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El oficialismo intenta apaciguar el impacto de la marcha universitaria, que anticipan que será multitudinaria

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La administración nacional sigue con atención la previa de la movilización que se realizará el próximo miércoles. La oferta que no prosperó y la promesa de que “lentamente se tratará de volcar recursos hacia las universidades”.

El 23 de abril pasado, miles y miles de personas se volcaron a las calles de la Ciudad de Buenos Aires y también de otras localidades importantes en el resto de las provincias, para rechazar los recortes al presupuesto de las universidades. Ese escenario está por repetirse y en el gobierno nacional subsiste la preocupación por la marcha prevista para el miércoles próximo por la tarde que preparan los sectores ligados a las universidades; esta vezpara expresar su rechazo al anunciado veto total a la ley que sancionó el Congreso con la intención de reforzar el financiamiento.

En las filas libertarias se hicieron esfuerzos, sobre todo en las comunicaciones oficiales, para desactivar el efecto que tendrá la movilización, desde que se conoció la convocatoria que impulsan desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que incluye a los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical de Universidades Nacionales, personal docente y no docente de las altas casas de estudio, y la Federación Universitaria Argentina, que integran alumnos. El reclamo será multitudinario porque a ellos se sumarán sectores políticos y sindicales de la oposición.

En ese contexto se enmarca también el acto que Javier Milei diagramó el sábado, cuando se lanzó a La Libertad Avanza como partido nacional: sirvió para mostrar una señal de fortaleza hacia las propias filas, encolumnadas detrás de la decisión del Presidente de que “no hay plata” para darles a los universitarios el aumento que solicitan.

La cantidad de estudiantes

En las últimas horas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se sumó a esa ofensiva para debilitar la protesta. “Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, el 38 % de los alumnos, y los fondos se dan a partir del número total de estudiantes”, expresó como modo de contrarrestar los pedidos de recomposición salarial.

Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso. Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades, sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos”, amplió. Y lamentó que se haya rechazado la oferta del Ejecutivo de un 5,8% de incremento para octubre. Los distintos sectores universitarios consideran que desde la asunción de Milei sus ingresos cayeron un 70 por ciento.

“Hay partidos de las universidades. Hay actores de la política universitaria, están las reformistas, las radicales, las peronistas. Esta dinámica, que está vinculada con distintos actores, genera las dificultades que hay hoy”, había dicho anteriormente el funcionario para descalificar las quejas.

Ahora, como intento de poner paños fríos, en el entorno del secretario deslizan que si bien la relación se mantiene tensa, “lentamente se tratará de volcar recursos hacia las universidades, que son muy importantes para nosotros”.

Como ejemplificó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi en una entrevista reciente con Infobae: “Logramos que a partir de mayo nos dieran fondos para el funcionamiento, que se están otorgando, aunque no como quisiéramos. Tenemos ese dinero hasta diciembre. En aquel momento se habló de que empezábamos por los gastos de funcionamiento y que luego, en un tiempo prudencial, se iba a tocar el tema de los salarios. Nos quedamos con esa idea, quizás fuimos ingenuos por haber confiado. Así llegamos hasta septiembre, sin que se haya resuelto la cuestión de los salarios”.

En ese contexto denuncian que siguen faltando más fondos para comprar reactivos, para realizar publicaciones en medios científicos que le dan prestigio a cada facultad y notan que muchos docentes están renunciando a sus cargos porque sus ingresos son cada vez más limitados.

La ley aprobada en el Congreso planteaba el objetivo de actualizar las partidas según el índice de inflación del INDEC, con una erogación del 0,14% del PBI. Sin embargo, Milei ya manifestó su intención de vetarla en forma total, aunque se tomará el plazo legal de 10 días -el Congreso la envió el 19 de septiembre a la Casa Rosada- para hacerlo. Seguramente se conocerá en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial porque no quieren que se superponga con la marcha y que sea leído como una provocación más que tense aún más la situación.

El proyecto de Financiamiento Universitario que ahora vetará el Presidente establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

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El 30% de los trabajadores en relación de dependencia son pobres

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Casi 3.000.000 de personas se encuentran en esa situación. “Esto evidencia que el empleo formal, aunque brinda cierta protección, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis”, resalta un informe.

La pobreza alcanzó al 30% de los trabajadores en relación de dependencia, con descuento jubilatorio, obra social, aguinaldo y vacaciones pagas; mientras que entre los “asalariados precarios” supera el 70%, según un reciente informeEn este contexto, casi 3.000.000 de personas se encuentran en esa situación.

“Uno de los hallazgos más importantes es la creciente presencia de ‘trabajadores pobres’, quienes, a pesar de estar empleados, no logran superar la línea de pobreza”, resalta el informe “Pobreza, distribución del ingreso y clases ocupacionales” de Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la UBA.

Se calcula que casi 3.000.000 de trabajadores en relación de dependencia se encuentran en situación de pobreza, ya que la totalidad de los trabajadores registrados según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es de 6,2 millones y extrapolado a la población total es de 9.943.921“Esto evidencia que el empleo formal, aunque brinda cierta protección, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis”, resaltaron.

Otros casi 4 millones de personas que pertenecen a los “asalariados precarios” también están bajo la línea de pobreza y no llegan a cubrir la canasta básica.

La pobreza alcanzó al 52,9% de los argentinos, mientras que la indigencia afectó al 18,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Extrapolado a la población total, esto implicó que unos 24,8 millones de argentinos están en condiciones de pobreza, mientras que otros 8,5 millones están en situación de indigencia. Del informe, además, se destaca que dos tercios de los niños, niñas y adolescentes son pobres (el 66,1% del total).

El incremento de la pobreza en los últimos meses, según explica el informe, estuvo impulsado por la caída del poder adquisitivo en el sector de trabajadores registrados, cuyos aumentos salariales no han seguido el ritmo de la inflación.

“Al analizar la relación entre pobreza y horas trabajadas, se destaca el incremento en el porcentaje de trabajadores regulados que son pobres, en especial los sobreocupados, cuyo número ha crecido en aproximadamente 20 puntos porcentuales, mientras que los ocupados plenos y los subocupados han aumentado alrededor de 15 puntos porcentuales”, resaltaron en el informe, que deja entrever que tener más horas de trabajo no garantiza mejores condiciones económicas.

Transferencia de ingresos

El coeficiente de Gini creció del 0,417 al 0,436 en el segundo trimestre frente al mismo período de 2023, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este aumento indica un significativo empeoramiento en la distribución del ingreso, lo cual refleja un nivel de desigualdad sin precedentes en los últimos años. Incluso, el 60% de la población con empleo cobró menos de $450.000 entre abril y junio.

“La magnitud de este dato no solo pone en evidencia el creciente desajuste entre los sectores más ricos y los más pobres, sino que también señala el fracaso de las políticas económicas y sociales para revertir o, al menos, mitigar las desigualdades estructurales en el país“, resaltaron en el informe.

Al profundizar sobre el impacto de la pobreza, se observa que en los diferentes segmentos económicos creció jerárquicamente, aunque entre los sectores más vulnerables, de trabajadores no calificados y manuales, superó el 65%. En estas clases, para 2024, la pobreza afecta a casi 7 de cada 10 personas.

Entre los trabajadores no manuales de grandes establecimientos y los propietarios o directivos de pequeños negocios, la pobreza se triplicó en tan solo siete años.

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