Provinciales
“El pliego diseña un sistema de transporte urbano que repara la deuda con los paranaenses”, dijeron desde el municipio de Paraná
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hace 12 mesesel

“Incorpora herramientas de control, que están asentadas en la autoridad de aplicación, pero también con una amplia participación de la ciudadanía y del ámbito académico”, explicó la funcionaria Katherina Stickel sobre el nuevo pliego del transporte urbano de pasajeros en Paraná.
El transporte público en Paraná enfrenta importantes desafíos, como la insatisfacción de los usuarios y la falta de accesibilidad. En respuesta a esta situación, la Provincia ha asumido el control del transporte en el área metropolitana que conecta Paraná con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y Villa Fontana. Se ha establecido una tarifa única de 1.200 pesos, eliminando algunas gratuidades, como los boletos para trabajadores y estudiantes. Las líneas afectadas por estos cambios son la 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15. Esto genera preguntas sobre cómo se coordinarán las políticas entre los diferentes niveles de gobierno y qué impacto tendrá en la calidad del servicio.
Además, el nuevo pliego de concesión para el servicio en la ciudad de Paraná propone un enfoque centrado en el usuario, que exige flotas sostenibles y accesibles, así como estándares de eficiencia que ajusten los recorridos a las dinámicas actuales de la ciudad. Sin embargo, surge la duda de si estas medidas serán suficientes para mejorar el servicio.
Según el informe presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, la licitación abarca 11 líneas, organizadas en tres grupos que corresponden a la jurisdicción municipal. Se resalta que el pliego tiene un enfoque centrado en el usuario, obligando a las empresas a garantizar altos niveles de satisfacción. Además, exige que la flota sea sostenible y accesible, otorgando amplias facultades tanto a la autoridad de aplicación como a los usuarios. También se requiere que los oferentes presenten un plan de modernización de la flota de colectivos, con el objetivo de que, al cabo de siete años desde el inicio de la contratación, el 100% del parque móvil cumpla con la norma EURO V o superior.
La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, en primer lugar, habló de su mirada como funcionaria: “En mi caso, experimenté el padecimiento de todos los paranaenses que son usuarios del sistema de transporte urbano. Mis padres viven en la zona sur de la ciudad, por lo tanto mi desplazamiento hacia el colegio, al club o actividades extracurriculares fueron a través del colectivo. Por ese motivo, tengo conocimiento y conciencia de lo que ha sido la frecuencia del transporte urbano. En el último tiempo, también me cito en la pandemia –fue un punto muy importante-, y luego situándome en un contexto más actual con la eliminación del Fondo Compensador como aporte fundamental de la gestión del transporte”.
En la misma línea, agregó que ahora “lo ve como un compromiso” y acertó que la mirada desde la intendencia “es mejorar el servicio”. Por tal motivo, aseguró: “El pliego es un trabajo de muchos meses en el cual trabajaron distintas áreas de gobierno, con el fin de obtener una norma que rija, que diseñe un sistema de transporte urbano que repare una deuda histórica con los paranaenses”.
Entre algunos cambios sustanciales, señaló: “Incorpora herramientas de control, que están asentadas en la autoridad de aplicación, pero también con una amplia participación de la ciudadanía y del ámbito académico. Tenemos una Facultad de Ingeniería que dicta la carrera de Ingeniería de Transporte, la cual forma a diario profesionales que saben de la materia y que muchos han experimentado el sistema de transporte a través de la utilización del mismo”.
“La idea es conformar un Observatorio de la Movilidad, con la cual habrá participación de distintos ámbitos, tanto de las ciencias económicas, ingeniería del transporte y los usuarios observados en ese observatorio y que sea un ámbito de planificación, monitoreo, sugerencia y poder de decisión ante los distintos eventos dentro del sistema”, abarcó.
En la misma línea, comunicó: “Hay una mirada muy importante en cuanto a la sustentabilidad. La flota del sistema actual y la cantidad de emisiones de huella de carbono, que están sobre todo en el área céntrica de la ciudad, apuntamos a un sistema de transporte con flotas de parque de automotor sostenible, ya sea a GNC o movilidad eléctrica. También apuntamos a un sistema de control y otro de puntaje, en el que la elección de los potenciales oferentes y para el control posterior, a partir de la adjudicación del sistema”.
