Alicia Benítez y Néstor Kemerer, que se desempeñaron durante el gobierno de Urribarri, admitieron el pago de viáticos por trabajos que no se hicieron. En la misma causa varios empresarios de la construcción recibieron probation.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, anunciará el 26 de junio a las 12 su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado presentado por los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano y las defensas de Alicia Benítez y Néstor Kemerer. A los exfuncionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se les imputan los delitos. Administración fraudulenta, por el caso de la Cumbre del Mercosur, involucra solo a Benítez, y peculado negligente, vinculado al manejo de los viáticos en la DPV, afecta a ambos.

Acusaciones y acuerdos

Benítez optó por una salida alternativa en dos expedientes que se investigan desde hace más de una década en un caso y ocho años en otro. El primero examina el presunto pago de sobreprecios por obras y servicios contratados por vía directa mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada en Paraná en diciembre de 2014.

Por otro lado, tanto Benítez como Kemerer fueron imputados por hechos ocurridos en la DPV en 2017, donde se habrían pagado viáticos por comisiones de servicio que nunca se realizaron. La irregularidad fue detectada gracias a los relojes biométricos en la sede de Vialidad, que registraron la presencia de los trabajadores en el edificio cuando, en teoría, debían estar en comisión de servicios.

Multas

Como parte del acuerdo, los imputados aceptaron pagar multas económicas. En el caso de Benítez, los montos son:

> 12.924.929 pesos por el presunto sobreprecio en las obras de la Vieja Usina, la Escuela Centenario y otros servicios y refacciones.

> 457.476 pesos por los viáticos de la DPV.

Benítez se comprometió a abonar estas sumas en seis cuotas iguales y consecutivas de 2.230.999,35 pesos, iniciando los pagos del 1 al 10 de julio si el juez homologa el acuerdo.

Por su parte, Kemerer pagará 667.499 pesos en dos cuotas, bajo las mismas condiciones que Benítez. Cabe recordar que Kemerer tiene una condena a prisión condicional por el uso de fondos de la DPV para construir una escuela privada para hijos de trabajadores viales. Sin embargo, los fiscales señalaron que los hechos de esta condena ocurrieron después de los investigados en el presente expediente.

Acuerdo previo con empresarios

El legajo que investiga el presunto pago de sobreprecios en la Cumbre también involucró a empresarios de la construcción, entre ellos Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Daniel Aníbal Hereñú y Rubén Grasso, quienes participaron en distintas funciones dentro de la Cámara Argentina de la Construcción y en firmas constructoras. Benítez figura como Coordinadora General de las obras y servicios para el evento.

En junio de 2022, la jueza de Garantías Marina Barbagelata homologó las probation de los empresarios y dispuso el pago de 500.000 pesos a diversas cooperadoras de hospitales y escuelas, además de una reparación económica de 500.000 pesos al Estado provincial.

Una vez más el hombres del empresariado entrerriano salieron indemnes en un caso por presunta corrupción.

Ahora / APF