Interés General
La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado
Publicado
hace 2 mesesel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes.
El expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, tras haber perdido las elecciones en 2022. La decisión, histórica, se conoció este jueves 11 de septiembre tras el pronunciamiento de la jueza Carmen Lúcia, los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil alcanzaron la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro.
La jueza Carmen Lúcia del Tribunal Supremo de Brasil emitió su voto de condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Su voto sirvió para obtener la mayoría que condenó al expresidente Bolsonaro. Así, el panel de cinco miembros del Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría este jueves para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por pertenecer a una organización criminal armada.
El juicio histórico a Bolsonaro entró este jueves en la recta final, con el esperado voto de los dos últimos jueces que deben determinar si el expresidente brasileño debe ir a la cárcel por golpismo: los jueces Carmen Lúcia y Cristiano Zanin votaron a favor de la condena y el resultado es cuatro a uno.
Organización criminal armada
El líder de extrema derecha, de 70 años lideró una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra su rival Luiz Inácio Lula da Silva. Capitán del Ejército y nostálgico de la dictadura, Bolsonaro franqueó el paso a los militares a los pasillos del palacio de Planalto durante sus cuatro años de gobierno (2019-2022).
Pero esos mismos generales no se dejaron arrastrar a la aventura golpista con la que Bolsonaro pretendía retener el poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Por ello, a los 70 años se enfrenta a la perspectiva de pasar el resto de sus días en la cárcel o en prisión domiciliaria, publicó Clarín, con información propia y de la Agencia AFP.
Bolsonaro, un excapitán del ejército en arresto domiciliario desde agosto, no participa en las audiencias en el tribunal en Brasilia al alegar problemas de salud. De remera verde y pantalón negro, Bolsonaro se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.
Tras obtener autorización judicial, el ex presidente tiene previsto someterse a un procedimiento médico menor en un hospital de la capital el domingo, cuando ya podría ser objeto de una condena.
El exmandatario, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, está acusado junto a otros siete excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.
La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.
¿Amnistía?
“Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, blanco también del presunto plan de asesinato.
Moraes votó por una condena, así como el juez Flávio Dino, exministro de Lula. Dino advirtió además que los crímenes juzgados no son susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empuja por un perdón legislativo a su líder si resulta condenado.
A contracorriente de sus colegas, Fux estimó que el tribunal no era competente para juzgar a un expresidente y adujo una falta de pruebas para condenar a Bolsonaro.
“Este voto no va a interferir en el resultado final, pero va a interferir en la historia”, dijo a la AFP el diputado bolsonarista Luiz Lima, para quien hay una “presión enorme” para incluir el proyecto de amnistía en la agenda del Congreso.
La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.
“Este juicio es injusto (…) no siguió el ritmo normal. Es más político que jurídico”, dijo a la AFP en Brasil Germano Cavalcante, un ingeniero civil, de 60 años. Ana Karla Oliveira, una analista de sistemas, de 21 años, disintió.
Bolsonaro “debe ser responsabilizado por tentativa de golpe”. “Trajo al país una nueva era de conservadurismo de una forma muy violenta”, estimó.
Los brasileños votarán en las presidenciales de 2026. Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, una condena a Bolsonaro precipitaría la carrera en la derecha para sucederle.
Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios. El juicio se desarrolla en medio de presiones sobre Brasil del presidente estadounidense Donald Trump, que aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.
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Dragado de la Hidrovía: Denuncian que el gobierno no realizó los estudios de impacto ambiental
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Dragado de la Hidrovía: Denuncian que el gobierno no realizó los estudios de impacto ambiental
Publicado
hace 8 horasel
29 de octubre de 2025
El gobierno nacional convocó a una audiencia pública para este 3 de noviembre con el objetivo de avanzar en la licitación para el dragado del río Paraná en el marco de la concesión de la hidrovía. Se trata de un plan de dragado que busca adaptar nuestro ecosistema a los barcos que llevan las cargas que se exportan de la Argentina.
Estos movimientos en el río Paraná afectan al ambiente. Calar el fondo del río genera movimiento en las costas, afectaciones en la fauna y la flora como así también tiene impacto en el suministro de agua de las ciudades costeras. Para conocer en detalle la afectación, la Ley impone la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental.
En esta convocatoria el gobierno busca prescindir de esos estudios y esto generó malestar en sectores ambientalistas que pusieron el grito en el cielo. La Asociación de Abogados Ambientalistas emitió un comunicado en donde señalan que la audiencia a la que convoca el gobierno es “fraudulenta” y convocaron a la ciudadanía a conectarse a la misma para manifestarse contra las intenciones del gobierno.
Fabián Maggi es abogado integrante de dicha organización y en diálogo con radio Plaza aseguró: “La audiencia que convoca el gobierno es fraudulenta porque carece de estudios de impacto ambiental, no ha sido objeto de la debida convocatoria para que las personas se puedan enterar, informarse y participar y que tiene una serie grave de irregularidades que preocupan y muchísimo”.
“El Estado dice que no presenta ningún estudio de impacto ambiental y que con la documentación anexa es suficiente para la evaluación, lo cual no es cierto. Es una ilegalidad grave y además es una falta de evaluación real de los graves impacto que producen el dragado del río Paraná de la vía navegable”, agregó el abogado.
Comunicado completo de la Asociación de Abogados Ambientalistas
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciamos penalmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia convocada. La misma está prevista para el 3 de noviembre de 2025 y busca convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT).
Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva.
El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de “gestión ambiental” sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión.
El daño es profundo: esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas.
Además de impugnar su legalidad, hacemos un llamado urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el dia 22 de octubre y se encuentra en curso de investigación por las graves irregularidades administrativas y las sospechas de corrupción. Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas y territoriales a inscribirse, a hacer oír su voz y a sumarse a esta convocatoria. Porque lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo.
No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación. Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos.


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