“Uno de los parámetros inquebrantables dentro de la consideración de la elección de oferentes es el estado de las flotas. Necesitamos un parque automotor accesible porque hay más de un 10% de personas con discapacidad. Un requisito es que el 25% de la flota al iniciar la operación sea accesible. Al cumplir los siete años, se completa al 100%. Con respecto a las frecuencias, también es uno de los padecimientos permanentes que el usuario experimenta. Para eso, se ha determinado un grupo de líneas, dentro de los cuales hay ciertos atractores –figuras fundamentales dentro del pliego-. Son puntos de interés dentro de la ciudad que tienen que estar conectados y, de esa forma, garantizar una cobertura total de la ciudad. En lugar de fijar recorridos estáticos, hemos planteado la figura de los atractores. Por ejemplo, el hospital San Martín, la Casa de Gobierno”, profundizó.
Javier Aragón, en primera instancia, observó: “Está muy bien lo que plantean en cuanto al servicio. Lo hemos sufrido nuestros familiares y amigos”. Sin embargo, consultó: “El tema del precio. ¿Qué va a pasar? Porque para mejorarlo hay que adecuarlo. ¿A cuánto se va a ir la tarifa? ¿Habrá descuentos para obreros?
Por ende, Stickel informó: “Primero tenemos que informar a partir de cuándo va a comenzar a operar la nueva prestación. Eso dependerá del tratamiento en el Concejo Deliberante. No soy visionaria, pero entiendo que tanto el combustible, los acuerdos salariales, que son los parámetros que más varían de arranque”. Además, aclaró: “Una cosa es fijar un precio para marzo y otra es fijar un precio para un nuevo servicio en junio. Eso va a depender de los tiempos del Concejo Deliberante”.
Luego, la funcionaria municipal prosiguió: “Es importante reconocer la necesidad de generar una nueva relación entre el servicio que se pretende y el costo del mismo. Las veces que hemos dicho ‘no vamos a realizar más aportes en este contexto’ entendemos que el servicio no es el que pretendemos. Eso no quiere decir que si del otro lado hay una prestación correcta y esperada, según las pretensiones del usuario, el costo será reconocido por la autoridad de aplicación. Es un nuevo paradigma a partir de la eliminación del subsidio nacional como piedra angular del sostenimiento del sistema de transporte”.
Alejandro Abero, por su lado, enunció: “Es interesante lo que nos pasa a nosotros los paranaenses porque sabemos que todas las empresas privadas no son buenas. Tenemos una empresa privada que nos brinda malamente un servicio”. “Ahora, me parece, la revisión de eso es mucho más interesante para nosotros que tenemos esa experiencia. Volver a una vieja idea de varias líneas, de diferentes personas, donde era todo más controlable. ¿La idea es volver a eso?”, consultó.
Stickel respondió que “es un elemento fundamental que fue considerado a la hora de elaborar los pliegos”. Con respecto a que converjan distintas empresas en la prestación, indicó: “Abre una posibilidad de escenarios con competencia en el cual opere más de una empresa. Es una posibilidad, pero el escenario lo definiremos al momento de conocer las ofertas que presenten los oferentes. El pliego si establece la posibilidad de que haya un escenario de operación compartida. Puede surgir la operación de un operador, que ofrezca una propuesta superadora y más adecuada a la tarifa que puede pagar el paranaense, sin dejar de lado los requisitos y la pretensión del usuario paranaense. Por supuesto, considerando los recursos de la Municipalidad”. También expuso que “el puntaje se hace a través de una consideración técnica y también económica”.
Exequiel Fresler, por su lado, aportó al debate: “Las empresas tienen que acostumbrarse a laburar en este nuevo escenario libertario, que es otro esquema de negocios”.
El sociólogo Nahuel Baridón, por su lado, sumó consulta por el Área Metropolitana y cómo funcionará de ahora en adelante. Por tal motivo, Stickel manifestó: “Naturalmente, las líneas metropolitanas son conseguidas por la provincia. La autoridad que permite la explotación de las líneas metropolitanas es la provincia de Entre Ríos”.
De ese modo, aclaró que la modificación tiene ahora a la provincia, “que decidió asumir plenamente las facultades de una autoridad de aplicación (la fijación de tarifas, el control, la fiscalización y modificación de recorridos)”. A su vez, dijo que “no hubo un cambio en cuanto a la autoridad de aplicación, sino en la gestión de las líneas. La provincia asume al 100% todas las responsabilidades y obligaciones de una autoridad de aplicación”.
Por tal motivo, en Paraná desde la Municipalidad “se ha tomado la decisión de mantener esos beneficios (el boleto universitario, el BEGU, el obrero). Se sostendrá a través de un aporte que realizará el municipio para compensar esos servicios”.
