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Investigan a alumnos de colegio privado de Victoria por crear y vender fotos de compañeras con IA

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Un grupo de estudiantes de un colegio privado de la ciudad de Victoria está bajo investigación por presuntamente alterar imágenes de compañeras usando Inteligencia Artificial para luego comercializarlas.

La justicia investiga a un grupo de adolescentes que asisten a un colegio privado de la ciudad, ante la sospecha que habrían comercializado fotografías de sus compañeras de escuela luego de modificarlas mediante el uso de la Inteligencia Artificial para que aparezcan desnudas.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía, y quedó en manos del fiscal Iván Yedro, quien solicitó medidas al Juzgado de Garantías y fueron cumplimentadas por policía.

Desde la Jefatura Departamental de Policía se concretaron una serie de procedimientos en distintos puntos de la ciudad de las Siete Colinas.

Como la causa se está iniciando, y hay menores implicados, no trascendieron muchos detalles, pero se supo que Yedro requirió algunas averiguaciones para avanzar con la investigación, que generó gran revuelo y preocupación en la comunidad educativa donde asisten los alumnos implicados.

La denuncia se radicó directamente en la Fiscalía por parte de padres de estudiantes afectadas y no hubo presentaciones en la sede policial.

El caso podría tener similitud con el ocurrido el mes pasado en una localidad de la provincia de Buenos Aires, donde un alumno de 17 años, también de un colegio privado, fue denunciado por crear y vender fotos falsas de sus compañeras de clase, manipuladas con Inteligencia Artificial para simular desnudez.

También hubo otro caso en Córdoba, donde un estudiante también fue denunciado por generar imágenes pornográficas de sus compañeras utilizando inteligencia artificial. El alumno usó herramientas de IA para fusionar los rostros de las jóvenes con cuerpos desnudos de mujeres adultas y luego subió el material resultante a una conocida página pornográfica. Las imágenes iban acompañadas de descripciones que cosificaban a las afectadas.

Allanamientos

En el marco de una investigación por difusión de imágenes manipuladas de compañeras de colegio con Inteligencia Artificial, la justicia de Victoria efectuó ocho allanamientos simultáneos. Los dispositivos secuestrados serán peritados para analizar la posible comercialización del material.

Según publicó el periodista local, Chikilín Albornoz, durante los procedimientos, realizados en domicilios particulares, se incautaron celulares, computadoras, notebooks y unidades de almacenamiento externo. Estos elementos serán examinados en los próximos días para verificar la existencia del material denunciado y evaluar si el mismo fue efectivamente comercializado, una de las principales hipótesis que la justicia intenta corroborar.

Denuncia de familiares

La denuncia inicial fue presentada por padres de alumnas de la institución privada, quienes, al descubrir las imágenes manipuladas en redes sociales, llevaron el caso a la justicia. Una fuente allegada a la investigación explicó que el material alterado presentaría a las jóvenes desnudas mediante el uso de IA, un hecho que generó gran conmoción entre las familias de la comunidad educativa.

Aunque los jóvenes son inimputables por su edad, la justicia sigue adelante con la investigación debido a la gravedad del delito, que podría constituir un delito federal si se comprueba la comercialización. La naturaleza de los actos, que incluyen el uso indebido de tecnología avanzada y la manipulación de imágenes sin consentimiento, plantea preocupaciones legales y éticas en relación con el uso de IA por menores.

Uso responsable de la IA

El uso de la inteligencia artificial (IA) con respeto y responsabilidad es especialmente crucial cuando se trata de menores. Los niños y adolescentes son más vulnerables a los riesgos que puede traer la tecnología, como la manipulación de información, el acceso a contenido inapropiado o la violación de su privacidad.

La IA debe ser diseñada y utilizada de manera que proteja su seguridad, respete sus derechos y promueva su desarrollo saludable. Además, es fundamental evitar que los menores sean objeto de sistemas automatizados que los exploten, como en el caso de la publicidad dirigida o el uso indebido de sus datos personales. Los adultos, incluidos padres, educadores y responsables de políticas públicas, tienen el deber de garantizar que la IA se utilice de manera ética y segura para los más jóvenes, brindándoles las herramientas para un uso consciente y beneficioso de la tecnología.

Cuando la IA se emplea de forma adecuada, puede ser una gran aliada en la educación, el entretenimiento y el desarrollo, pero su mal uso podría tener consecuencias perjudiciales para el bienestar de los menores.

Provinciales

Causa coimas: La Justicia admitió las excusaciones de dos jueces

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La Justicia hizo lugar a las excusaciones de dos magistrados para integrar el tribunal que juzgará por segunda vez al exgobernador Sergio Urribarri, al empresario Diego Armando Cardona Herreros y otros exfuncionarios del urribarrismo en la megacausa de las Coimas. Se trata de los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Matilde Federik y Gervasio Labriola.

Labriola arguyó que intervino en otra causa del exgobernador, la investigación por enriquecimiento ilícito, y “en los incidentes por los cuales tramitan las medidas cautelares patrimoniales”  y aseguró que “no podría intervenir al mismo tiempo como juez del tribunal que tiene a su cargo juzgar los hechos atribuidos en la presente causa por un lado, y por otro lado continuar actuando como vocal de apelación en el marco de la causa N° 26585 donde aún no se ha sustanciado la etapa intermedia, porque no es aventurado considerar que podría presentarse la situación -muy particular por cierto- de tener que resolver -en grado de apelación- planteos vinculados con la legalidad o admisibilidad de las evidencias colectadas en el marco de dicha investigación, muchas de las cuales son idénticas a las que ya han sido admitidas para ser producidas en el juicio a llevarse a cabo en el marco de la presente causa”.

