Policiales
Investigan a dos agentes del 107 por abandonar guardia y amenazar a un compañero con una cadena
Publicado
hace 13 horasel

El Ministerio de Salud inició un sumario a dos empleados de la Dirección de Emergencias Sanitarias por haber abandonado su guardia en el Hospital Palma, dirigirse a otra base del 107 en el San Martín y protagonizar un incidente con amenazas a un compañero. APF supo que la gravedad del hecho, que incluyó la presencia policial, llevó a su traslado preventivo y desafectación del servicio de emergencias.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso el inicio de un sumario administrativo y el traslado preventivo de los agentes Diego Ernesto Gauna e Ignacio Julián Duarte, ambos de la Dirección de Emergencias Sanitarias (Red 107) del Ministerio de Salud.
La medida se fundamenta en un incidente ocurrido el pasado 3 de febrero de 2025 en la ciudad de Paraná. Según consta en el sumario, los agentes Gauna y Duarte, quienes estaban de guardia en la Base Operativa “Palma” (Hospital “Dr. Pascual Palma”), se hicieron presentes a las 23:30 en la Base Operativa “Gualeguaychú” (Hospital “San Martín”), donde se encontraban los agentes Franco Rubén Lui y Leonardo Andrés Villaverde.
La documentación indica que la situación se tornó violenta: “El agente GAUNA, habría descendido de la ambulancia con una cadena en sus manos, y habría insultado con tono de voz elevado amenazando al agente LUI”.
El texto, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.202, añade que el agente Lui “respondió con actitud pacífica con intención de calmar la situación y evitar que no llegue a mayores”. El altercado escaló hasta requerir la intervención de un operativo policial del 911 que culminó con el traslado del agente Gauna a Fiscalía “para continuar las actuaciones pertinentes”.
Un punto central de la investigación es el abandono del puesto de trabajo, ya que la Coordinación de la Dirección de Emergencias Sanitarias informó que “a la hora del altercado no hubo ninguna solicitud de ambulancia, ni traslado programado, que autorice la salida de su lugar de guardia de los señores Gauna y Duarte”.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud dictaminó que del análisis del informe “surge en primer lugar, una conducta irregular por parte de los agentes DUARTE y GAUNA, quienes abandonaron su lugar de trabajo sin motivo alguno – desatendiendo el servicio de emergencias sanitarias- y se dirigieron a otra base operativa sin la autorización pertinente, además de ello la conducta del agente GAUNA, quien habiendo arribado a la base operativa ‘Gualeguaychú’, comenzó a insultar y amenazar compañero de trabajo”.
Ante la “gravedad que conlleva el haber abandonado un servicio crítico para la salud pública”, el Decreto dispone el “traslado preventivo y la desafectación del servicio de guardia” de ambos agentes, quienes pasan de la Dirección de Emergencias Sanitarias a la Dirección General de Hospitales, mientras se sustancia el proceso que podría derivar en la causal de Cesantía por “Incumplimiento de los deberes” prevista en la Ley 9755.
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Policiales
Solicitan elevar a juicio a pareja de San Benito acusada de distribución de cocaína en la Región
Publicado
hace 3 horasel
23 de octubre de 2025
En el banquillo de los acusados habrá cuatro imputados, ya que dos están con falta de mérito. El principal acusado es un hombre de Paraguay que vivía con su pareja en San Benito.
El Fiscal Federal, Leandro Ardoy, solicitó la elevación a juicio de la causa seguida contra Néstor Rodríguez Sanabria, Andrea Fabiana Vargas, Dana Milagros Zatti y Araceli Tamara Blanco, por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de manera organizada.
La causa se originó a partir de una investigación de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos que alertaba sobre un grupo dedicado al comercio de estupefacientes. La pesquisa alertaba que el grupo narco, encabezado por el paraguayo Rodríguez Sanabria, traía cocaína de Buenos Aires a San Benito para abastecer Paraná y otras localidades.
La hipótesis investigativa sindica a Andrea Fabiana Vargas, de 43 años, comerciante, y Néstor Rodríguez Sanabria, de 30, trabajador de la construcción, como los líderes y organizadores de la estructura. Se les atribuye el rol preponderante en la coordinación, aprovisionamiento, compra y transporte del material ilícito.
