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Gualeguaychú: Declaran inconstitucional ordenanza contra el glifosato

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La Justicia tachó de inconstitucional la ordenanza dictada en 2018 durante el gobierno del exintendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, que prohibió el uso del glifosato. La ordenanza N° 1.2216 prohibió en el ejido de la ciudad “el expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general ´glifosato´ y aquellas formulaciones que lo contenga”.

La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay que hizo parcialmente lugar a la acción de inconstitucional promovida por la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Entrerriana de Cooperativas, y de las firmas El Tramo SA, El Porero de San Lorenzo SA, Modena SA, Patacho SA e Inducampo SA, y algunos particulares.

La ordenanza N° 12.216 fue dictada por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú el 16 de abril de 2018, reglamentada por decreto del Ejecutivo N° 1.771, dictado el 11 de junio de 2016. Las entidades rurales reprocharon el fundamento de ese cuerpo normativo en cuanto consideró al glifosato como producto cancerígeno. Y cuestionaron la competencia de la Municipalidad de Gualeguaychú para dictar una norma de ese tipo. Entendieron que “el Municipio creó, en base a argumentos arbitrarios y parciales, una prohibicón absoluta y automática de una sustancia determinada, el glifosato y todas las formulaciones que lo contengan, sustancia que tanto a nivel provincial como nacional no resulta prohibido en ninguna de sus formas y/o manifestaciones”.

La Municipalidad de Gualeguaychú hizo una cerrada defensa de la ordenanza, aunque en el pleito el Ministerio Público Fiscal opinó que tanto la ordenanza como el decreto reglamentario resultaban inconstitucionales.

El tribunal entendió que “la regulación del uso y aplicación de herbicidas, como ha sido definido el glifosato en el informe pericial, no es materia exclusiva municipal sino complementaria de la provincial”. Y cuestionó la falta de fundamentación de la ordenanza. “El expediente resulta huérfano de algún estudio que traduzca el impacto del glifosato sobre las fuentes de agua o suelos de su ejido. Tampoco obran estudios clínicos sobre el incremento de patologías en su población a raíz del uso y aplicación de la sustancia en su territorio. La citada orfandad no deja de suscitarme cierta perplejidad, pues si para habilitar la radicación de nuevas industrias la autoridad exige, entre otros instrumentos, la presentación de estudios de impacto ambiental, no se alcanza a comprender por qué razón el municipio no relevó indicadores sanitarios y ambientales propios con carácter previo al dictado de la ordenanza”.

“En definitiva, no resulta inconstitucional que, invocando y acreditando reales razones excepcionales imperantes en su territorio, el municipio decida prohibir en su ejido el uso y aplicación del glifosato, pero decidirlo sin acreditarlas, sí lo es. Es que el ejercicio regular de los derechos no puede ser avasallado ni siquiera al amparo de una normativa municipal fundada en el ejercicio del poder de policía ambiental si esta última no demuestra la insuficiencia del régimen dispuesto por la autoridad competente. Su ausencia impregna a la decisión de arbitrariedad”, señaló la Cámara.

Y agregó: “Por esta razón cabe postular que la ordenanza impugnada resulta inconstitucional en lo que excede de los lineamientos fijadas para las pulverizaciones con plaguicidas por la legislación provincial”.

Así, la Cámara declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ordenanza N° 12.216, dictada en 2018 por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú.

Ese artículo fijó: “Prohíbase en todo el ejido de la localidad de San José de Gualeguaychú el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general ´Glifosato´ y aquellas formulaciones que lo contengan”.

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El PJ frena dos semanas más la adhesión al RIGI que impulsa Rogelio Frigerio

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Aunque el oficialismo consiguió dictamen de mayoría, el peronismo hizo valer sus bancas para que el proyecto llegue al recinto recién en 15 días.

Juntos por Entre Ríos (JxER) consiguió el dictamen de mayoría en la comisión de Hacienda del Senado para tratar la adhesión al RIGI y la implementación de un esquema similar de menor escala para la provincia, pero el peronismo, que es mayoría en esa cámara, no dará tablas y así frena por quince días la llegada del proyecto al recinto.

