El gobierno nacional convocó a una audiencia pública para este 3 de noviembre con el objetivo de avanzar en la licitación para el dragado del río Paraná en el marco de la concesión de la hidrovía.  Se trata de un plan de dragado que busca adaptar nuestro ecosistema a los barcos que llevan las cargas que se exportan de la Argentina. 

Estos movimientos en el río Paraná afectan al ambiente. Calar el fondo del río genera movimiento en las costas, afectaciones en la fauna y la flora como así también tiene impacto en el suministro de agua de las ciudades costeras. Para conocer en detalle la afectación, la Ley impone la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental. 

En esta convocatoria el gobierno busca prescindir de esos estudios y esto generó malestar en sectores ambientalistas que pusieron el grito en el cielo. La Asociación de Abogados Ambientalistas emitió un comunicado en donde señalan que la audiencia a la que convoca el gobierno es “fraudulenta” y convocaron a la ciudadanía a conectarse a la misma para manifestarse contra las intenciones del gobierno. 

Fabián Maggi es abogado integrante de dicha organización y en diálogo con radio Plaza aseguró: “La audiencia que convoca el gobierno es fraudulenta porque carece de estudios de impacto ambiental, no ha sido objeto de la debida convocatoria para que las personas se puedan enterar, informarse y participar y que tiene una serie grave de irregularidades que preocupan y muchísimo”. 

“El Estado dice que no presenta ningún estudio de impacto ambiental y que con la documentación anexa es suficiente para la evaluación, lo cual no es cierto. Es una ilegalidad grave y además es una falta de evaluación real de los graves impacto que producen el dragado del río Paraná de la vía navegable”, agregó el abogado. 

Comunicado completo de la Asociación de Abogados Ambientalistas

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciamos penalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia convocada. La misma está prevista para el 3 de noviembre de 2025 y busca convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT).

Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva.

El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de “gestión ambiental” sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión.

El daño es profundo: esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas.

Además de impugnar su legalidad, hacemos un llamado urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59.

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el dia 22 de octubre y se encuentra en curso de investigación por las graves irregularidades administrativas y las sospechas de corrupción. Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas y territoriales a inscribirse, a hacer oír su voz y a sumarse a esta convocatoria. Porque lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo.

No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación. Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos.