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Interés General

FATAP advierte “imposibilidad de negociar acuerdo salarial” por los colectivos

Todo hace pensar en una medida de fuerza.

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Desde la Federación Argentina de Trasportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) reclamaron “acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios”.

El Consejo Directivo de la Federación Argentina de Trasportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) publicó un comunicado oficial en el que advierte a los usuarios de transporte público la “imposibilidad de negociar acuerdo salarial”.

“Como es de público y notorio conocimiento, el transporte de pasajeros urbano y suburbano del Interior del País se presta hoy merced a la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el marco del conflicto originado por la imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada por la representación sindical de los trabajadores“, inició la nota.

Asimismo, agregó: “En ese orden, FATAP advierte, a los usuarios y autoridades competentes, que dicha imposibilidad se mantendrá en tanto los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas. Es preciso que se comprenda que las concesiones o permisos de prestación de servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros por colectivos, establecen que los ingresos de las prestadoras son la recaudación por venta de pasajes (tarifas) y aquellos aportes (subsidios, Fondo Compensador, asistencias) que los gobiernos disponen para garantizar la accesibilidad a los servicios de la mayor cantidad de usuarios posible”.

Luego continuó: “Así, los incrementos que sufren los salarios, el combustible, los repuestos y los bienes de capital (buses, instalaciones), entre otros costos, deben encontrar adecuada cobertura en alguna de las dos fuentes de ingresos indicadas, siendo imposible asumirlos en caso de que ello no suceda”.

En ese sentido, sostuvo: “A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincia y nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables”.

Por último, remarcó: “Esa conducta, que soslaya los intereses y necesidades de millones de usuarios del Interior del País, encuentra confirmación en la reiterada ausencia de las autoridades del Ministerio de Transporte y del Consejo Federal del Transporte, a las audiencias citadas por el Ministerio de Trabajo, lo cual esteriliza la negociación paritaria, en tanto son quienes establecen y regulan los ingresos por tarifas y asistencias, únicos recursos con los que cuentan las empresas prestatarias para poder afrontar los mayores costos que surgirán del eventual acuerdo salarial. Las empresas nucleadas en FATAP y los trabajadores -cuyo reclamo reconocemos legítimo- continuarán extremando sus esfuerzos en pos de garantizar la prestación de un servicio esencial para millones de compatriotas, pero debemos advertir que, sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, aquel esfuerzo será en vano“.

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El congreso de Perú destituyó a la Presidenta por “incapacidad moral”

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El Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” en un juicio político relámpago. José Jerí asumió como interino.

En las primeras horas de este viernes, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago que fue aprobado con el voto de 118 congresistas. El presidente del Congreso, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada como presidente interino del país, en medio de una profunda crisis política y de inseguridad.

​Boluarte, de 63 años, fue apartada del cargo que ejercía desde diciembre de 2022. Esta decisión la convierte en la séptima presidenta que pasa por el cargo desde 2016, un reflejo de la inestabilidad política que vive Perú, con dos mandatarios destituidos, dos que renunciaron y uno que completó su mandato interino antes de la actual situación.

Destitución por “incapacidad moral” y críticas a la inseguridad

La mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su “permanente incapacidad moral” para dirigir el ejecutivo. La principal razón esgrimida por los congresistas fue la crisis de inseguridad que azota al país, con un aumento de la extorsión y la criminalidad.

​”El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.

​Boluarte se rehusó a presentarse ante el Congreso para defenderse, alegando su abogado, Juan Carlos Portugal, falta de garantías al “debido proceso” por el poco tiempo para preparar la defensa.

Sin apoyo y bajo escándalo

La mandataria carecía de bancada propia y de apoyo popular, lo que limitó su margen de maniobra. Aunque logró tejer pactos burocráticos con fuerzas conservadoras para evitar pedidos de vacancia, su gobernabilidad se deterioró notablemente en los últimos meses por la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

​Su gestión estuvo marcada por varios escándalos y procesos judiciales:

​Protestas iniciales: Investigada por la fiscalía por la represión de protestas que dejaron medio centenar de muertos tras asumir en 2022.

​Abandono de cargo: Procesada por presunto abandono de cargo al operarse la nariz sin avisar al Congreso.

​Rolexgate: Escándalo en 2024 cuando apareció con joyas de lujo no declaradas.

​Con su destitución, Boluarte perderá el fuero y podrá ser enjuiciada y condenada. José Jerí asumirá de manera interina, mientras Perú tiene programadas elecciones generales para abril de 2026.

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