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Diamante

Historia de Norma Rodríguez, quien reclama en la Justicia un supuesto lavado de activos

En 2023, el juez federal Daniel Alonso procesó a Rodríguez, el escribano Trossero y los hermanos Cristian y Anabella Haberkon; ahora irán a juicio.

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Un escribano y productores agropecuarios de Diamante y Paraná, fueron denunciados por supuesto lavado de activos. Ja Justicia Federal decidió elevar a juicio la causa. Detrás del proceso judicial emerge la historia de Norma Rodríguez, una mujer que logró romper con un férreo sistema patriarcal. Aunque la rebeldía le valió el despojo de bienes que le correspondían por herencia.

«Dormí ovillada en una cuna hasta que tuve 11 años. Cuando me acalambraba de noche, sacaba las piernas entre los barrotitos de la cuna y eso me lastimaba. Andaba siempre con la piel de los tobillos levantada. Era ridículo porque vivíamos en una casa de dos plantas y mi familia tenía campos. Sin embargo yo siempre andaba con vestidos feos, carente de ropa y en invierno me tapaba con una alfombra. Era una vida muy carenciada. Mi padre me preparaba para ser una sombra, cooptada y colonizada totalmente. Para eso tenía que disciplinarme, entonces vivía carenciada. Si había castigo físico lo hacía mi hermano. Mi hermano era más grande y siempre me dejaba moretones en las piernas. Eso me daba vergüenza en la escuela, entonces le bajaba los ruedos a las polleras y delantales, pero las maestras se daban cuenta y preguntaban igual».

Ese testimonio es parte de una entrevista mucho más extensa que, en marzo de 2018, Norma Rodríguez mantuvo con Análisis. La mujer de 86 años, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) vivió hasta los 18 en Paraná. Durante buena parte de su infancia y juventud, fue sometida a malos tratos psicológicos y castigos físicos. Los verdugos fueron su pare y, principalmente, su hermano. Ambos (están fallecidos) impusieron un férreo sistema patriarcal y violencia contra las mujeres de la familia, cuyas secuelas aún repercuten.

Una de las consecuencias más evidentes de esa violencia intrafamiliar es el despojo de los bienes materiales que, por herencia, le corresponden a Norma Rodríguez. Su sobrino José María Rodríguez (es la tercera generación y lleva el mismo nombre que su padre y su abuelo ya extintos), comprió y vendió campos que pertenecían al acervo hereditario. En las operaciones, que tuvieron su correlato en la justicia civil y penal local, intervino también el hermano de Norma antes de su fallecimiento; el escribano y presidente de la Caja Notarial del Colegio de Escribanos, Dardo José Trossero; y los productores Cristian Javier Haberkon y Anabella María Haberkon.

El padre de Norma Rodríguez fue un médico reconocido de la capital provincial, integró la comisión que creó el Círculo Médico de Paraná (Cirme), fue jede de sala en el Hospital de Niños San Roque y estivo vinculado a la atención de familias de militares en la última dictadura. Sus relaciones con el poder de turno permitieron que su hijo, el hermano de corma que hizo la carrera de Medicina al igual que su padre, acceda a la Dirección del Hospital de Niños San Roque durante el gobierno de facto.

«Yo los veía a ellos dos juntos y se me licuaba el pensamiento y el cerebro. Era como vivir en un campo de concentración, esperando la sesión de tortura y eso no se aguanta mucho tiempo. Yo lo hice hasta los 18. Todos esos años viví encerrada y me trabajaba la cabeza. Lo único que hacía era leer y me pasaba en la biblioteca, me bajaba todo. Era una bestia, todo el tiempo estaba leyendo. Por eso siempre corrí con ventaja, si no, no sé si hubiese podido, me hubiese anulado como alumna primaria y secundaria. Algunas cosas las entendía, otras menos, pero tenía las herramientas que otros chicos no tenían. Y eso me mantuvo en un nivel de pensamiento activo, de otro modo hubiese terminado con muerte cerebral, o encefalograma plano, como terminó mi mamá que no tenía pensamiento propio, pensaba lo mismo que mi padre», contó norma en aquella edición 1074 de Análisis del 15 de marzo de 2018.

La mujer vivió hasta sus 18 años en la casa familiar. Después su padre la mandó a estudiar a Buenos Aires. Fue internada en un colegio de calle Ayacucho, en pleno microcentro porteño. Se recibió, trabajó como docente y como traductora para médicos. Durante los primeros años volvió a la casa familiar ubicada en calle Alem. Pero poco a poco fue cortando los lazos familiares.

