Provinciales
Frigerio anunció que se mantiene congelamiento de un componente de la tarifa eléctrica
Publicado
hace 7 mesesel

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que mantendrá el congelamiento hasta fin de año del precio del Valor Agregado de Distribución (VAD), entre otras medidas que hacen al componente provincial de la tarifa. Esa decisión ya se había aplicado durante la administración del exgobernador Gustavo Bordet.
En rueda de prensa realizada este miércoles, el mandatario explicó que las nuevas medidas se suman a la eliminación de los impuestos provinciales. También recordó que se sostienen y se adecuaron 14 programas de subsidios que ya se venían implementando y que se está trabajando en implementar otros nuevos.
En la oportunidad, Frigerio remarcó que, ante el difícil contexto que se atraviesa, «tenemos que estar más cerca de la gente que nunca. Tenemos que tener más empatía. Y la tarifa de luz es uno de los temas que más preocupan a las familias entrerrianas, sobre todo después de la decisión del gobierno nacional de acercar el valor de la generación de energía a su costo real».
«Desde la provincia vamos a hacer esfuerzos para generar un poco de alivio», sostuvo, explicando luego que la tarifa de energía eléctrica tiene tres componentes centrales. Uno es la generación de energía, cuyo precio fija nación; otro son los impuestos; y el último el VAD, fijado por la provincia.
«Vamos a seguir peleando por nuestros derechos», subrayó, al hacer mención al reclamo que la provincia realiza ante nación mediante la vía judicial, «para que termine una discriminación que entendemos se produce con Salto Grande como generadora de energía». Dijo a su vez, que seguirán conversando con los intendentes para «ordenar y poner límites a los impuestos y tasas que se plantean desde los municipios entrerrianos».
Las nuevas medidas
Frigerio señaló que el conjunto de nuevas medidas se vincula al ítem que puede modificar el gobierno provincial, el VAD, siendo la primera medida congelar el precio del mismo hasta el 31 de diciembre de este año. Se trata del costo generado por las tareas de operación, mantenimiento e inversiones, el cual se traslada al usuario final de acuerdo a la legislación vigente.
A su vez, se aplicará un 25 por ciento de descuento en este ítem a usuarios residenciales de escasos recursos para los primeros 700 kWh bimestrales. La medida beneficia al 50 por ciento de los hogares entrerrianos y al 100 por ciento de las familias con ingresos menores a 900.000 pesos mensuales.
Una medida similar se adopta con comerciantes, pymes, profesionales y prestadores de servicios, subsidiando el 50 por ciento del VAD para los primeros 700 kwh bimestrales, lo que impacta en el 60 por ciento del total de usuarios de este sector.
En la rueda de prensa estuvieron presentes también la secretaria de Energía, Noelia Zapata; el presidente de Enersa, Ignacio Bergallo; y el titular del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), Juan Domingo Zacarías.
Subsidios provinciales
Entre los 14 programas de bonificación de tarifas que mantiene la provincia, la mayor inversión está destinada a las familias de bajos recursos, incluyendo bonificaciones a jubilados o pensionados y grupos familiares numerosos. También se invierte en la infraestructura para incluir a usuarios sin servicio o que se encuentren en situaciones irregulares de conexión eléctrica y el sostenimiento de medidores comunitarios.
Le siguen en materia de inversión los programas destinados a acompañar el sector productivo. Se bonifica en un 4 por ciento a los usuarios identificados como de actividades productivas y entre un 4 y un 15 por ciento a las industrias, con bonificación especial (un 5 por ciento más) para quienes utilicen energías renovables y reintegros de hasta un 50 por ciento a quienes realicen obras de infraestructuras vinculadas a servicio eléctrico y de gas. Beneficios similares a los del sector industrial están habilitados para las actividades vinculadas a la economía del conocimiento.
También están vigentes actualmente tarifas bonificadas para personas de bajos recursos que requieran la utilización de equipos por problemas de salud y la cobertura del 100 por ciento de la tarifa para electrodependientes. Por otro lado, se está trabajando en la reimplementación de un subsidio a los efectores de salud, que estuvo vigente en época de pandemia.
Se mantienen a su vez, los subsidios a la tarifa para instituciones deportivas, que se incrementaron de 27 y 35, a 35 y 45 por ciento. Asimismo, se bonifica entre un 30 y 35 por ciento la tarifa de centros culturales, salas culturales y teatros independientes; y un 27 por ciento a instituciones educativas de gestión privada. Además, los destacamentos de Bomberos Voluntarios cuentan con un subsidio del 50 por ciento y las asociaciones sin fines de lucro que brindan acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia o que transiten la rehabilitación de adicciones, entre un 35 y 45 por ciento.
Entre Ríos Ahora

