Los más optimistas dicen que, quizás, el 27 de junio llueva en algunos lugares de la cuenca
del río Santa Lucía, aunque –de ocurrir– será absolutamente insuficiente para revertir una
situación que ha llevado a que la represa de Paso Severino –la principal fuente de
abastecimiento de la zona metropolitana– esté arañando los 3 millones de metros cúbicos, su
mínimo histórico.

Partiendo de estos pronósticos nada alentadores, el gobierno encabezado por Luis Lacalle
Pou declaró la “emergencia hídrica”, resolvió la realización de algunas obras y dispuso la
exoneración de impuestos al agua embotellada.

La decisión se tomó tras una larga e intensa reunión en la que los principales jerarcas de OSE
expusieron un estado de situación “muy crítico” que llevó al Poder Ejecutivo a empezar a
tomar como “escenario base” la inexistencia de lluvias para las próximas semanas.

Además de Lacalle Pou y los jerarcas de OSE, en la reunión también estuvieron los ministros
de Ambiente, Salud Pública, Economía y Defensa así como el secretario y el prosecretario de
la Presidencia, y el director de la OPP.

Obras y agua salada

Uno de los ejes de la reunión transitó por un análisis acerca de hasta cuándo durarían las
reservas disponibles, los plazos en que quedarían operativas algunas obras y la necesidad de
aumentar la sal en el agua.

Según supo El Observador a partir de fuentes del gobierno, OSE planteó que era necesario
aumentar los cloruros y el sodio para evitar que Paso Severino se quede sin reservas, algo
que se acordó pese a que inicialmente el Ministerio de Salud Pública (MSP) estaba reacio a
aceptar ya que sus autoridades eran partidarias de mantener los máximos tal y como están.

La norma establece actualmente como máximo excepcional que haya 720 miligramos de
cloruros y 440 miligramos de sodio por litro de agua. Antes, el máximo de los cloruros eran
280 miligramos por litro, mientras que de sodio eran 200 miligramos por litro, aunque el agua
que daba OSE solía estar bastante por debajo de estos máximos.

Lacalle Pou dijo en conferencia de prensa que los técnicos del MSP evaluarán en los próximos
días de cuánto podrán ser los nuevos máximos para que el agua “siga siendo bebible” .
“Seguramente se eleven las cifras. Básicamente es una regla de tres: esta calidad de agua da
para tantos días, x para 30 días, etcétera. Insisto, los cálculos los estamos haciendo en base a
que no vaya a llover”, agregó ante una consulta específica de El Observador.

Enrabada a la discusión sobre la calidad, el gobierno analizó y dispuso la realización de dos
obras para tomar agua dulce del río San José, aunque las autoridades de OSE plantearon que

era necesario realizar más y también tomar agua dulce del Río de la Plata y transportarla, algo
que –por el momento– no fue tomado en cuenta.

Este martes comenzará a construirse una represa precaria que permitirá contener el agua
dulce y funcionará como una barrera contra la intrusión salina sobre el río San José. El lugar
elegido es el paraje Buschental, pocos kilómetros aguas arriba de la desembocadura del brazo
menor del río San José en el Santa Lucía (arriba del parador Tajes).

Como segunda obra, y de mayor porte, se construirá una tubería de trasvase desde el río San
José al Santa Lucía. Esta será de 13,5 kilómetros y conectará la captación desde Paso Valdéz
(en el cruce de la ruta 45 entre Libertad y Villa Rodríguez) hasta Paso Belastiquí.

De acuerdo con un proyecto presentado a Lacalle Pou, la idea es aprovechar la ventaja de que
el terreno es en línea recta y construirla al margen de un camino vecinal rural a medida que
vayan llegando los tubos de 1.200 milímetros (que se comprarán en Brasil y Argentina).

El presidente señaló que esta última obra tendrá un costo de US$ 20 millones y que tardará
aproximadamente un mes en estar pronta.

A su vez, defendió que se realizara ahora y no previamente debido a que por la sequía el río
tenía un caudal tan bajo que “no estaba disponible para extraer agua”.

Agua embotellada

Sabiendo que la calidad del agua que saldrá de las canillas empeorará en la medida en que no
llueva, el gobierno también dispuso exonerar de impuestos (mediante decreto y proyecto de
ley) al agua embotellada, una medida con la que esperan baje el precio, y que supondrá una
pérdida de US$ 10 millones en la recaudación.

Actualmente, el agua embotellada tributa por la tasa superior del IVA (22%) y por un adicional
del Imesi (10,5%, por litro).

Los precios continuarán siendo monitoreados por la Unidad de Defensa del Consumidor del
Ministerio de Economía, que desde hace varios meses publica los montos de referencia.

El último informe, publicado el viernes 16 de junio, señala que las botellas de entre 2,25 y 2,5
litros de agua sin gas tenían un precio promedio de $62,6, ya que el mínimo al que se estaba
vendiendo era $49 y el máximo $82.

Los bidones (de entre 6 y 6,25 litros) costaban $99 los más baratos y $150 los más caros, por
lo que el promedio era de $124,5.

Pese a los pedidos de la oposición, el Ejecutivo rechazó realizar descuentos en la tarifa de
OSE aunque está evaluando y no descarta aumentar “el universo de gente que reciba agua
gratuita”, dijo Lacalle Pou.

Actualmente, el Mides está dando un subsidio de dos litros diarios de agua embotellada para
la población vulnerable, una medida que alcanza a 21 mil personas (embarazadas, niños
menores de dos años e integrantes del programa de enfermedades crónicas del ministerio)
que están comprendidos en el programa Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (Afam-pe)
o tienen Tarjeta Uruguay Social.

El Observador