Los líderes realizaban viajes periódicos a la provincia de Buenos Aires para proveerse de la droga. Estos viajes, a menudo a localidades como Lomas de Zamora, Lanús y Campana, estaban precedidos por un paso obligado por la ciudad de Concordia para la adquisición de dólares al presunto financista, Tomás Jacobi. Hoy, Jacobi tiene dictada la falta de mérito, ya que fiscalía no logró reunir pruebas contundentes. Agustín Cáceres, es el otro implicado que está con falta de mérito.
Dentro de la estructura, Dana Milagros Zatti (26 años, vendedora ambulante e hija de Vargas) es señalada como partícipe necesaria. Ella asistía a su madre en los viajes iniciales y, en una modalidad posterior, se conducía en un vehículo aparte, a veces junto a Gerónimo Farías, actuando como “auto guía” para alertar a Vargas y Rodríguez Sanabria de posibles controles en ruta y evitar operativos policiales.
Finalmente, Araceli Tamara Blanco (29 años, comerciante), con domicilio en Barrio Paraná XVI, debe responder como coautora de comercio agravado. La investigación y los allanamientos constataron que Blanco comercializaba estupefacientes en dosis directamente al consumidor, material provisto por la cúpula de la organización.
La investigación de la Dirección de Toxicología de Entre Ríos incluyó tareas de vigilancia, inteligencia e intervenciones telefónicas que permitieron descubrir la operatoria y la composición del grupo.
El 19 de diciembre de 2024 se ejecutaron las órdenes de allanamiento y la interceptación vehicular. El operativo clave se centró en el vehículo KIA Sportage 4×4 en el que se trasladaban Vargas y Rodríguez Sanabria.
La intercepción del KIA, cerca del acceso al parque termal Victoria del Agua, en el kilómetro 119.5 de la ruta N° 11, no fue inmediata, ya que el conductor se dio a la fuga a alta velocidad, poniendo en riesgo la vida del personal policial. Funcionarios actuantes debieron efectuar disparos disuasivos que impactaron en el parabrisas.
Tras una persecución, el vehículo fue detenido en cercanías a la estancia “El Retorno”. Los ocupantes se resistieron a la detención, forzando al personal a romper un vidrio y forcejear, resultando varios funcionarios heridos. Vargas, incluso, mordió y golpeó a un funcionario mientras intentaba asegurar un teléfono celular.
Debido a que el rastrillaje del vehículo no arrojó resultados, y presumiendo el descarte de material, se inició una búsqueda en la zona. A unos 100 metros de la ruta provincial N° 11, en el camino vecinal llamado “Camino a Montoya”, se logró detectar debajo de un árbol un bolso negro y una cartera del mismo color, que contenían 18 ladrillos/panes de forma rectangular.
El can detector de narcóticos “Dibu” marcó la presencia de estupefacientes en el bolso. Se determinó que estos panes, con un peso total de 18.737 gramos, habían sido descartados por Rodríguez Sanabria y Vargas.
Otros allanamientos simultáneos
En el allanamiento del domicilio de Tamara Blanco en Barrio Paraná XVI se encontraron dos bolsitas de nylon conteniendo dosis de sustancia blanca, que arrojaron positivo para cocaína en el narcotest. Además, se hallaron otras tantas dosis que habían intentado ser descartadas sobre la loza del vecino, junto con sumas de dinero en efectivo que ascendían a 265.500 pesos.
En el contexto de los procedimientos, también se incautó una importante cantidad de dinero en el domicilio de Tomás Jacobi en Concordia, que ascendió a 55.772.000 pesos, 61.600 dólares, 18.860 pesos uruguayos, 3120 reales y 4390 euros.
En total, el examen pericial químico determinó que el material secuestrado era clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 21.051 gramos. Esta cantidad permitiría obtener 63.940,6 dosis umbrales.
Calificación Legal
El Fiscal sostiene que la conducta de los imputados excede la mera venta al menudeo y está claramente configurada en la figura típica de comercio agravado. Se busca responsabilizar a Vargas y Rodríguez Sanabria como organizadores y a Zatti y Blanco por comercio agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, con un diferente grado de injerencia.
La Fiscalía solicita formalmente que se disponga la elevación de la presente causa a juicio.
Ahora


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