El gobernador Rogelio Frigerio propuso en un mismo texto la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que Javier Milei hizo votar al Congreso en la Ley Bases y un Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI) para la provincia. La norma pasó la prueba de Diputados, donde el oficialismo es mayoría, aunque también contó con el apoyo de casi todas las bancas libertarias. Sin embargo, en la Cámara alta el tratamiento se puso cuesta arriba para el frigerismo porque la mayoría peronista se niega a refrendar la adhesión a la norma nacional.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín, destacó que luego de “más de cinco horas de debate sobre el tema” en tres reuniones consecutivas se consiguió el dictamen. Sin embargo, fue cauto respecto de la aprobación: “Seguramente se dará tratamiento en algunas de las próximas sesiones”, dijo al finalizar la última reunión de comisión, en la que se obtuvo el dictamen.

El senado entrerriano tiene 17 bancas, una por departamento. El peronismo se quedó con nueve de ellas y Juntos con las ocho restantes. Este escenario de ajustada mayoría opositora hoy está empatado puesto que un senador del PJJuan Cosso, sufrió un accidente de tránsito y no está asistiendo a las comisiones ni a sesiones. Este número le alcanza al PJ para evitar que la adhesión al RIGI que se trate en el recinto, pero no para impedir que se apruebe.

Es que, de mantenerse la ausencia de Cosso, en la próxima sesión el desempate recaería sobre la vicegobernadora Alicia Aluani que, en una escena inédita en la provincia, claramente laudaría en el sentido de las necesidades de su gobierno.

Qué inversiones piensa el gobierno de Rogelio Frigerio con el RIGI

No todos los senadores oficialistas están plenamente de acuerdo con el RIGI aprobado por el Congreso. Sin embargo, ante la realidad de su sanción, el bloque entiende que es necesario y beneficioso que la provincia se suba al “tren de las inversiones”, como refirió un legislador.

La expectativa, explicaron a Letra P, está puesta en recibir inversiones para desarrollar plantas productoras de energías no renovables. “En Uruguay -dicen en referencia al vecino país- hay paneles de energía solar frente a Concordia, en Salto, y molinos para energía eólica”, argumenta un senador de la costa del Uruguay.

Siempre en el plano de lo potencial, también está la chance de recibir inversiones para producciones forestales y para obra pública. Así, aunque los plazos -en principio dos años- son escuetos, vale el intento, justifica el oficialismo.

Los argumentos del PJ

El peronismo se encuentra en una encerrona, porque si bien tiene argumentos para rechazar el RIGI, no le sucede lo mismo con el RINI, que entienden como una actualización de la Ley de Promoción Industrial que se votó por unanimidad durante el último año de gobierno de Gustavo Bordet y que contó con el apoyo, y co-redacción, de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Incluso, tanto en Diputados como en el Senado presentaron proyectos en espejo similares al frigerista régimen de nuevas inversiones.

En cuanto al régimen de grandes inversiones, lo entienden como perjudicial para las empresas e industrias de la provincia por una cuestión de escalas, según explicaron desde los pequeñas y medianas empresas nucleadas en APYME en una de las reuniones de comisión. Incluso, en esta nueva etapa política en la oposición, sumaron argumentos del ambientalismo, que también se opone.

El circulo rojo jugó fuerte por el RIGI

Como contó Letra P, el circulo rojo entrerriano viene jugando fuerte en favor de la adhesión al RIGI además de pedir por la actualización de la promoción industrial. En los últimos días emitieron comunicados bancando el proyecto de Frigerio e incluso fueron a la cámara alta a exponer en favor de su sanción.

Estuvieron el presidente de UIERGabriel Bourdin; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Ramiro Reiss; el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alfredo Calabrese, y el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas, Fedeco, Ronald Garnier. Con matices, todos estos sectores adhieren la iniciativa.

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