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Provinciales
Juicio contra tres municipales por una huelga en 2012 dejó en evidencia el desamparo de los trabajadores de Paraná
Publicado
hace 14 horasel
18 de marzo de 2025
Este martes declararon los tres imputados por Peculado. Se los acusó de manejar camiones de la Municipalidad de Paraná para trasladar trabajadores a una movilización en plaza 1º de Mayo en repudio de miles de despidos en la gestión de Blanca Osuna. Expusieron que fueron presionados por el Ejecutivo para marcar al entonces titular del sindicato municipal y por el sindicato para adherir a la movilización. Manifestaron que en ambos casos el riesgo era perder el trabajo o sufrir otras represalias.
El debate para dirimir si Carlos Casco, Fabián Giménez, que son asistidos por Emilio y Germán Fouces; y Marcelo Elesser, que lo es por el defensor público, Rodrigo Juárez, trasladaron por decisión propia a trabajadores municipales que prestaban servicio –junto a los imputados- en la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Paraná hacia plaza 1º de Mayo, en Paraná, a una movilización para repudiar los más de 1.500 despidos que se dieron en la gestión de la ex intendenta y actual diputada nacional peronista, Blanca Osuna, o si recibieron órdenes para hacerlo, dejó varias situaciones importantes que deberían ser abordadas en otro ámbito del Estado.
El jueves 20 a las 9 será la etapa de los alegatos, cuando el Tribunal integrado por Mauricio Mayer, Juan Malvasio y Rafael Cotorruelo, escuchará las posiciones de las partes y formularán los respectivos pedidos.
Las declaraciones de los imputados fueron claras respecto a que la orden de trasladar a los trabajadores la recibieron de Marcelo Acosta, que no fue imputado como sí lo fue quien era secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y ex diputado provincial al momento del hecho, el 19 de marzo de 2012, Hugo Vázquez, quien se fue a su casa beneficiado con la Suspensión del juicio a prueba o Probation que se le concedió en 2018.
Los trabajadores, que aún prestan servicio en la Dirección de Alumbrado, expresaron que Acosta era jefe de Departamento en la Dirección e integraba la Comisión Directiva del Suoyem. Los tres señalaron que Acosta era “la mano derecha de Vázquez”. También indicaron que fue quien, tras una asamblea que se realizó el 18 de marzo donde se tomó la decisión de movilizar a plaza 1º de Mayo, y la que se realizó al día siguiente en la Dirección informando lo resuelto el día anterior, les ordenó que sacaran los camiones y llevaran a los trabajadores al centro cívico de Paraná.
También describieron las consecuencias que hubiesen sufrido de no acatar la orden. En el caso de los contratados la amenaza consistía en la no renovación del contrato, y en el del personal de planta permanente, el traslado y la pérdida de las horas extras que hacía que el trabajo valiera la pena. Uno de los trabajadores resumió la situación con claridad: los trabajadores quedaron en el medio de la pelea política entre Osuna y Vázquez.
De las declaraciones surgió, por preguntas del fiscal, Álvaro Piérola, lo que los imputados manifestaron en los respectivos sumarios que se les sustanciaron tras la conflictiva situación. Allí, habían manifestado que decidieron por sí mismos trasladar a los compañeros en los camiones de la Municipalidad, pero en sus declaraciones en el debate sostuvieron lo contrario. En esa aparente contradicción surgió que hubo una reunión con autoridades municipales, en las que estuvo, según señalaron, la ex intendenta, de la que expresaron que los conminó a delatar a Vázquez como la persona que les dio la orden, situación que negaron, ratificando que el que dio la orden fue Acosta, “mano derecha de Vázquez”.
Otra situación que surgió de la dinámica del debate consistió en que Piérola, en el interrogatorio a los testigos de la defensa desplegó cierta ironía en las preguntas y realizó apreciaciones no comunes en los debates. En este sentido, ante el testigo Cristian Rueda, que formaba parte del sindicato expresó, entre algunas opciones que manifestó respecto a la falta de precisión en dar detalles sobre determinadas situaciones que el miércoles 18 de marzo cumplen 13 años de ocurridas, “o perdió la memoria”. La misma conducta desplegó el fiscal cuando, ante la falta de precisiones respecto a en qué lugar de la plaza se encontraba el 12 de marzo de 2012 puesto que había manifestado que vio los incidentes en la AFIM que se les endilga a los acusados por haber llevado a los trabajadores, le dijo al testigo, cuando intentaba dar precisiones del lugar, “conocemos Paraná”.
Aquella situación generó un cruce de miradas entre los jueces puesto que el presidente del Tribunal advirtió la situación e intentó canalizarla para que el debate no se desnaturalizara. Pero los otros dos jueces entendieron lo contrario. Uno lo hizo con un gesto y el otro lo verbalizó sosteniendo que el interrogatorio del fiscal era correcto. Fuentes consultadas por la insólita situación entendieron que en tan disímiles interpretaciones se encontraría el origen de cada uno: el presidente del Tribunal tiene un pasado como defensor, en tanto que los otros dos, como es de público conocimiento, incluso fueron recusados por esto en otras causas, se desempeñaron muchos años como eficientes fiscales.
Este martes también declaró Carlos Alberto Díaz, que era director de Alumbrado al momento del hecho. El testigo dijo que ese día salió a advertir a los choferes de los camiones que no podían salir y añadió que le dijeron que “estaban jugados”. Los trabajadores dijeron que aquel fue “puesto a dedo” por la gestión de Osuna y negaron que su ex jefe les hubiera realizado aquella advertencia.
Díaz sostuvo que los camiones fueron devueltos sin ningún tipo de problemas. También sostuvo que Acosta “no era un hombre de su confianza” porque “estaba muy ligado al gremio” por lo que lo postergó en la estructura de la dirección. El funcionario sostuvo que el sindicato apretaba a los trabajadores que no querían adherir al paro y recordó que en aquella época en la Municipalidad se vivió un clima “muy pesado”.
APF


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