La abogada Corina Beisel, por su lado, opinó sobre el tema: “¿Quiero saber realmente cómo se me va a efectivizar una mejora en el servicio? Soy de calle Almirante Brown y toda la vida me dio nervios esperar el colectivo. Me digo ‘agarro un par de zapatillas y me iba caminando hasta el centro porque son 20 cuadras que me llevaban 25 minutos’. ¿Por qué? Tenía terror de esperar el colectivo. Desde los ’90 para acá, esto es así”. De esa forma, interrogó: ¿Cómo me va a mejorar y cuándo voy a poder gozar de todos estos beneficios que estás diciendo?
Luego Abero retomó la palabra y aseguró: “Me parece muy interesante lo que ha hecho la Municipalidad de estar muy atenta en los últimos tiempos para acumular las inconsistencias sistemáticas y espantosas del servicio. Esto también puede terminar en un reclamo espantoso”. “Es probable”, acotó Stickel.
El conductor, Washington Varisco, por su lado, expresó su preocupación por la mano de obra: ¿Qué pasa con los 348 trabajadores que tiene hoy la actual empresa? Allí Stickel expresó: “Entendemos que también el porcentaje personal de unidades, obedece a una buena administración y también que la estructura de costo sea compatible con los ingresos del sistema de transporte”.
Fue interrumpida por Beisel, que sumó otra consulta: “A raíz de lo que consultaba un compañero respecto del importe del boleto de $1.200. Se deja abierta la posibilidad (en el nuevo pliego) de que esta tarifa sea modificada a raíz de criterios que se establezcan con el fin de mantener una tarifa acorde a la realidad del sistema”. Allí advirtió: “¿Quién va a testear la realidad del sistema y cómo o en qué porcentaje se puede llegar a aumentar porque, a la fecha, sabemos que es un servicio que no es rentable para las empresas? Por tal motivo, aclaró que el municipio se hará cargo.
Para cerrar, la secretaria explicó que “el municipio pretende que el proyecto de norma sea tratado con el análisis que corresponda y amerita con las evaluaciones prudentes, pero también apuntamos a una celeridad. Por eso, la intendenta al momento de presentarlo a los concejales ha puesto a disposición a todo el equipo municipal para asistir a las instancias necesarias para evacuar dudas, responder consultas y estamos abiertos a introducir mejoras que puedan lograr una normativa superadora y lo antes posible poder realizar esa transición a ese sistema de transporte”.
El Once / El Ventilador
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Provinciales
Causa coimas: La Justicia admitió las excusaciones de dos jueces
Publicado
hace 10 horasel
10 de octubre de 2025
La Justicia hizo lugar a las excusaciones de dos magistrados para integrar el tribunal que juzgará por segunda vez al exgobernador Sergio Urribarri, al empresario Diego Armando Cardona Herreros y otros exfuncionarios del urribarrismo en la megacausa de las Coimas. Se trata de los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Matilde Federik y Gervasio Labriola.
Labriola arguyó que intervino en otra causa del exgobernador, la investigación por enriquecimiento ilícito, y “en los incidentes por los cuales tramitan las medidas cautelares patrimoniales” y aseguró que “no podría intervenir al mismo tiempo como juez del tribunal que tiene a su cargo juzgar los hechos atribuidos en la presente causa por un lado, y por otro lado continuar actuando como vocal de apelación en el marco de la causa N° 26585 donde aún no se ha sustanciado la etapa intermedia, porque no es aventurado considerar que podría presentarse la situación -muy particular por cierto- de tener que resolver -en grado de apelación- planteos vinculados con la legalidad o admisibilidad de las evidencias colectadas en el marco de dicha investigación, muchas de las cuales son idénticas a las que ya han sido admitidas para ser producidas en el juicio a llevarse a cabo en el marco de la presente causa”.
En tanto, Federik puso como motivación para su apartamiento como jueza el haber intervenido como fiscal de Coordinación en la causa Coimas. Al respecto, planteó que “de la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa”.
El otro argumento que expuso es que “existe otra causal objetiva que impide su intervención, y se vincula con que su padre el abogado Julio Federik ejerce la defensa técnica del imputado Humberto Flores” por lo que concluyó que ambas circunstancias impiden su desempeño en la presente causa, y vuelven innecesario un trámite de excusación como el que se le ha obligado a imprimir.
El tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno hizo lugar a las excusaciones de ambos magistrados.
A mediados de septiembre último, de momento es incierto cuándo se iniciará el segundo juicio oral que sentará en el banquillo al exgobernador Sergio Daniel Urribarri en la megacausa de las Coimas en la que tiene un pedido de condena de 10 años de cárcel, investigación en la que está involucrado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA y un lote de exfuncionarios del Ejecutivo, de los cuales uno, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, logró zafar mediante juicio abreviado en el que aceptó haber cobrado sobornos.
