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Galimberti le preguntó a Francos por Salto Grande y la Autovía 14
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El el marco de la visita del Jefe de Gabinete Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados, el legislador entrerriano Pedro Galimberti realizó preguntas puntuales respecto a la provincia. El abogado también puntualizó en la integración de la Corte Suprema de Justicia.
Galimberti arrancó su intervención haciendo hincapié en la postura del gobierno respecto al número de integrantes del máximo órgano judicial de la Nación. El legislador le consultó directamente a Francos si el gobierno tenía pensado ampliar la Corte: “Quienes estudiamos derechos recordamos los problemas que le trajo al país la mayoría automática en tiempos de Menem ¿El gobierno tiene pensado ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema?
“Corrupción va a haber siempre, lo que tenemos que hacer valer son las instituciones que deben juzgarlo y esto nos lleva a uno de los pliegos que mandó el presidente para ser integrante de la Corte, un juez que ha sido súmamente lento en causas de corrupción”, expresó Galimberti en clara referencia a la postulación del juez Federal Ariel Lijo para integrar la Corte.
En cuanto a lo referido al ámbito provincial, Galimberti le preguntó a Francos respecto a la posición que tiene el gobierno respecto a la prórroga del contrato de concesión de la empresa que administra la Autovía 14. Puntualizó en el estado de la ruta y destacó su importancia “no sólo para la provincia, sino para lo que es una importante ruta que mueve el Mercosur”.
Además, el diputado entrerriano le reclamó al Jefe de Gabinete respecto a lo que cobra Salto Grande por la generación eléctrica en comparación con otras represas privada: “Debe equiparar el pago porque los entrerrianos venimos haciendo mucho esfuerzo en producir la energía”.
Análisis
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Milei vetó por completo el aumento de las jubilaciones
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2 de septiembre de 2024La medida salió publicada en el Boletín Oficial con el argumento de sostener el equilibrio fiscal. Qué establecía la reforma votada por ambas cámaras legislativas y qué pasará ahora en el Congreso.
El presidente Javier Milei vetó por completo el aumento a los jubilados que hace diez días votó la oposición el Congreso. Se confirmó al publicarse en el Boletín Oficial el decreto que había sido firmado por el mandatario el viernes pasado. “Obsérvase en su totalidad el proyecto ley registrado bajo el N° 27.756”, dice el texto del decreto 782/2024.
Argumentos
Según los considerandos que figuran en el documento firmado por el Presidente y todo su Gabinete, el Gobierno sostuvo que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso de Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“.
Además, destacó que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Acotó al respecto que la ley votada en el Congreso “tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”.
Asimismo, puso de relieve que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
“Grave ruptura del equilibrio”
Mencionó también que “implicaría un manifiesto agravamiento del estado de emergencia en el cual ya se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), conforme fuera declarado mediante Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, así como la grave ruptura del equilibrio fiscal alcanzado gracias al esfuerzo de todos los argentinos”.
“Lejos de contribuir a un efectivo cumplimiento de las supuestas finalidades que orientan la sanción del proyecto de ley bajo examen, su promulgación traería aparejados futuros incumplimientos”, expuso.
“Deficiencias técnicas y operativas”
Además, el Ejecutivo consideró que el proyecto de ley vetado “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación” y que “a lo largo del tiempo el aumento otorgado a los jubilados no representaría un reflejo del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni tampoco del aumento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)”.
“Para garantizar que el sistema de movilidad previsional sea justo y equitativo, es fundamental continuar con la movilidad jubilatoria establecida en el Decreto N° 274/24, toda vez que el mismo garantiza -por primera vez en décadas- que los jubilados nunca más perderán contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años; y ello sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el corto, mediano o largo plazo”, afirmó.
El Gobierno le recordó al Poder Legislativo, por otro lado, “que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
Qué establecía la reforma votada y qué pasará ahora en el Congreso
La oposición votó que el haber mínimo no puede estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto equivalente multiplicada por 1,09.
La CBT de julio (último dato oficial) fue de $ 291.471,73 por 1,09 da un total de $ 317.704,19. Y en ese mes el haber mínimo fue de $ 215.581 más el bono de $ 70.000: $ 285.581. La diferencia representa también una mejora en los haberes mínimos.
Los legisladores también votaron un incremento de todos los haberes del 7,2% desde abril y una actualización jubilatoria mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, al haber sido aprobada por ambas cámaras con más de dos tercios de los votos, ahora la oposición puede insistir con la ley sancionada y rechazar el veto.
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