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La oposición va por el rechazo a los vetos de Milei, los proyectos de los gobernadores y la investigación del Libragate

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El arco opositor busca vencer la feroz resistencia de la Casa Rosada y ratificar las leyes de emergencia en discapacidad, aumento jubilatorio, moratoria previsional y la ayuda para Bahía Blanca, para lo que necesitará dos tercios de los votos. El reparto equitativo a las provincias de los ATN y del Impuesto a los combustibles necesita de mayoría simple para convertirse en ley. Lo mismo para retomar la investigación de la criptoestafa Libra que involucra al Presidente. 

El arco opositor quiere ponerle límites a la motosierra del Gobierno libertario en la Cámara de Diputados en la sesión de mañana donde apuesta a rechazar los vetos de Javier Milei a la emergencia en discapacidad, al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la ayuda económica a Bahía Blanca; destrabar y avanzar con la investigación de la criptoestafa Libra que involucra la Presidente y su entorno más intimo en el poder; y los proyectos de todos los gobernadores para distribuir recursos económicos que la Casa Rosada acapara y no distribuye a las provincias. La convocatoria que impulsan las bancadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, estableció un temario y un orden para el debate que pondrá a prueba las voluntades del variopinto abanico opositor, de quienes a pesar de su actitud colaboracionista fueron desechados como aliados por el oficialismo y de los propios mandatarios provinciales. Una sesión caliente tras los cierres de listas para las elecciones legislativas de octubre (que sella alianzas pero también deja heridos), que define la resolución de temas sensibles en vísperas de la campaña electoral nacional y del impacto que las mismas puedan tener en el electorado en medio de una creciente crisis económica y social.

El recinto se abrirá mañana al mediodía y promete un debate álgido y una disputa voto por voto en cada uno de los temas, pero la primera batalla será por alcanzar el quórum para sesionar. En principio, los bloques convocantes (UxP, EF y DpS), tendrían el respaldo de la Coalición Cívica y del Frente de Izquierda y con ellos el número suficiente para abrir el debate. Aunque la Casa Rosada también hará sentir el rigor de la presión que habitualmente ejerce sobre gobernadores y legisladores colaboracionistas para boicotear la presencia en el recinto y tratar de voltear una sesión que incomoda, y mucho, al Gobierno.

Una convocatoria que estará marcada por el cierre de listas de este fin de semana pasado para la renovación parlamentaria en la elección nacional de octubre. Aunque la misma se formalizó el viernes pasado, cuando todavía las mismas estaban en plena discusión.

Tampoco pasa por alto, las prioridades que los convocantes establecieron en el orden del día que pondrá a prueba las voluntades de quienes tienen puesto interés especial solo en algunos temas. Los mismos irán intercalados para no solo para sostener los acuerdos legislativos previos sino la sesión que a priori sería maratónica.

El temario arranca con el rechazo de la Cámara baja a los decretos de dos vetos de Milei y que necesitarán del voto de dos tercios de los presentes en el recinto para sostener las leyes sancionadas por el Congreso. El primer expediente a tratar será el decreto 534/25 del Ejecutivo que rechaza la Declaración de la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta fin de 2027, y donde en principio existe una mayoría legislativa dispuesta a ratificar la voluntad parlamentaria que la aprobó. El segundo será el rechazo al veto de Milei al aumento del 7 por ciento que su gobierno podó a las jubilaciones en enero de 2024 y la actualización (de 70 a 110 mil pesos) del bono que perciben quienes cobran el haber mínimo, que también contaría con el aval legislativo para ratificar la ley- Aunque el oficialismo y sus aliados darán batalla para intentar blindar los vetos presidenciales.

Luego llegará el turno del primer proyecto impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA para modificar la ley permanente de Presupuesto para poder distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de forma equitativa de los fondos que el Gobierno retacea y reparte a cuentagotas de manera discrecional. Habrá que ver allí, que harán los legisladores que responden a los mandatarios provinciales que firmaron el proyecto y que ahora sellaron alianzas electorales con La Libertada Avanza en sus territorios. Con mayoría simple, la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado, se convertiría en ley.

El cuarto punto, será la modificación de la resolución por el que se creó la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra, para establecer la designación de autoridades y asegurar su funcionamiento. Y así romper con los artilugios que impuso el presidente de la Cámara abaja, el libertario riojano Martín Menem, para empantanar la investigación que compromete al Presidente y que tiene derivaciones internacionales. El conglomerado opositor que lo impulsa tendría los votos para su aprobación.

También habrá lugar para debatir el cambio del Huso Horario de la Argentina para promover el ahorro energético. Una de cuyas iniciativas fue presentada por el radical Julio Cobos, que no avaló el acuerdo electoral del gobernador mendocino Alfredo Cornejo con los libertarios y que tampoco tendrá lugar en las listas de octubre para renovar su mandato como diputado. El temario incorporó la modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario y la actualización de montos por el delito de evasión tributaria; presentado por el diputado cordobés del PRO Oscar Agost Carreño, que tampoco se sumó en su provincia al frente electoral con los libertarios.

