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La Justicia de EEUU embargó USD 210 millones a la Argentina en un caso por bonos que entraron en default

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La decisión fue oficializada por la jueza Loretta Preska y se ejecutará mañana. La Corte Suprema norteamericana lo había habilitado en enero. Congeló, además, otros USD 100 millones.

Tras la decisión que había tomado en enero la Corte Suprema de los Estados Unidos de habilitar a que se embarguen activos que tiene el Estado argentino por reclamos de deuda impaga por parte de holdouts, la jueza norteamericana Loretta Preska aprobó finalmente el embargo de USD 210 millones, que serán ejecutados mediante una orden en la mesa de entrada en la Reserva Federal de Nueva York y entregados al fondo Attestor Master. Además, la jueza congeló otros USD 100 millones hasta que otros dos grupos de acreedores culminen con la disputa.

“La jueza Loretta Preska aprueba el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos USD 100 millones. Este embargo ocurre a pocos días de la ejecución de la garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres”, anticipó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, en su cuenta de X.

Según explicó Maril a Infobae, antiguos acreedores, famosos holdouts, tienen fallos a favor para embargar activos argentinos porque nunca cobraron de la Argentina tras el default del 2001. Un grupo, por USD 460 millones (Attestor Master), y Bainbridge Fund, por USD 100 millones. “Encontraron activos argentinos que son de la parte del colateral de los bonos Brady, consiguieron embargo en 2022; Argentina apeló, perdió esa apelación y fue finalmente a la Corte Suprema, que en enero de este año rechazó el pedido argentino, motivo por el cual sólo quedaba una orden de Preska”, explicó el especialista.

A su vez, Maril remarcó que Bainbridge Fund, que no participó del embargo, “pidió subirse al tren para también tomar posesión de parte de los colaterales de los bonos Brady, pero la jueza rechazó congelar todos los fondos y sólo lo permitió por USD 100 millones. Luego, tanto este fondo con Attestor deberán discutir en esa corte por qué deben tomar posesión de estos bonos”.

Se trata de reclamos de tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años. La victoria obtenida ahora, luego del aval otorgado por la Corte Suprema norteamericana en enero, que rechazó la apelación argentina, se suma a otras que habían tenido los holdouts en instancias previas, en la que el país había sido obligado a entregar títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990. Como en 2023 el país terminó de pagar sus obligaciones, los títulos entregados como garantía quedaron liberados. Ahora, nuevos fondos quedaron embargados.

Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país,en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri). Y la estimación es que sonmenos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.

Los títulos embargados están en manos del Tesoro de Estados Unidos. La Argentina los había entregado como garantía de pago de los bonos Brady emitidos a comienzos de los ´90, cuando refinanció la deuda acumulada de la década anterior, gracias a una política de beneficios lanzada por el entonces secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady. Si la Argentina no pagaba los intereses de los bonos Brady, los acreedores podían cobrar los bonos del Tesoro estadounidense que estaban en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.

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Preocupa a diputados del PJ la paralización del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional y la persecución a dirigentes gremiales

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El bloque de diputados “Más para Entre Ríos” recibió a dirigentes del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional –Distrito Entre Ríos y manifestó su preocupación por la persecución que sufren como represalia a la postura asumida en defensa del organismo nacional.

Tras la resolución de la Justicia Federal, que en julio de este año frenó la aplicación del Decreto 461/25, por el cual el gobierno de Javier Milei eliminaba la Dirección Nacional de Vialidad junto a otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte, los referentes sindicales comenzaron a sufrir persecución y hostigamiento con el objeto de dejar desprotegidos a los trabajadores del área.

El secretario General del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, quien es trabajador de planta del organismo -sin uso de licencia gremial- y también integrante de la federación nacional de los trabajadores del sector, fue objeto de un sumario en el marco de un proceso en el cual no pudo ejercer su defensa, y como sanción inicial no percibe sus haberes hace meses. La misma metodología se repite en otras provincial también contra dirigentes gremiales del sector que impulsaron la acción judicial para frenar el desguace de la DNV y el despido de 4000 trabajadores.

Mientras tanto se avanza en el desfinanciamiento del área, no se pagan las deudas a los proveedores, se mantiene el congelamiento salarial y la incertidumbre sobre el futuro de los integrantes de la DNV con el claro objetivo de desacreditar su función ante la sociedad. Esta postura de las actuales autoridades de Vialidad Nacional tiene como consecuencia el deterioro de la red vial nacional en la provincia que tiene unos 2.000 kilómetros de extensión e incluye a las rutas 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015. Esa decisión repercute negativamente en el desarrollo de diversas actividades, afectando especialmente el desarrollo económico y poniendo en riesgo la seguridad vial de quienes las transitan a diario.

El distrito Entre Ríos tiene 165 trabajadores y al igual que sucede en todo el país, la mayoría de ellos son personal contratado, pese a que en muchos casos su antigüedad llega hasta los 15 años o incluso los supera.

Durante el encuentro con las y los legisladores justicialistas, tanto Meza como Sebastián Lallana y el abogado Walter López dieron cuenta de la irregular situación que se registra en el distrito, y agradecieron el encuentro con el bloque opositor que encabeza Laura Stratta, ya que es una manera de visibilizar la situación ante la ciudadanía de la provincia. 

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