La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó una queja presentada por los abogados defensores de Juan José Canosa, exdirector de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), y su esposa, la funcionaria judicial Paula Montefiori. La decisión fue tomada con los votos de Claudia Mizawak y Daniel Carubia, mientras que Miguel Giorgio disintió. El objetivo de la queja es buscar el sobreseimiento en una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

“Como he tenido oportunidad de expresar en casos similares, considero ostensible que el rechazo al pedido de sobreseimiento no constituye Sentencia definitiva, no causa estado, no pone fin al pleito ni ocasiona un gravamen irreparable”, sostuvo Giorgio, vocal del primer voto, quien consideró que “se descarta la existencia de sentencia definitiva o equiparable a tal que posibilite la apertura de esta vía pretendida, no constatándose en el caso de marras vulneración alguna de garantías constitucionales que exceptúe la regla aplicada”.

Giorgio también descartó hacer lugar a la pretensión de la defensa en relación al “caso Cozzi”, y reiteró cuál ha venido siendo su postura respecto de ese fallo: “El precedente invocado deviene en la excepción y no en la regla bajo la cual pretenden amparar los recurrentes su reclamo, considerando que en todos esos casos invariablemente asumí idéntica postura que en el presente”.

“En definitiva y a la luz de lo expuesto, concluyo que no se encuentran reunidos los requisitos mínimos habilitantes de la vía extraordinaria, compartiendo la postura denegatoria asumida por la Cámara de Casación y proponiendo así el rechazo del recurso incoado, con costas”, cerró su voto.

Mizawak marcó su disidencia con la postura de Giorgio. “Tal como se invoca y demuestra en el libelo bajo examen, se plantearon concretos agravios constitucionales que dan lugar al remedio extraordinario intentado, tales como la arbitrariedad de lo resuelto”, consideró, por el contrario, la vocal.

“A su vez, se precisó y fundamentó que el pronunciamiento en crisis infringe la doctrina jurisprudencial fijada por esta Sala en el precedente “COZZI””, entendió, por lo que “objetivamente encuadra en las previsiones del inc. 2º, del art. 521 del CPPER, que establece la procedencia de la impugnación extraordinaria cuando la sentencia de la Cámara de Casación Penal resulte contradictoria con la doctrina sentada en un fallo anterior del mismo Tribunal o del Tribunal Superior sobre la misma cuestión”.

“La queja articulada exhibe seriedad y es un razonado intento de demostrar que se configuran los vicios constitucionales que se denunciaron e individualizaron claramente y que no se avizoran como una mera crítica contra las supuestas erróneas conclusiones a que arriba la Cámara de Casación, por lo que no es factible descalificar a priori la procedencia formal del recurso extraordinario provincial articulado”, cerró, expresándose por hacer lugar al recurso de queja.

Carubia, en tanto, adhirió al voto de Mizawak.

La causa tiene ocho años en los Tribunales. Inició en diciembre de 2016 a raíz de una denuncia presentada por los entonces diputados provinciales de Cambiemos, Alberto Rotman, Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola. Si bien en un primer momento hubo avances, con el pasar del tiempo la causa quedó paralizada.

En esta instancia, los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, defensores de Canosa, junto con Andrés Bacigaluppo, representante legal de Montefiori, criticaron una resolución anterior de la Cámara de Casación Penal que había confirmado la decisión de una jueza de Garantías del Tribunal de Juicios y Apelaciones, la cual también había desestimado una impugnación extraordinaria. Ante esta situación, los letrados decidieron llevar su recurso de queja a la Sala Penal del STJ, que finalmente lo admitió favorablemente.

Kisser: “No alcanza con hacer la denuncia”

En diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza), que reprodujo PlazaWeb, el exsenador de Cambiemos, Raymundo Kisser, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Canosa consiga el sobreseimiento. Recordó que él denunció al extitular del Sidecreer en 2016 por negociaciones incompatibles con la función pública (en 2018 fue condenado a tres años de prisión condicional) y que luego un grupo de diputados de Cambiemos presentaron la denuncia por enriquecimiento ilícito. En ese sentido, criticó a estos últimos por no haberle hecho un seguimiento a la causa.

“Lo que pasó es que se le concedió un recurso de queja. Habrá que ver qué va a resolver la Sala Penal del Superior Tribunal. Acá, evidentemente hay que hacer una crítica a los diputados que hicieron la denuncia y ahí se quedaron. En cambio, yo la estuve fogoneando permanentemente a la denuncia. Hay un riego porque hablamos de una causa de hace ocho años”, dijo.

Enseguida, agregó que en la investigación “quedaba pendiente una pericial que era la tasación de un inmueble importante que tiene Canosa y su cónyuge” y lamentó que no se haya llevado a cabo.

“No alcanza con hacer la denuncia, sino que a la fiscalía hay que alimentarla para que no pasen situaciones como estas. El sentido de responsabilidad no se agota con hacer la denuncia, sino que hay que colaborar. Hay enorme cantidad de causas y si la Procuración no avanza demasiado con las causas vinculadas con la política pasan estas cosas”, subrayó.

Finalmente, Kisser resaltó que que “la denuncia se hizo y nunca se hizo la tasación” y advirtió que es llamativo ya que “el Superior Tribunal cuenta con tasadores y peritos”. “A veces se priorizan otras cosas y si uno no las alimenta, pasan estas cosas”, finalizó.

Condena a Canosa

Canosa fue condenado el 12 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por los vocales Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, al encontrárselo “autor material y responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Se lo condenó por tres hechos: desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2015, siendo presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer S.A), Canosa compró insumos informáticos a su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa); la hermana de ésta, María José Cuestas; y a su esposo, Diego Aníbal Urba, a través de la firma Excelcom S.A.

Desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2015, dispuso la compra de indumentaria a Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la firma Texmer.

Desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2015 Canosa contrató con la empresa constructora “JDR Construcciones”, de José Daniel Romero quien se encuentra casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre del extitular de Sidecreer, a fin de realizar distintas obras de construcción, electricidad, pintura y/o carpintería. La sentencia, a pesar de las apelaciones, quedó firme.

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