Diego Spagnuolo cree que el gobierno nacional quiere “hundirlo” sólo a él en respuesta a la causa por presunta corrupción alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que dirigió hasta el 20 de agosto. Con ese telón de fondo, ante la consulta de nulidad de la investigación que formuló la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker -accionistas de la droguería Suizo Argentina-, el ex funcionario pidió una prórroga “porque está evaluando convertirse en arrepentido”.

Cuando la grabación en la que habla de un esquema de presuntas coimas con porcentajes distribuidos en el que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia percibiría el 3% del 8% exigido como coima a la Suizo Argentina, tomó estado público, Diego Spagnuolo fue despedido por el presidente de la Nación.

Fue la primera reacción de la Casa Rosada ante el escándalo público que se convirtió en un expediente penal que instruye el fiscal federal Franco Picardi, bajo secreto de sumario hace veinte días hábiles.

La hipótesis central del caso es que había funcionado dentro de la ANDIS un esquema de sobornos que involucraría a la compañía de la familia Kovalivker. La misma, se convirtió en la principal proveedora de medicamentos del organismo nacional a través del programa Incluir Salud.

Allí, incluso hubo una licitación por 24.000 millones de pesos que expuso que la droguería cubría el 22% de la demanda de medicamentos. El porcentaje restante se distribuyó entre 57 proveedores.

Los contratos bajo análisis entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA suman 55.000 millones de pesos. La justicia quiere determinar si existió un direccionamiento de los procesos de compra, si los valores que comprometieron fondos del Tesoro estuvieron acorde al mercado o existió algún perjuicio.

En esencia, el fiscal Picardi quiere saber si es que esas irregularidades existieron, si fueron a cambio de un retorno a los funcionarios públicos. Es decir: un circuito de coimas, aquello de lo que hablaba Diego Spagnuolo en las grabaciones que tomaron estado público.

La defensa de Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker hizo dos planteos: un pedido de nulidad de la causa por considerar que la grabación que da origen al expediente penal es de origen ilícito, ya que “viola el derecho a la intimidad de Diego Spagnuolo”.

El segundo pedido que persigue la misma finalidad, desactivar la investigación, se funda en el principio de supuesta “cosa juzgada”: como ya se investigó aquel contrato de 24.000 millones de pesos pero posteriormente por no haber encontrado elementos que sustente las acusaciones se solicitó su archivo, entiende el abogado Martín Magram que la actual pesquisa no debería continuar.

Cuando se pidió la opinión sobre estos dos pedidos a los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, consideraron que era conveniente pedir una prórroga para dar a conocer su criterio al respecto.

En primer lugar, entienden que como la causa permanece bajo secreto de sumario no sería prudente pronunciarse sobre una investigación que no conocen en detalle.

Sin embargo, el argumento prevaleciente, según explicaron a Clarín fuentes allegadas a Spagnuolo, fue que “evalúa convertirse en arrepentido”. La figura penal es la del imputado colaborador: alguien que como el término indica, decide colaborar con la justicia reconociendo la culpabilidad de un delito y aportando información sobre otros responsables.

“Paranoico. Angustiado. Inquieto”, con esos términos definieron al ex titular de la ANDIS quienes lo vieron los últimos días, según pudo reconstruir Clarín. “Ve fantasmas en todos lados”, contaron.

Bajo ese panorama, hay algo que inquieta aún más a Spagnuolo: cree que la administración de Javier Milei lo “quiere hundir sólo a él”. Allí radica la motivación central para evaluar por estas horas su declaración, frente un gobierno golpeado por el resultado electoral bonaerense.

La duda que rodea a la decisión que tiene bajo estudio Spagnuolo es: ¿Con qué va a colaborar si decide ser arrepentido? Esto es clave pues aún no se conocen las imputaciones formales por parte del Ministerio Público Fiscal.

Lo que hizo el fiscal Picardi fue fundamentar el inicio de la investigación y como la tiene delegada (tiene la investigación a cargo), no requería formular imputaciones individuales sino explicar si encontraba en lo que exponían las grabaciones un grado de sospecha suficiente para justificar una investigación.

Por ese motivo es que la defensa de Diego Spagnuolo pidió una prórroga al juez Sebastián Casanello respecto a los pedido de nulidad formulados por los Kovalivker. Antes de responder a si están de acuerdo, o no con que no se continúe investigando, creen necesario resolver el curso de la acción.

Esto significa: No pueden adherir a pedidos de nulidad sin determinar el rumbo que la estrategia de defensa puede tomar una vez que el secreto de sumario se levante y puedan acceder al expediente para observar qué medidas de prueba hay, qué posibles acusaciones pueden recaer sobre Spagnuolo y qué escenario abre tal situación, para su defendido.

El ex titular de la ANDIS no descarta en lo más mínimo la posibilidad de ser un imputado colaborador. La decisión final se conocerá cuando concluya el secreto de sumario, mediados de la semana próxima.

En caso de buscar arrepentirse, Spagnuolo debería pedírselo al fiscal Franco Picardi, ya que los acuerdos se firman con el Ministerio Público Fiscal y tienen validez cuando los homologa el juez instructor.

Para llegar a dicha instancia, hay una serie de requisitos: todo lo que diga debe ser verdad y revestir carácter de novedoso para el expediente, es decir, no puede aportar cuestiones ya corroboradas por la fiscalía.

Junto con ello, la ley del imputado colaborador exige que quien se acoge a este beneficio -que no exime de la responsabilidad penal- apunte con la información a personas de mayor jerarquía a la suya en la estructura delictiva.

La confesión de un imputado colaborador se realiza frente a su abogado y el primer requisito es que nunca puede ser bajo ningún tipo de coacción. Otro detalle: el falso testimonio es un delito de pena aún mayor.

Clarín