Se trató de un fragmento de 20 segundos de una entrevista que se realizó sin la presencia de un abogado defensor. Miembros del Ministerio Público Fiscal entrevistaron en Buenos Aires a una abogada empleada de la empresa Relevamientos Catastrales SA, firma que está sospechada de pagar coimas para ser beneficiada en una licitación en Entre Ríos. La defensa cuestionó que la mujer, que fue entrevistada como sospechosa, fue advertida de que si no decía “la verdad” podría ser objeto de una acusación.

La defensa del ex gobernador, Sergio Urribarri, manifestó su oposición a la incorporación de la evidencia que los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, pretenden introducir para ser producida en el debate que juzgará la responsabilidad de Urribarri, el empresario de nacionalidad paraguaya, Diego Armando Cardona Herreros, y varios ex funcionarios de las gestiones de Urribarri como gobernador de la provincia, en el supuesto favorecimiento a la firma Relevamientos Catastrales SA, de la que Cardona Herreros es socio accionista y presidente, en la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública provincial que está operativo.

Miguel Cullen, que asiste a Urribarri, adhirió a los sólidos planteos que formularon en audiencias anteriores las demás defensas, que cuestionaron la evidencia porque entendieron que fue obtenida de manera ilegal y violando distintas leyes que regulan la actividad de recolección de evidencia y su preservación mediante rigurosos protocolos de actuación, que según las defensas, no fueron siquiera considerados en esta causa.

20 segundos

No obstante de desarrollar nuevos argumentos para sostener la oposición a la incorporación de evidencia documental y testimonial, el dato que se destacó de la audiencia estribó en la exhibición de un fragmento de 20 segundos de la entrevista que mantuvieron fiscales entrerrianos que viajaron a Buenos Aires y entrevistaron a empleados de la empresa.

El fragmento correspondió a la entrevista que los fiscales entrerrianos le realizaron a la abogada y empleada de la firma, Laura Suárez. Si bien el fragmento sólo exhibió el rostro de la abogada, se pudo escuchar con nitidez que la voz de la fiscal que la interroga es la de la ex procuradora general adjunta y ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que fue destituida por mal desempeño de sus funciones en una causa que puso en jaque al sistema político entrerriano.

Se trata de la Causa Contratos en la Legislatura. La destitución ordenada por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, un órgano político con rango constitucional, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la realización de un nuevo jury por cuestiones de forma –no menores-, y no de fondo.

En el segmento se pudo escuchar que la ex fiscal le advierte a Suárez que los fiscales tienen la potestad de decidir a quién investigan y le expresa que si “dice la verdad” ellos, por los fiscales, pueden decidir no endilgarle un hecho. Esta situación fue considerada por la defensa como “escandalosa” y violatoria del constitucional principio que sostiene que nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Se trata de la prohibición de autoincriminación. Cullen resaltó que “no se le puede pedir a un imputado que colabore con la investigación” y precisó que la declaración indagatoria es uno de los actos de defensa más importantes del proceso y no un medio de producción de prueba.

El defensor resaltó que la gravedad de pedirle a un sospechoso que diga la verdad para evitar ser investigado pone en peligro todo el andamiaje jurídico de la provincia. El letrado expresó que el segmento que se exhibió ante el juez de Garantías Julián Vergara, y los fiscales –en el salón solo quedó Badano-, “hay coacciones de todos los tipos y colores”. También destacó que de aceptarse la incorporación de semejante evidencia “abre una puerta que no se podrá cerrar jamás porque en el fondo, habilita absolutamente cualquier cosa”.

Cullen solicitó que se excluyan las entrevistas obtenidas sin observar las leyes y fundamentó su pedido en otra circunstancia que podría sobrevenir en el futuro debate cuando llegue el momento en que declaren empleados de la empresa que accedieron al derecho de la Suspensión del juicio a prueba o Probation. Así, planteó qué sucedería si en el debate los probados no dicen lo que los fiscales esperan que digan, y especuló con que podrían ser imputados del delito de Falso testimonio. Cullen destacó que “la prueba central fue obtenida contra todas las leyes vigentes y obliga a las partes y al Poder Judicial en su conjunto. No pueden ser base de un futuro juicio”.

No son informes

Cullen cuestionó el valor como evidencia de los supuestos informes que realizaron bioingenieros y contadores que son empleados del Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que “no son informes, analizan prueba parcial obtenida ilegalmente”. De los bioingenieros reiteró argumentos ya señalados respecto a que no contaban con las incumbencias que las normas les confieren según el Colegio que regula su labor. Señaló que son informes “derivados de evidencia digital obtenida ilegalemente” tras allanamientos en Buenos Aires en el contexto de otro legajo de investigación que se sustancia por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito que tiene a Urribarri, Carona Herreros y allegados al ex gobernador como sospechosos.

Respeto de las contadoras, expuso que una presentó un “informe” en el que a pesar de que en la formulación del punto de pericia que le solicitaron los fiscales estaba implícita la confirmación del punto a evacuar, la contadora respondió que con los elementos que evaluó, que se los proveyeron los investigadores, no se podía afirmar que la sigla PLM refiriera al pago de los sobornos o coimas que se investiga.

Cullen también cuestionó y pidió la exclusión del informe de entrecruzamiento de llamadas telefónicas entrantes y salientes de 13 personas. Sostuvo que el pedido de intervención de las líneas fue realizado sin la correspondiente orden judicial, transgrediendo una Acordada de la Corte Suprema y violando el reconocido fallo Halabi que protegen la intimidad de las personas. Añadió que Fiscalía pretendió “blaquear” la irregular situación solicitando la orden al juez de Garantías, pero en el pedido incluía el período que se investigó sin el respaldo de una orden jurisdiccional.

Intereses

En la audiencia estuvo presente el abogado Leopoldo Lambruschini, que representa los intereses de imputado Humberto Flores. El dato que no pasó desapercibido consistió que que el defensor asistió a Goyeneche en el jury que terminó disponiendo su destitución. Hoy asistió a la entrevista en la que su entonces defendida habría incurrido en un grave hecho de coacción. Tampoco pasó inadvertido que Lambruschini viene manifestando que no se opondrá a la incorporación de la evidencia que todas las defensas cuestionaron con duros y sólidos argumentos que deberá evaluar el juez de Garantías.

APF