Atrás vendrá el rechazo a otros dos vetos presidenciales. Primero el que insistirá en la ley del Congreso que declara Zona de Emergencia y en Situación de Catástrofe la provincia de Buenos Aires, especialmente los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que necesitará de dos tercios de los votos en una resolución que se prevé ajustada. Menos consenso reúne el rechazo al veto a la ley que prorroga por dos años la moratoria previsional, que Milei incluyo en el mismo decreto 534/25 con el que rechazó la emergencia en Discapacidad y el aumento jubilatorio buscando que la insistencia del Congreso fuera sobre un mismo paquete que genera discrepancias en el arco opositor. Aunque el Parlamento puede decidir que ratifique por separado cada una de las leyes vetadas por Milei.

Por último será el turno del otro proyecto de los gobernadores. El que dispone la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales, para poder disponer y repartir en base a la ley de coparticipación los recursos del Impuesto a los Combustibles destinados a las obras viales, que el Gobierno central recauda, no ejecuta y tampoco envía a las provincias. A pasar de la posible deserción de algunos legisladores que responden a los mandatarios provinciales acuerdistas con la Casa Rosada, la iniciativa necesita de mayoría simple para convertirse en ley.

Una pulseada donde el Gobierno podría sufrir otra dura derrota legislativa en las puertas de una campaña electoral. 

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Milei le entregó a Bessent el plan económico y la campaña

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El término “salvataje” es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, por motivos geopolíticos.

Por Guillermo Michel para La Política On Line

Desde hace semanas, los anuncios sobre la economía argentina no se escriben en Buenos Aires sino en Washington. Scott Bessent, funcionario designado por la administración Trump, actúa como vocero de la calma y administrador del peso argentino. Su intervención trasciende la asistencia financiera: marca un punto de inflexión en la gestión actual, donde el gobierno nacional decidió correrse no solo de la política sino también de la gestión económica, entregándose a un funcionario norteamericano.

Los mensajes de Bessent en redes sociales tienen más impacto que cualquier comunicado del Banco Central o del Ministerio de Economía. Su declaración de que el Tesoro estadounidense está “preparado para tomar medidas excepcionales para proporcionar estabilidad a los mercados” funciona como un apoyo incondicional al peso argentino. Era el respaldo más grande que podía recibir en una situación crítica como la que atravesaba.

Pero el apoyo estadounidense nunca es gratis. No solo busca estabilizar el mercado: también sostiene, de manera indirecta, la campaña del oficialismo y, naturalmente, cobrará lo que le interesa. La lista es larga y, con seguridad, llegará la factura.

La estabilidad de mercado, así como la campaña electoral, hoy están en cabeza de Scott Bessent y Donald Trump, convertidos en los dos pilares de una carrera electoral que el gobierno delegó en la Casa Blanca. Las declaraciones de apoyo “irrestricto” de la administración Trump y la intervención directa del Tesoro americano son, en los hechos, la única campaña del oficialismo. No hay nada más.

Bessent habla más -y mejor- de la economía argentina que el propio equipo económico. Sus apariciones superan a las del presidente, y en materia de campaña se ha convertido en el principal vocero de la gestión.

La intervención de Estados Unidos no es solo un estabilizador económico; también es un distractor narrativo. Domina los medios y desplaza otras acusaciones a un segundo plano, con la esperanza de que ese blindaje mediático también alcance a lo electoral.

El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado.

Los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo.

A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de USD 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó USD 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027.

La tensión cambiaria que vivimos desde hace más de un mes tiene entonces su raíz en ese mal diseño, no en la incertidumbre electoral. La narrativa oficial que culpa a la política es insostenible cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas.

La caída de reservas -incluso después del préstamo de abril- precedió a las elecciones bonaerenses, y difícilmente se revierta tras el 26 de octubre. Si no hubieran aparecido los tuits de Bessent, hoy estaríamos viendo cómo el gobierno intenta contener una corrida cambiaria.

El salvataje de Estados Unidos fue la respuesta de última hora al colapso de un programa moribundo. Los USD 20.000 millones del acuerdo de abril fueron un fracaso anunciado. Hoy solo vemos sus consecuencias y esperamos los detalles del nuevo entendimiento que, por tercera vez en un año, promete “un puente” hacia un destino incierto.

El gobierno argentino ya demostró su falta de compromiso cuando, poco después del anuncio, el presidente modificó el programa y el ministro de Economía lo dio por muerto públicamente. Veremos si con el Tesoro americano la suerte es distinta, tras esta rendición incondicional que parece haber hecho nuestro primer mandatario.

El término “salvataje” es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible. No es difícil imaginar que Washington no habría hecho lo mismo por Brasil con Lula en el poder.

El uso del Exchange Stabilization Fund (ESF) en Argentina sienta un precedente peligroso para la diplomacia del dólar: convierte una herramienta técnica de estabilización en un instrumento de política exterior.

Aquí estamos: esperando ayuda, con una campaña dirigida desde Washington y un gobierno que ruega que los anuncios alcancen para que las bandas cambiarias sobrevivan unas semanas más. La pregunta abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, en apenas cuatro meses, transitó una depreciación del 30%, ventas de reservas, intervención en el dólar futuro y la restitución del cepo para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones. 

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