«Hubo una serie de acontecimientos. Mi hermano se iba a estudiar Medicina a Buenos Aires y la presión sobre mí era cada vez peor, porque iba a quedarme sola con mi madre y mi padre. Yo tenía que ser la segunda o reemplazante de mi madre. Tendría que llevar la casa cuando mi madre no pudiera, tenía que educar a los chicos de mi hermano cuando volviera. Sólo podría tener algunas horas de docencia. Y de noche debía tocar el piano para la familia. Mi destino era servir a los hombres y no podía tener nada por mí misma. Pero en ese contexto y con ese mandato, hubo una presión familiar grande, de las dos ramas para que yo también tenga esa opción, porque a mi hermano le habían dado la posibilidad. Incluso, los amigos de mi padre presionaron para eso. Y esa fue mi oportunidad».

El traspaso de bienes comenzó cuando el hermano de Norma concluyó sus estudios y volvió a Paraná. Ella aún recuerda cómo su padre le garantizó «una base» a su hermano para que pudiera desarrollarse, algo que ella no consiguió.

«Durante mucho tiempo yo volví a Paraná. Era triste ver a mi padre obsesionado con el dinero y con el temor a que le robaran. Él tenía arriba de dos kilos de oro y fajos de dólares en la casa, porque tenía muchos bienes no registrados. Era triste verlo todas las noches contando las monedas de oro. Él escondía las bolsas con esas monedas em el rollo de la persiana americana, después las pasaba al escritorio. Tenía miedo que lo robaran, entonces lo contaba todas las noches. Contaba los fajos de dólares. Yo lo miraba. Tenía una cantidad de planchas de acciones de las compañías principales como YPF, Molinos Río de la Plata, Techint o Celulosa Argentina, algunas ya desaparecieron. Esos bienes no estaban registrados porque mi padre no quería bancarizarlos y los tenía en la casa».

El padre de Norma murió en 1987, luego de sufrir un accidente de tránsito del que nunca se recuperó. Tenía 86 años. «No entendí la muerte de mi padre. Tuvo un accidente de tránsito y mi hermano no lo quiso llevar al sanatorio, sino que lo atendió en la casa». La madre de Norma, Isabel Amable Avataneo, falleció en 1995. Recién en 2000 su hermano inició el juicio sucesorio. En 2001 lo declararon único heredero.

En 2011 Norma Rodríguez se jubiló. Cuando tuvo más tiempo, decidió averiguar a través de la Casa de Entre Ríos qué había pasado con su familia en Paraná. Constató el fallecimiento de sus padres y rastreó los datos sobre la existencia de juicios universales. Comenzó a viajar a Paraná. Consiguió asesoramiento legal. A principios de 2013 se presentó en el juicio sucesorio, pidió una ampliación de la declaratoria de herederos y una medida cautelar para que no se permita innovar en el expediente. Su hermano contestó a través de un escrito. Sugirió que se trataba de una farsante, alguien que estaba usurpando la identidad de la verdadera Norma Rodríguez. «Yo estaba dispuesta a hacer el ADN, pero se echaron atrás porque quien era abogada de mi hermano es hija de alguien que fue compañera y se recibió conmigo en el colegio. Eso fue un zafarrancho, un papelón total». En diciembre de 2013, la aceptaron como heredera legítima. Pero en el expediente sucesorio, las operatorias con bienes que había sido parte del patrimonio familiar ya se habían hecho.

Ventas y transferencia de bienes

El 9 de abril de 2013, Norma Beatriz Rodríguez se presentó en el expediente sucesorio Nº16342, caratulado «Avataneo Isabel Amable s/sucesión ab intestato» que se tramitaba en el Juzgado Civil y Comercial 3 de Paraná porque su hermano había omitido denunciarla como heredera. El 6 de junio de ese año, la mujer consiguió interponer una medida cautelar para que no se muevan los bienes de la herencia.

El 7 de junio de 2013, su hermano vendió como único titular y a un precio de $3.500.000 «por debajo del avalúo fiscal, una fracción de campo de 242 hectáreas, identificadas bajo número de partida de Catastro 159670, ubicada en el Distrito Espinillo, centro rural de La Picada del Departamento Paraná». El campo fue comprado por la empresa «Criluan SRL representada por Cristian Javier Haberkon y Anabella María Haberkon, operatoria que fue formalizada mediante escritura Nº112 autorizada por el escribano Dardo José Trossero, titular del registro Nº10 con asiento en Diamante».

