Provinciales
El procurador general repuso a la fiscal Cecilia Goyeneche en el cargo del que fue destituida por mal desempeño
Publicado
hace 2 mesesel

Fue tras la anulación del jury que la destituyó por mal desempeño de sus funciones en la causa Contratos y de que el 26 de agosto la Corte Suprema cargara las costas a la vencida en el proceso y declarara inoficioso el Recurso de Queja del MPF de la provincia ante lo que el procurador consideró “la grosera ilegalidad del desplazamiento Institucional en el Jury aludido, objeto idéntico al que dio motivo a la anulación”, si bien la Corte no se pronunció sobre el fondo de la destitución.
El lunes 8 de septiembre, el procurador general de la provincia, Jorge García, dispuso “reponer a la Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche en la situación administrativa anterior al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos del 10 marzo de 2023, es decir como suspendida en el cargo pero dentro del Poder Judicial de Entre Ríos”. También manifestó que “y en lo que respecta a los haberes retroactivos a esa fecha, corresponde para su cálculo y liquidación que se dé intervención al área Contable del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
Goyeneche fue destituida del cargo –en fallo por mayoría del Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) de la provincia- el 4 de mayo de 2022 con base en las causales de “conducta pública o privada incompatible con las funciones a su cargo” y “mal desempeño de sus funciones” en la causa conocida como Contratos Truchos.
Aquella sentencia de un órgano político de la Constitución Provincial fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 6 de diciembre de 2024 ante lo que consideró “la gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa enjuicio de la recurrente que, a su vez, exhibe entidad suficiente para variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento a partir de la conformación del primer órgano juzgador”.
La Corte consideró que “para resolver de ese modo, (N de la R: por la destitución) el órgano juzgador desestimó las cuestiones preliminares planteadas por la enjuiciada y tuvo por probados los hechos que se le imputaron. Sobre esa base, consideró que Goyeneche había incumplido sus deberes como fiscal en la causa ‘Beckam’, que le imponían llevar a cabo una investigación objetiva y transparente y la obligaban a inhibirse en caso de tener alguna relación con los imputados”.
Malhadado e ilegal
En aquel fallo, la Corte expresó “que, finalmente, corresponde aclarar que lo que aquí se decide no implica abrir juicio acerca del mérito de los hechos que dieron inicio al proceso de juicio político”, lo que contrastaría con las expresiones del procurador general que en el escrito dirigido al presidente del STJ, Leonardo Portela, solicitando “su reposición administrativa al Poder Judicial”, opinó que la separación del cargo fue “ilegal” y otras consideraciones del mismo tenor.
García también opinó que “más allá que la contundencia del fallo anulatorio de la CSJN, que como Último intérprete de la Constitución Nacional ordena que una nueva composición del STJ deba anular el Jury de Enjuiciamiento a Goyeneche, lo que sella definitivamente la suerte de este malhadado e ilegal procedimiento, resulta a todas luces evidente que, de pleno derecho, la Magistrada se halla en la situación previa al dictado del fallo del Recurso de Inconstitucionalidad local, pues el HJE había concedido la apertura de dicha impugnación”.
Continuó el procurador con su posición señalando que “su situación es entonces, a la fecha la de Magistrada aún suspendida, pero formando parte del MPF del Poder Judicial, ya que el vicio procedimental nulificante retrotrae sus efectos ”ex tunc“, y sin perjuicio reiteramos, que estos efectos retroactivos se han de perfeccionar al momento de que el nuevo Tribunal Superior cumpla con el mandato nulificante de la CSJN”.
APF
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Entidades gremiales empresarias destacaron el proceso de la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Las principales cámaras empresarias y entidades vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la organización y desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental sobre la Vía Navegable Troncal (VNT).
Uno de los pasos previos a la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El proceso, que generó un amplio debate entre sectores productivos, ambientales y sociales, se realizó de manera virtual con la participación de cerca de 250 oradores. Y se valoró como una instancia clave de diálogo institucional y transparencia en la toma de decisiones.
Hubo un comunicado conjunto en el que las entidades gremiales empresarias expresaron su reconocimiento a la Anpyn. Lo firmaron la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. Además de las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Puertos Privados Comerciales y de Actividades Portuarias y Marítimas.
Las entidades resaltaron el “estricto cumplimiento” de la normativa que regula la participación ciudadana en procesos de decisión pública. Destacando la convocatoria y desarrollo de la Audiencia Pública como un paso fundamental hacia una nueva licitación de la Hidrovía moderna y transparente.
Las cámaras destacaron que la jornada se desarrolló “de manera extensa y ordenada”. Con la participación libre de cientos de oradores que pudieron exponer sus posturas y aportes en torno al futuro de la Vía Navegable Troncal, la principal arteria logística del país.
A pesar de que la audiencia no tiene carácter vinculante, las entidades consideraron que ofrece “un marco participativo y transparente”. Esto refuerza la legitimidad del proceso licitatorio. “Ratificamos la importancia de esta licitación como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía”.
También remarcaron la necesidad de alcanzar una nueva concesión “a riesgo empresario y sin aval del Estado”. Con criterios de sustentabilidad y competitividad que fortalezcan la posición de la Argentina en el comercio internacional.
