Tras más de ocho horas de audiencia, el juez de Garantías Julián Vergara decidió este jueves elevar a juicio oral y público la causa conocida como Coimas, en la que están imputados el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario Diego Armando Cardona Herreros. Otros acusados, son los exfuncionarios de Gobierno, Guillermo Smaldone; Miguel Ulrich; Luis Erbes, Humberto Flores y Carlos Haidar. Los delitos que se endilgan van desde negociaciones incompatibles con la función pública a peculado y cohecho.

La resolución se dio a conocer tras una extensa audiencia que se extendió desde las 8.30 a las 16.30. La discusión en torno a la elevación de la causa a debate comenzó entre febrero y marzo de 2024.

En su lectura, el juez Vergara fundamentó el rechazo a todas las nulidades planteadas por los abogados defensores, quienes habían solicitado la invalidación de algunas pruebas presentadas en la causa. Con el rechazo a estos pedidos, la decisión final fue que los acusados enfrentarán un juicio oral y público por los hechos de corrupción que se les imputan.

La causa está centrada en las presuntas dádivas y sobornos entregados por Cardona Herreros, un empresario con fuertes vínculos con el gobierno provincial, a funcionarios de la administración de Urribarri. Según los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, los pagos irregulares se realizaron en el marco de contrataciones entre el Estado provincial y las empresas de Cardona Herreros (Relevamientos Catastrales y Relcat).

Entre los detalles más escandalosos que se presentaron durante la investigación, se mencionan los viajes de lujo que el empresario costeó para Urribarri y su familia, algunos de los cuales incluyeron a amigos cercanos del exgobernador. Los fiscales también expusieron la presunta manipulación de contratos y pagos ficticios que se habrían realizado para desviar dinero público hacia cuentas privadas.

El proceso comenzó en 2017, tras una publicación de la revista Análisis que desnudó las relaciones entre Urribarri y Cardona Herreros. Producto de la amistad entre ambos, las empresas Relevamientos Catastrales y Relcat de Cardona Herreros hicieron jugosos negocios con el Estado provincial, proveyendo software para “modernizar y agilizar” las gestiones públicas. La investigación fiscal tuvo un avance importante en junio de 2018, después de los allanamientos que realizaron agentes del Ministerio Público Fiscal en las oficinas empresariales ubicadas en provincia de Buenos Aires. 

Rechazos a planteos defensivos

En su extensa lectura, el juez Vergara rechazó innumerables planteos defensivos de toda índole. Desestimó el pedido para excluir del juicio un informe contable del 30 de junio de 2021 clave elaborado por una contadora de la Fiscalía; la solicitud para excluir evidencia secuestrada en otras causas de corrupción en la que se investigó a Urribarri; como así también el planteo para desechar los informes sobre entrecruzamiento de llamadas que fue concluido en abril de 2022 por una escribiente de la Fiscalía.

Asimismo, el juez rechazó excluir del juicio las declaraciones de imputados realizadas durante la investigación penal preparatoria, como así también algunos testigos propuestos por la Fiscalía. Vergara también desestimó los pedidos de sobreseimientos basados en la insuficiencia probatoria (por falta de prueba), ya que consideró que “se basan en interpretaciones que implican entrar a valorar la prueba y que esto es ajeno a esta etapa” y remarcó que para dictarlo debe “surgir de manera clara y palmaria que los hechos no existieron”.

Resolución del juez

En otro pasaje, tampoco hizo lugar al argumento de que todo lo realizado por la gestión Urribarri fue aprobado por los organismos de control y que no se pueden judicializar las decisiones administrativas. Al responder, recordó un fallo de abril de 2022, donde el Tribunal de Juicio sostuvo que los organismos de control (Tribunal de Cuentas, Contaduría, Tesorería de la Provincia y Fiscalía de Estado) “no tienen incidencia en una causa penal y que no obstaculizan las investigaciones judiciales”.

Acusados

Además de Urribarri y Cardona Herreros, entre los imputados se encuentran Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos; Humberto José Flores, exsecretario de Hacienda de la provincia; y Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajuste y Liquidaciones del Ministerio de Economía, entre otros. También están involucrados en la causa Guillermo Smaldone, extitular del Ministerio de Trabajo y del Tribunal de Cuentas; y Carlos Haidar, exdirector del área de Informática. 

Imputación

Urribarri es acusado de haber favorecido ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por su amigo cercano Diego Armando Cardona Herreros, tanto durante su gestión como ministro de Gobierno y luego como gobernador, desde enero de 2007. Se alega que el objetivo era generar lucro ilícito mediante la contratación de la empresa para desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial. Cabe recordar que el exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de cárcel en el marco del Megajuicio. En ese caso, el dirigente enfrenta un pedido de 10 años de prisión por corrupción.

La acusación señala que en el presunto hecho también participaron varios funcionarios, incluyendo a Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; el fallecido José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, entonces encargado de la cartera de Trabajo.

Asimismo, a Urribarri y Haidar se les imputa una “adenda” por la falsificación de fechas en actos administrativos, lo que permitió que la prórroga de ocho meses se computara desde diciembre de 2009, aunque realmente comenzó en enero de 2010. Esta maniobra habría permitido a la empresa y a los funcionarios obtener ganancias sin contraprestación alguna.

Análisis