aprovechar esta situación para hacer daño”.

El debate sobre un posible delito

Hasta ahora, no está claro si la publicación de Milei constituye en sí un delito, más allá de las acusaciones que hicieron distintos sectores políticos, principalmente el kirchnerismo, que adelantó que presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el mandatario.

Al respecto, el abogado Jorge Grispo afirmó en una columna en Infobae que una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituye un delito. 
Grispo explicó que “el Presidente de la Nación, más allá de su investidura, no pierde su derecho constitucional a opinar, expresarse y manifestar su pensamiento. La libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y un pilar de la democracia”.

Más allá de eso, afirmó que “bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituyen delito alguno. La publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable por la oposición, buscando un claro rédito político, pero no constituye una infracción penal. El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional, y el hecho de ocupar la Presidencia no anula esta prerrogativa”.

En un camino similar se expresó Miguel Nathan Licht, doctor en Ciencias Jurídicas y presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. “En Argentina, promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito, salvo que se demuestre un engaño deliberado que oculte la verdadera naturaleza del producto ofrecido”, afirmó también en Infobae.

“Las discusiones intensas en las redes, la inmediatez de los juicios mediáticos y la polarización política a menudo difuminan la línea entre lo políticamente cuestionable y lo jurídicamente punible. Ninguna novedad traigo a colación si advierto que el derecho penal debe reservarse para conductas que por si misma lesionan un bien jurídico superior, no para las que meramente causan incomodidad o controversia. Y esto aplica tanto a un ciudadano de a pie como a la figura presidencial”, añadió.

En contrapartida, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales “pueden convertirse, en el peor de los casos, en una ví¬a para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos”.

“La reciente controversia en torno al presidente Javier Milei y su promoción de la criptomoneda $LIBRA ha reavivado el debate sobre los lí¬mites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las expresiones en redes sociales. Mientras algunos consideran, con cierta ligereza, que la publicación de un tuit no puede constituir un delito, un análisis riguroso del Código Penal Argentino y la doctrina penal demuestra lo contrario: el derecho penal no se centra en el medio utilizado, sino en la conducta desplegada. Nuestro Código Penal admite todos los medios comisivos, salvo excepciones puntuales, por lo que un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos tí¬picos de una figura penal”, sostuvo.

Algunas de las denuncias.

Con el correr de las horas se fueron conociendo algunas de las denuncias que fueron presentadas digitalmente, y que se activarán mañana, cuando abran los juzgados.

Una de ellas fue la que presentó el ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires Agustín Rombolá por presunta “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”, según publicó en su cuenta de X.. Además, adelantó que están confeccionando una acción de clase para defender los ahorros de la gente.

Otra de las denuncias penales fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías, María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular.

Los denunciantes afirmaron que “Milei formó parte de una Asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”.
Otra de las presentaciones las realizó el abogado Gregorio Dalbón, quien patrocina en alguna de las causas que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner.

La particularidad de esta denuncia es que no solo alcanza a Javier Milei, sino también a otros integrantes del Poder Ejecutivo como Karina Milei y Manuel Adorni; al director de la Fundación Faro, Agustín Laje, y al coordinador de esa organización, Francisco Caputo (hermano de Santiago Caputo, asesor presidencial). La demanda también alcanza a Mauricio Novelli, empresario y asesor del Presidente; a Julian Peh, empresario, fundador y dueño de la compañía Kip Protocol y Hayden Davis, empresario, fundador y dueño de la compañía Kelsier Ventures.

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