En tanto, Federik puso como motivación para su apartamiento como jueza el haber intervenido como fiscal de Coordinación en la causa Coimas. Al respecto, planteó que “de la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa”.

El otro argumento que expuso es que “existe otra causal objetiva que impide su intervención, y se vincula con que su padre el abogado Julio Federik ejerce la defensa técnica del imputado Humberto Flores” por lo que concluyó que ambas circunstancias impiden su desempeño en la presente causa, y vuelven innecesario un trámite de excusación como el que se le ha obligado a imprimir.

El tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno hizo lugar a las excusaciones de ambos magistrados.

A mediados de septiembre último, de momento es incierto cuándo se iniciará el segundo juicio oral que sentará en el banquillo al exgobernador Sergio Daniel Urribarri en la megacausa de las Coimas en la que tiene un pedido de condena de 10 años de cárcel, investigación en la que está involucrado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA y un lote de exfuncionarios del Ejecutivo, de los cuales uno, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, logró zafar mediante juicio abreviado en el que aceptó haber cobrado sobornos.

El 1º de agosto el juez de Garantías Julián Vergara envió la causa a juicio, y lo que siguió fue la conformación del tribunal colegiado que sentará en el banquillo, por segunda vez, al exgobernador Urribarri, que ya fue  condenado a 8 años de prisión en el megajuicio. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), un organismo administrativo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), separó, motu proprio, a magistrados que consideró debían inhibirse por haber intervenido en el caso con anterioridad y dispuso que en el estrado deberían estar Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay.

Cánepa se excusó por cuanto fue el fiscal de la causa; también lo hizo Chaia, por entender que la OGA había seguido un camino de exclusión de magistrados «naturales» sin fundamento, tal cual dio cuenta Entre Ríos Ahora.

La seguidilla de apartamientos y exclusiones había planteado un panorama peculiar: ocho de los nueve integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná no podrían intervenir en el juicio por la megacausa Coimas. Esa había sido la decisión de la OGA.

El primer magistrado que quedó afuera de una eventual integración del tribunal es el vocal Santiago Brugo, por cuanto resolvió las apelaciones a las resoluciones que en la megacausa de las Coimas firmó el juez Vergara. También se excluyeron a sus colegas Mauricio Marcelo Mayer Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes intervinieron, respectivamente, como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación.

También se excluyó a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes resolvieron, el 10 de mayo de 2024, el planteo recusatorio en relación a la intervención de su colega Brugo.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial resolvió entonces que el tribunal quedaría conformado de la siguiente manera:  Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Pero esa integración no pudo ser. Chaia se bajó.

Entonces, se dispuso que el tribunal para juzgar a Urribarri en la megacausa Coimas quedará conformado por Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto).

Otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. La jueza Federik se inhibió. La magistrada arguyó que “existe un impedimento legal para intervenir como magistrada en la presente causa, en tanto tal como se señala, intervine anteriormente como parte (…) -Fiscal Coordinadora-, participando en una audiencia y suscribiendo un recurso de queja.  De la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa. No se trata de una cuestión sujeta a apreciación -como ocurre con la intervención en instancias previas de la magistratura- por lo que entiendo que debí ser desinsaculada inmediatamente por el organismo administrativo”.

También los fiscales de la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, habían reprochado la decisión de la OGA de sacar y poner jueces  motu proprio. En un escrito, señalaron que “se sigue un camino completamente inverso al que corresponde, asumiendo que los potenciales jueces que han sido excluidos, se encuentran impedidos de actuar para lo cual se relevan anteriores intervenciones que en modo alguno representan un obstáculo para componer el tribunal de juicio o se aduce de manera genérica, sin brindar precisiones al respecto, que el magistrado ha actuado como fiscal. En efecto, cuando decimos que se ha tomado un camino contrario sostenemos que debió integrarse el tribunal desinsaculando a los magistrados Santiago Brugo, Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, por surgir de las circunstancias de la causa que han intervenido como juez de apelación, juez de juicio abreviado y fiscal de coordinación, respectivamente, y realizar el correspondiente sorteo con el resto de los potenciales vocales para proceder con la pertinente integración. Una vez conformado el tribunal con aquellos jueces que no han tomado contacto con la prueba admitida, habilitar la respectiva instancia de excusación para que los magistrados seleccionados – en caso de entenderlo así – expongan los motivos por los que consideran que se encuentran impedidos de intervenir”.

La subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), María Belén López Vargas, dio a conocer el martes 2 de septiembre una resolución en la que dice: “Atento al estado de las presentes actuaciones, la excusación formuladapor la  vocal N°2  Matilde Federik, y la excusación oportunamente efectuadapor el vocal N° 3 Alejandro Cánepa; corresponde integrar el Tribunal de Juiciopara resolver la incidencia con el vocal N°6  Alejandro Diego Grippo. Ello, conformelo previsto en el Punto II.5.b) del Reglamento para las Oficinas de Gestión de Audiencias de la provincia de Entre Ríos; quedando conformado en el siguiente orden: Gervasio Labriola -primer voto-,  Alejandro Grippo -segundo voto-, y  Carolina Castagno -tercer voto-“.

Pero otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. Labriola se excusó de intervenir.

Este miércoles volvió a rearmarse el tribunal de la megacausa de las coimas y quedó integrada por Rafael Martín Cotorruelo, María Carolina Castagno, y Alejandro Diego Grippo.

Pero puede que no sea la integración definitiva, y así, entonces, el inicio del juicio en la megacausa de las Coimas seguirá en la indefinición.

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