El 1º de agosto el juez de Garantías Julián Vergara envió la causa a juicio, y lo que siguió fue la conformación del tribunal colegiado que sentará en el banquillo, por segunda vez, al exgobernador Urribarri, que ya fue condenado a 8 años de prisión en el megajuicio. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), un organismo administrativo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), separó, motu proprio, a magistrados que consideró debían inhibirse por haber intervenido en el caso con anterioridad y dispuso que en el estrado deberían estar Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay.
Cánepa se excusó por cuanto fue el fiscal de la causa; también lo hizo Chaia, por entender que la OGA había seguido un camino de exclusión de magistrados «naturales» sin fundamento, tal cual dio cuenta Entre Ríos Ahora.
La seguidilla de apartamientos y exclusiones había planteado un panorama peculiar: ocho de los nueve integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná no podrían intervenir en el juicio por la megacausa Coimas. Esa había sido la decisión de la OGA.
El primer magistrado que quedó afuera de una eventual integración del tribunal es el vocal Santiago Brugo, por cuanto resolvió las apelaciones a las resoluciones que en la megacausa de las Coimas firmó el juez Vergara. También se excluyeron a sus colegas Mauricio Marcelo Mayer Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes intervinieron, respectivamente, como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación.
También se excluyó a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes resolvieron, el 10 de mayo de 2024, el planteo recusatorio en relación a la intervención de su colega Brugo.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial resolvió entonces que el tribunal quedaría conformado de la siguiente manera: Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Pero esa integración no pudo ser. Chaia se bajó.
Entonces, se dispuso que el tribunal para juzgar a Urribarri en la megacausa Coimas quedará conformado por Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto).
Otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. La jueza Federik se inhibió. La magistrada arguyó que “existe un impedimento legal para intervenir como magistrada en la presente causa, en tanto tal como se señala, intervine anteriormente como parte (…) -Fiscal Coordinadora-, participando en una audiencia y suscribiendo un recurso de queja. De la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa. No se trata de una cuestión sujeta a apreciación -como ocurre con la intervención en instancias previas de la magistratura- por lo que entiendo que debí ser desinsaculada inmediatamente por el organismo administrativo”.
También los fiscales de la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, habían reprochado la decisión de la OGA de sacar y poner jueces motu proprio. En un escrito, señalaron que “se sigue un camino completamente inverso al que corresponde, asumiendo que los potenciales jueces que han sido excluidos, se encuentran impedidos de actuar para lo cual se relevan anteriores intervenciones que en modo alguno representan un obstáculo para componer el tribunal de juicio o se aduce de manera genérica, sin brindar precisiones al respecto, que el magistrado ha actuado como fiscal. En efecto, cuando decimos que se ha tomado un camino contrario sostenemos que debió integrarse el tribunal desinsaculando a los magistrados Santiago Brugo, Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, por surgir de las circunstancias de la causa que han intervenido como juez de apelación, juez de juicio abreviado y fiscal de coordinación, respectivamente, y realizar el correspondiente sorteo con el resto de los potenciales vocales para proceder con la pertinente integración. Una vez conformado el tribunal con aquellos jueces que no han tomado contacto con la prueba admitida, habilitar la respectiva instancia de excusación para que los magistrados seleccionados – en caso de entenderlo así – expongan los motivos por los que consideran que se encuentran impedidos de intervenir”.
La subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), María Belén López Vargas, dio a conocer el martes 2 de septiembre una resolución en la que dice: “Atento al estado de las presentes actuaciones, la excusación formuladapor la vocal N°2 Matilde Federik, y la excusación oportunamente efectuadapor el vocal N° 3 Alejandro Cánepa; corresponde integrar el Tribunal de Juiciopara resolver la incidencia con el vocal N°6 Alejandro Diego Grippo. Ello, conformelo previsto en el Punto II.5.b) del Reglamento para las Oficinas de Gestión de Audiencias de la provincia de Entre Ríos; quedando conformado en el siguiente orden: Gervasio Labriola -primer voto-, Alejandro Grippo -segundo voto-, y Carolina Castagno -tercer voto-“.
Pero otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. Labriola se excusó de intervenir.
Este miércoles volvió a rearmarse el tribunal de la megacausa de las coimas y quedó integrada por Rafael Martín Cotorruelo, María Carolina Castagno, y Alejandro Diego Grippo.
Pero puede que no sea la integración definitiva, y así, entonces, el inicio del juicio en la megacausa de las Coimas seguirá en la indefinición.
Entre Ríos Ahora


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