El 9 de agosto de 2013, el hermano de Norma Rodríguez, «simuló la venta de dos inmuebles» a su hijo, el sobrino de la mujer que «carecía de capacidad económica». De eso modo, José María Rodríguez (p) le transfirió a José María Rodríguez (h) «una fracción de campo de 136 hectáreas, identificado bajo el número de partida de Catastro 117.970 y una fracción de campo de 37 hectáreas, identificado bajo número de partida de Catastro 193.917, por la suma total de $3.500.00». El traspaso se formalizó mediante «escritura Nº173», autorizada por Trossero. Para la compra, el sobrino de Norma «recibió un préstamo ficticio de $3.500.000 de la firma Thraun SRL, lo cual fue materializado mediante Escritura Nº174 de la misma fecha, del escribano Trossero, en cuya garantía se gravó con derecho real de hipoteca los inmuebles en cuestión».

El 22 de junio de 2017, el sobrino de Norma «vendió a la Caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos, una fracción de campo de 37 hectáreas». La porción de tierra fue identificada bajo número de «partida de Catastro 193.917, por la suma de U$S188.550 en efectivo, lo cual fue formalizado a través de la escritura Nº100 de la escribana Marta Graciela OndarCuhu».

El 4 de julio de 2017, el sobrino de norma vendió otra porción de campo a la Caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos de «137 hectáreas, identificado bajo número de partida de Catastro 117.970, por la suma de U$S350.00 en efectivo el 22 de junio de 2017, y U$S335.266 en efectivo el 4 de julio de 2017». Todo fue formalizado «a través de la Escritura Nº108 de la escribana Marta Graciela OndarCuhu».

Pese a las denuncias y pedidos de investigación en la justicia civil y penal, en los tribunales provinciales siempre entendieron que se vencieron plazos, que no hubo delitos de acción pública, que todo ocurrió en un contexto de conflicto patrimonial entre particulares. En 2019 falleció el hermano de Norma Rodríguez. En 2021 hubo una sentencia de Cámara que estableció de modo definitivo que la mujer es heredera legítima de Isabel Amable Avataneo y José María Rodríguez. Ni la actividad de los abogados que la acompañan desde hace años ni las discusiones sobre los plazos, ni el nuevo Código Civil y Comercial, sirvieron para que le reconozcan como propio parte del patrimonio que fue traspasado del hermano al sobrino de Norma, o vendido a terceras personas jurídicas.

Elevación a juicio: defensores advierten que faltó producir prueba

En 2017, los abogados de la mujer se presentaron en la Justicia Federal Penal de Paraná y denunciaron al hermano y sobrino de Norma, al escribano Trossero y los productores Haberkon por supuesto lavado de activos. Entendieron que las operatorias registradas en los tribunales provinciales daban una apariencia de licitud a bienes que provenían de un delito previo. El juez natural, Leandro Ríos, debió excusarse porque en el proceso interviene como abogado defensor un familiar suyo. La denuncia pasó al juez Daniel Alonso que en 2023 decidió procesar a Rodríguez (h), Trossero y los Haberkon. En marzo de este año, previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, Alonso elevó a juicio la causa.

Habrá que esperar a un plenario para que se revisen las operatorias denunciadas y se evalúe bajo la lógica de un supuesto delito federal. Una de las defensas advirtió a este medio que se trata de hechos que fueron plasmados en la Justicia provincial, donde no se imputó a todas las personas que están mencionadas en la causa de la Justicia Federal. Además, los mismos hechos se denunciaron en las oficinas judiciales de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana, tres años después.

En la Justicia Federal, a diferencia de los tribunales provinciales, hay una etapa de instrucción suplementaria. Esto significa que previo al debate se hace una citación a juicio, se controla la legalidad del procedimiento hecho en instrucción, se ofrece prueba y se puede producir. En efecto, en la causa que llevó adelante Alonso nunca se pidieron todos juicios sucesorios que interesan al proceso (el fallecimiento del padre, la madre y el hermano de Norma Rodríguez dieron origen a tres juicios). En una etapa suplementaria podría, además, producirse pericia o informe sobre la valuación de los campos en cuestión (dos inmobiliarias opinaron al respecto de los bienes); o sobre la solvencia de la empresa Criluan SRL que compró fracciones de campos. Se trata de tierras que, según sostienen los propios involucrados «no son productivas», buena parte de las mismas están atravesadas por cañadas, poseen terrenos «arcillosos», «no tienen infraestructura» y «están en zona inundable»

«No se dan los presupuestos del lavado»

«Queremos ir a juicio porque la causa no tiene ningún tipo de fundamento. El procesamiento, la elevación y del delito achacado. No se dan los presupuestos para lavado de activos», dijo el defensor Emilio Fouces a esta revista, representante legal del escribano Trossero. «La figura del lavado de activos está pensada para detalles del crimen organizado. Pero además, los hechos denunciados en esta causa son reales. La venta de campos fue real y la empresa que compró al día de hoy sigue sembrando y explotando el campo. Así que queremos defendernos ante el tribunal y lograr la absolución», planteó. El abogado consideró que el escribano Trossero está imputado en un proceso penal «por el ejercicio de su profesión». «Achacar a un escribano por sus escrituras de ser partícipe de una figura de lavado de activos es una barbaridad. Imagino la inseguridad jurídica de los escribanos. No hay un elemento que indique que Trossero participó de la comisión de un delito», agregó.

