El intendente de Madariaga, Esteban Santoro, denunció que en el Pami opera una asociación ilícita que aplica un compulsivo pase de cápitas a una clínica privada. El caso se expande e impacta en Pinamar, Gesell y La Costa.

En medio de las acusaciones por corrupción que cruzan al Pami, en las últimas horas se destapó un caso que agrava el escándalo en la obra social de los jubilados y que generó que, por primera vez, un intendente se presente ante la Justicia para hacer una denuncia penal.

El radical Esteban Santoro, intendente del municipio bonaerense de General Madariaga, hizo una presentación conjunta con la Unidad Fiscal especializada en el Pami en la que pide investigar los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la administración pública, según consta en la denuncia.

Sucede que, desde diciembre pasado, Pami reasignó sin aviso casi todos los pacientes de Madariaga de la obra social, quitándole al hospital municipal 3.000 cápitas por guardia, atención e internación para reasignarlos a una clínica privada del distrito, el Instituto Médico Madagariense.

Se trata de una maniobra extendida en el gobierno libertario. Lo mismo ocurrió en la delegación del Pami en Jujuy, donde se derivaron pacientes a la clínica del diputado libertario Manuel Quintar. Hasta ahora con total impunidad y sin que la Cámara de Diputados o la justicia federal considere necesario investigar el tema.

El Pami depende del ministro de Salud, Mario Lugones, que ubicó al frente de la obra social a Esteban Leguizamo. Lugones viene del negocio de la salud privada, es uno de los socios del Sanatorio Güemes.

El ministro de Salud es además padre de Rodrigo Lugones, socio en la consultora Move del estratega presidencial Santiago Caputo. La relación entre ambos consultores no pasaría por su mejor momento porque el Pami adjudicó al Grupo Clarin un contrato para que provean pañales para adultos por 500 millones de dólares, en el preciso momento que el presidente Milei denunciaba que ese grupo de medios los “carpeteaba”. Caputo quedó en una posición muy incómoda con los hermanos Milei por esta decisión de los Lugones.

Como sea, esta es la primera vez que un dirigente político importante denuncia directamente a la obra social, que viene acumulando escándalos. Según la denuncia presentada por Santoro, el Pami también asignó a esa clínica la atención de jubilados de otros municipios de la región, algunos distantes a más de 70 kilómetros, quitándole la cápita (y los recursos) a los hospitales municipales que, de todas maneras, terminan atendiendo a los afiliados.

La presentación tiene un efecto expansivo y empezó a impactar en Pinamar y Villa Gesell, donde ya hay funcionarios locales denunciando esta situación. Por eso, hay quienes sospechan que el caso va a destapar maniobras similares en otros distritos.

La asignación de cápitas por parte de Pami a un centro de salud implica el giro de fondos. Fuentes al tanto del caso señalaron que por esta maniobra la clínica elegida a dedo por las autoridades de la obra social de los jubilados recibirá más de 80 millones por mes por servicios que, por lo general, no presta.

Un hecho similar había sido denunciado en 2021 durante la gestión de la camporista Luana Volnovich, pero luego de la polémica fue anulado. Sin embargo, en 2024 el municipio volvió a advertir esta quita compulsiva de afiliados que se profundizó este año.

“Las anteriores veces por lo menos tenían el decoro de mandarte una carta documento diciéndote que hubo reasignación de cápita. Esta vez ni avisaron y lo hicieron a mitad de mes, con lo cual gente que se estaba atendiendo en el hospital público quedó en el limbo para su atención”, dijo el abogado del municipio de Madariaga, Leandro Alonso.

El intendente Santoro junto a Alonso estuvieron el último viernes en la UFI Pami, que decidió acompañar la denuncia que fue presentada este martes en Mar del Plata, aunque la causa podría radicar finalmente en Dolores.

“En la delegación local de Pami esquivan el tema y se escudan en que para implementar una decisión de este tipo hacen falta permisos informáticos de arriba”, afirmó. Las sospechas apuntan al accionar de la regional de Pami de Mar del Plata, que abarca a Madariaga y que manejan funcionarios que reportan a la estructura de Sebastián Pareja, ante la aparente pasividad del ministro Lugones, que hasta ahora no reaccionó a ninguna de las denuncias que acumula la gestión del Pami de su hombre, Leguizamo.

“El sistema informático de Pami es muy específico, supuestamente tiene medidas de seguridad muy grandes que hacen que todo lo que se toca, quede. Y acá no se tocaron uno o dos afiliados sino cerca de 10 mil”, dijo Alonso, por lo que pidió una pericia informática.

Y agregó: “Vos no pasas 10 mil cápitas de un día para el otro si no hay un nivel de responsabilidad sumamente alto para que esto suceda”.

Frente a esta denuncia, el secretario de Salud de Villa Gesell, Jorge Villalba, reveló que desde agosto pasado Pami le quitó la cápita de 1.000 jubilados al hospital municipal.

“Yo me entero en enero que faltaban 1.000 cápitas y es mucho dinero. Están faltando 12 millones de pesos por mes desde agosto del año pasado”, dijo Villalba a la radio Municipal de Gesell. 

Y agregó: “Los jubilados van al hospital de Villa Gesell, no pueden viajar a una guardia en Madariaga, vienen acá y eso no lo facturamos en el hospital y se atiende al paciente igual”.

También se registraron casos en Pinamar y en el Partido de La Costa, donde, según expuso Alonso, “le pagan remises a los jubilados para trasladarlos hasta Madariaga”, en lugar de que sean atendidos en el hospital local o alguna de las dos clínicas privadas que tenían cápita antes.

La denuncia a la que tuvo acceso LPO especifica casos puntuales de pacientes con cirugías programadas en el hospital local que no pudieron realizarlas porque fueron trasladados a la clínica privada.

“Más manoseo al afiliado imposible de imaginar, sin pensar en que esto no se trata de una simple irregularidad”, señala la denuncia que, a la vez, especifica que el hospital municipal sigue atendiendo por mes a alrededor de 120 afiliados que capitan en el Instituto Médico.

“Y le siguen pagando al Instituto por gente que no atiende y cuando se tiene que atender, como la atención es mala, pide volver a la Municipalidad”, dijo Alonso.

La Política On Line