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Libertador San Martín

Implementarán concursos de ingreso y ascenso en el municipio

Se trata de aplicar una ordenanza que fuera sancionada y promulgada en 2022.

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Se trata de aplicar una ordenanza que fuera sancionada y promulgada en 2022, sobre concursos públicos de antecedentes y oposición para el ingreso y para ascender dentro de la planta municipal.

La viceintendente de Libertador San Martín, Claudia Erbes, dio a conocer que el municipio de Libertador San Martín está dando un paso importante hacia la calidad institucional, hacia la transparencia y garantizar a los vecinos lo que se hace con los recursos que aportan. Tiene que ver con los ingresos a planta permanente como empleado o agente municipal, como así también los ascensos dentro del escalafón de las distintas categorías hasta llegar a estar a cargo de una determinada área dentro del organigrama municipal.

La funcionaria explicó que a lo largo de tres gestiones se fue estudiando el estatuto de empleado público y “finalmente esa norma será la que va a regir cómo alguien ingresará a la administración pública municipal y cómo es el sistema de ascensos y promociones”.

Luego agregó: “Queremos que los vecinos puedan tener la certeza de que quienes acceden a la administración municipal, tienen las capacidades necesarias para estar en el ejercicio de tal o cual función”.

Al ser públicos los concursos, se informará quiénes se presentaron, qué puntajes de antecedentes obtienen en orden de mérito o en qué posición quedaron los que concursaron. “Es una manera más de ser sumamente prolijos con el dinero del estado”, afirmó.

También mencionó que los concursos se abren por un decreto del presidente municipal, quien por pedido de los jefes de áreas, manifiestan la necesidad de cubrir lugares vacantes y se hace la convocatoria. Aclaró que en el caso de ascensos, normalmente los concursos son cerrados, ya que en ese caso participan personal de la casa, por requerirse cierta experiencia en el cargo. Señaló además que puede suceder que se necesite una calificación especial para cierto cargo y nadie de la casa cuenta con tal o cual calificación o título profesional, entonces en ese caso el concurso será abierto.

Al salir el decreto se siguen los siguientes pasos: se establece un plazo (mínimo 15 días hábiles) para que los interesados presenten los antecedentes, los títulos, la calificación, los cursos que hicieron, lugares donde trabajaron y demostrar las aptitudes.

Al finalizar el tiempo determinado, el comité evaluador que ya está designado en el decreto de convocatoria, evaluará los legajos presentados, se acuerda una instancia teórica o práctica según sea la necesidad a cubrir, luego se organiza una breve entrevista y finalmente el comité establece un orden de mérito con los puntajes obtenidos por cada uno de los concursantes. “El que obtuvo más puntaje será el designado al cargo en cuestión”, dijo.

Libertador San Martín

Policías acusados por muerte de Guillermo Ramírez obtienen libertad con condiciones

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En un giro inesperado del caso, los cuatro agentes policiales imputados por la muerte de Guillermo Ramírez durante un procedimiento en Libertador San Martín el pasado febrero recuperaron su libertad este viernes, aunque con restricciones.

El juez Jorge Barbagelata Xavier accedió al pedido conjunto de fiscalía, querella y defensas, reemplazando la prisión preventiva por medidas alternativas menos severas.

Fernanda Toffoli, Mariana Cepeda, Jonathan Vera y Rubén Ricle quedaron sujetos a estrictas condiciones: tendrán prohibido acercarse a testigos y no podrán ingresar a Libertador San Martín durante los próximos tres meses. La decisión judicial llega después de que declararan unos 30 testigos en una causa que sigue bajo la dirección de la fiscal Romina Blasich, quien inicialmente había solicitado la prisión de los acusados.

Los abogados defensores -Eduardo Gerard (representando a las mujeres) y Nicolás Bronde con Ricardo Temporetti (a los varones)- celebraron la medida mientras continúan impugnando los cargos. Gerard afirmó: “Ningún testigo corroboró las acusaciones de tortura; por el contrario, se confirmó la exhibición obscena”. La querella, a cargo de Nelson Scholotauer, mantiene su posición sobre la responsabilidad policial en el hecho.

El caso, que conmocionó a la comunidad, gira en torno a la muerte de Ramírez, un santafesino de 38 años detenido por presunta exhibición obscena en una plaza. Mientras su familia denuncia violencia institucional -asegurando que solo estaba con el torso descubierto-, las defensas insisten en que no hubo maltratos. El cuerpo permanece retenido a pedido de la defensa, que espera el informe final de autopsia para evitar controversias como las del “caso Goyeneche”.

Los agentes enfrentan cargos de “tortura seguida de muerte”, delito que contempla prisión perpetua, aunque sus abogados ya presentaron objeciones a esta calificación legal. El fallo sobre su situación procesal definitiva se conocerá tras completarse las pericias pendientes, mientras el caso reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza policial en la provincia.

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