Fouces añadió que los coimputados Haberkon, integrantes de la sociedad Criluan que compró el campo son clientes «de toda la vida» de Trossero. «Estas personas constituyen una de las empresas de las más prósperas de Diamante, un corralón de materiales de construcción que aparte se dedican a la actividad agropecuaria, siembran, tienen animales, construyen edificios. Un día decidieron comprarle un campo a un médico de Paraná y formalizaron la operación a través de sui escribano», sintetizó el abogado y preguntó: «¿Qué se les puede reprochar al escribano? Nada».

«Desde el principio dije que acá, de fondo hay un conflicto familiar de la persona que vendió el campo, con una historia familiar rara y terrible. Esa persona que se sintió perjudicada por su familia intentó por la vía penal provincial y encontró eco en una justicia rara porque el juez que interviene no es el juez natural y se largó a procesar a un escribano, dos empresarios, un médico que falleció y su hijo, nada menos que por lavado de activos», apuntó el abogado e insistió: «El lavado de activos está pensado para delitos como el narcotráfico. Acá hay un campo que este hombre Rodríguez adquirió en un juicio sucesorio, lo heredó. Si Rodríguez hubiera robado a otros, estafado, podés empezar a analizar, pero lo heredó de su padre a ese campo. Es un campo que estuvo en la familia 60 años antes que se venda, jurídicamente es un espanto. Don Rodríguez nunca se dedicó a la actividad agropecuaria y siempre arrendó el campo porque era médico, se lo vendió a un productor agropecuario con miles de hectáreas. El delito de lavado es que quien, de repente aparece comprando un campo una persona que nunca tuvo actividad agropecuaria y se transforma en una pantomima para blanquear dinero. No es este el caso. Acá se trata de un negocio normal. Coincide el poder adquisitivo de la persona que lo compró, coincide con la actividad previa de los compradores».

Fouces subrayó que se trata de una cuestión civil. «Esta mujer puede demandar al hermano y decir que la dejó afuera del sucesorio. Es una cuestión civil pero no penal. Es en caso supuesto de que haya habido un ocultamiento de herederos en el sucesorio, está previsto en el Código Civil. La mujer debió hacer una acción de colación. Usar la justicia para lograr las cosas que no pudiste porque prescribieron las acciones civiles, en el caso que así haya sido, no tiene ni pies ni cabeza. Acá lo hay en todo caso es una defraudación procesal al ocultar o no denunciar a un heredero. De ahí a convertirlo en una cuestión penal, es una locura, es inédito. Y por eso decidimos ir a juicio, para que un tribunal de jueces penales vea qué se les llevó para que juzguen».

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Sumario administrativo en Hospital Colonia de Salud Mental por distribución de drogas

Entregaba las sustancias en los baños de las salas de los usuarios, ingresando por la puerta trasera.

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Un trabajador del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante enfrenta un sumario administrativo tras una grave denuncia de distribución de drogas a pacientes psiquiátricos. La directora del centro asistencial, Noelia Trossero, formuló la denuncia a nivel administrativo y judicial.

El Ministerio de Salud, a través del decreto Nº 930 del 23 de abril, reprochó al empleado por su actividad de distribuir marihuana y cocaína entre los internados. Se le acusa de “incumplimiento de los deberes”. La investigación se inició a partir de una “situación irregular” informada por la directora Trossero.

Según el informe, el agente, identificado como HAZ, entregaba las sustancias en los baños de las salas de los usuarios, ingresando por la puerta trasera, un lugar fuera del alcance de las cámaras de seguridad del hospital. Trossero informó de esta irregularidad al fiscal Gilberto Robledo, de la Unidad Fiscal de Diamante, y al Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia.

La investigación incluyó un informe de la psicóloga Marcela Spessotti, quien entrevistó al usuario al que el trabajador habría suministrado droga. El usuario sostuvo su relato y se le observó “tranquilo, seguro de lo que estaba relatando. Ubicado en tiempo y espacio. Sin síntomas psicóticos”, según el informe de Salud.

A pesar de la gravedad de la conducta imputada al agente, la causa judicial “E.S.F. N° 55 Investigación preliminar” fue archivada el 10 de agosto de 2023, sin personas imputadas. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud consideró que la conducta del agente podría incurrir en las causales de cesantía en el ámbito administrativo.

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