La justicia despejó el camino para el debate
La realización de la audiencia pública se puso en duda por una acción judicial que presentaron la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas. Estas organizaciones planteaban que el proceso no garantizaba los estándares de participación ciudadana que exige la normativa nacional. Ni por el Acuerdo de Escazú, que refuerza los derechos de acceso a la información y participación ambiental.
Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 rechazó la medida cautelar solicitada. Así permitió que la audiencia se desarrollara según lo previsto. En su resolución, el tribunal consideró que los peticionantes no demostraron la existencia de una lesión concreta a los derechos alegados ni irregularidades sustanciales en el procedimiento.
También aclaró que la consulta pública no implica la aprobación de obras ni de los términos definitivos de la licitación. Sino que constituye una etapa preparatoria centrada en la evaluación ambiental y la gestión de la Vía Navegable Troncal.
La audiencia se llevó a cabo el lunes último de manera virtual y se extendió durante más de 14 horas, desde las 8 hasta pasadas las 23. A lo largo de la jornada, más de 240 expositores presentaron sus posturas. En un debate que combinó visiones técnicas, ambientales, sociales y productivas sobre el futuro de la Hidrovía en una nueva licitación.
Un amplio número de participantes, más del 90% según los registros oficiales, expresó su rechazo a la posibilidad de profundizar el dragado del río Paraná sin contar con estudios ambientales exhaustivos y actualizados. Los cuestionamientos provinieron de abogados ambientalistas, representantes de pueblos originarios, pescadores, isleños y defensores de los ecosistemas del humedal. Todos ellos advirtieron que una eventual profundización del canal podría afectar la vida fluvial y alterar el equilibrio hídrico de la Cuenca del Plata.
Durante el encuentro, se escucharon reclamos por una mayor inclusión de los habitantes de las ciudades costeras. Y por extender el proceso de consulta para que no se reduzca a una instancia meramente formal. Los oradores coincidieron en la necesidad de un enfoque integral que contemple la realidad ambiental, social y económica de toda la región.
Reclamos por un enfoque sostenible
Entre las intervenciones más destacadas, el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió sobre los riesgos de avanzar con un dragado a 44 pies sin una evaluación ambiental profunda. Moreno sostuvo que esa medida podría acelerar el escurrimiento del agua. Y además afectar el comportamiento de la cuenca, con consecuencias graves sobre los ecosistemas y las comunidades ribereñas.
El dirigente también alertó sobre la falta de control ambiental estatal. Y señaló que el propio Ministerio de Ambiente reconoció que no realizó estudios específicos sobre el dragado en los últimos veinte años. En su exposición, destacó la importancia del transporte fluvial como alternativa sustentable. Y recordó que migrar solo el 10% de la carga que se transporta por camión hacia barcazas entre Rosario y Buenos Aires permitiría reducir hasta 300.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año.
Moreno enfatizó que la Vía Navegable debe ser “un motor de desarrollo sostenible”, priorizando la ciencia, el trabajo y la soberanía nacional. Y reclamó mayor participación de las comunidades, trabajadores y científicos en la toma de decisiones estratégicas.
La Vía Navegable Troncal, conocida comúnmente como “hidrovía”, constituye el principal corredor logístico del país. Conecta los puertos del litoral fluvial argentino con el océano Atlántico a través del Río de la Plata. Por este sistema circula cerca del 80% del comercio exterior nacional, principalmente granos, harinas y aceites vegetales.
La nueva licitación en curso de la Hidrovía definirá quién estará a cargo de su mantenimiento, dragado y señalización. En un proceso considerado estratégico tanto por el sector público como por el privado. En este sentido, las entidades empresarias remarcaron la importancia de que el nuevo esquema concesional garantice previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad económica. Asegurando además la competitividad del sistema portuario nacional.
La Anpyn, dependiente del Ministerio de Economía, asumió la responsabilidad de conducir el proceso licitatorio. Y convocar las instancias de participación ciudadana establecidas por ley. En su portal oficial, la agencia puso a disposición pública los documentos técnicos y ambientales que sustentan el informe de gestión de la Vía Navegable. Bajo el título “Documentación, antecedentes e informes de gestión y evaluación ambiental de la VNT”.
Una etapa decisiva para el futuro del Paraná
Con la audiencia ya realizada y el aval judicial que permitió su desarrollo, el proceso para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal avanza hacia su etapa de adjudicación. La discusión, sin embargo, dejó en evidencia la necesidad de conciliar intereses productivos y ambientales. En un contexto en el que la sustentabilidad del desarrollo fluvial se presenta como un desafío central.
Por su parte, las cámaras empresarias celebran la continuidad institucional y la transparencia del proceso. Mientras que las organizaciones ambientalistas insisten en que la nueva concesión debe incorporar estudios actualizados, control estatal efectivo y mecanismos reales de participación ciudadana.
El debate por la hidrovía, en definitiva, refleja un dilema mayor. Cómo garantizar un modelo de desarrollo que potencie la competitividad del país sin comprometer su patrimonio natural. En ese equilibrio se juega una parte decisiva del futuro económico, ambiental y social del litoral argentino, publicó Mundo Gremial.
APF


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