Fue en un juicio abreviado que se realizó este lunes. Se trata de un chofer y un administrativo del Ministerio de Salud. Los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 2023. Ambos reconocieron los hechos y aceptaron cumplir una pena de prisión condicional mientras devuelven el monto sustraído. El juez dará a conocer la sentencia el viernes 27. Los acusados dijeron que lo hicieron por necesidad. No podrán volver a ejercer cargos públicos. El perjucio al erario público superó los dos millones.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 27 a las 11 cuando dará a conocer su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado que le presentaron las defensas de MFM, chofer del Ministerio de Salud que es defendido por Sergio Pacher; y JLC, empleado administrativo del mismo organismo, que es asistido por el defensor público, Juan Carlín, que fueron imputados del delito de Estafa en perjuicio de la Administración Pública.

En la audiencia que se realizó este lunes, el juez escuchó al fiscal Gonzalo Badano leer los hechos imputados y exponer las circunstancias que se consideraron para arribar al acuerdo. En este sentido, las partes acordaron con el reconocimiento de sus asistidos, la imposición de la pena de dos años de cumplimiento condicional más la observación de reglas de conducta por el plazo de la condena. También se acordó la imposición de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El hecho

MFM, de 38 años, agente del escalafón general con servicios en el Departamento Prensa y Difusión dependiente de la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación del Ministerio de Salud; y JLC, de 40 años, empleado administrativo de la División Viáticos del mismo organismo, reconocieron que entre enero y septiembre de 2023 perjudicaron al Estado por la suma de 2.535.841 pesos.

Para ello, según la acusación y como lo reconocieron los acusados, se valieron de firmas y sellos falsos de directivos del Ministerio, consignados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Se trató de 66 maniobras en las que se presentaban tickets de carga de combustible que eran fundados en distintos motivos.

Entre aquellos se enumeró que se los concedía por una cantidad superior a la capacidad del tanque del vehículo para el que era destinado; que se lo hacía en horarios, fechas y localidades que no tenían relación con la comisión del servicio; que se usaban tarjetas de marcación falseadas o pre impresas con nombres de funcionarios policiales, que también eran completadas con fechas y firmas falsas de funcionarios.

También se imputó que se cargaban datos falsos en el sistema SIAF para generar importes mayores a a abonar en concepto de viáticos y combustible; y la omisión de rendición de las comisiones de servicio.

¿Estado de necesidad?

Ambos imputados reconocieron los hechos apenas comenzó la investigación. Esto, junto al reconocimiento del hecho que realizaron en la audiencia de este lunes, sumado que ninguno cuenta con antecedentes penales, fue sopesado por el juez que adelantó que es muy probable que homologue el acuerdo.

MFM, cuando se le recabó reconocimiento del hecho y el consentimiento a la salida abreviada, manifestó que “sí, reconocemos, sí, solo que lo que hicimos fue por necesidad para comer, vestirnos, pagar el alquiler” y abundó que no fue “para comprar autos, motos, enriquecernos ilegalmente”. Añadió que ambos tienen familia a su cargo.

El imputado también expresó que “estuvo mal lo que hicimos y desde un primer momento lo estamos devolviendo” y reiteró que cometieron el hecho “para comer y vestirnos porque no nos alcanzaba”.

APF