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La ruta de Kueider que se cruza con Bordet

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El “caso Kueider” acaba de empezar. Y podría extenderse y complicar la situación procesal de muchos más políticos que se habrían enriquecido gracias a la misma red de cobro de sobornos que habría beneficiado al senador expulsado del Congreso esta semana. La caída de Kueider ocurrió después de que se conociera que había sido detenido intentando ingresar a Paraguay con 200 mil dólares no declarados ante las autoridades.

El exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hoy diputado nacional y ex jefe político de Kueider, es solo uno -entre varios dirigentes más-, que están bajo pesquisa judicial en la misma causa del fuero federal en la que Kueider tiene un pedido de detención en la Argentina por ser considerado autor del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales y por la lectura de documentos oficiales, que Bordet está mencionado, igual que Kueider, como uno de los funcionarios que entre el año 2016 y el año 2018 podrían haber recibido sobornos pagados por la empresa de seguridad Securitas.

El mega-expediente Securitas está siendo investigado desde el año 2020 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, bajo instrucción del fiscal Federico Domínguez.

Es un caso de corrupción paradigmático y de consecuencias inesperadas y transversales a diferentes gestiones de Nación, Provincias y Municipios, entre otros ámbitos.

Ocurre que la causa se inició debido a que la propia compañía Securitas se autodenunció en la Justicia de la Argentina después de detectar, en una auditoría interna, que sus ejecutivos en nuestro país podrían haber ganado contratos y licitaciones amañadas con diversos organismos públicos nacionales, provinciales y hasta firmas privadas, para garantizarse negocios con el Estado.

Debido a que Securitas tiene sede en Suecia, y cumple con exigentes normas de transparencia, la firma terminó comprometiendo a los directivos que trabajaban en la Argentina.

La confesión del pago de sobornos provocó que varios de los “arrepentidos” fueran detenidos, algunos con arresto domiciliario. Kueider está mencionado en documentos de Securitas, y en comunicaciones entre sus autoridades, como uno de los destinatarios de la plata sucia otorgada a la política. En su caso, habría recibido sobornos cuando se desempeñaba como autoridad de la empresa de energía de Entre Ríos, Enersa.

Quienes habrían pagado las coimas habrían sido los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, conocidos de Kueider, a quien le habrían facilitado dinero para adquirir tres departamentos de lujo en Paraná.

La misma pista es la que sigue el fiscal de Concordia, José Arias, quien investiga a Kueider también por enriquecimiento ilícito.

El mismo fiscal tiene otro expediente que también avanza y que se podría conectar con la causa que se tramitaba en sigilo en San Isidro. Arias recopila información por el mismo delito de enriquecimiento ilícito al ex gobernador Bordet.

Ocurre que una vez que asumió como diputado nacional, se conoció que había registrado en su declaración jurada bienes por una suma mayor a los 150 millones de pesos.

Entre los bienes declarados, se encuentran varios inmuebles, y también cuentas bancarias en pesos y dólares.

Arias profundizó pistas y detectó maniobras financieras de compleja defensa para Bordet.

En paralelo, y sin que se conocieran detalles de la megacausa Securitas, bajo control de Arroyo Salgado, la jueza también encontró entre la documentación interna de la empresa Securitas el nombre de Bordet.

En este caso puntual, las posibles coimas que pudo haber recibido Kueider como funcionario de Enersa, en la gestión del gobernador Bordet, se vinculan, aunque las autoridades judiciales desconocen, al menos hasta ahora, la información sobre el crecimiento patrimonial del exgobernador que se replica, no de modo similar, pero sí con ciertas conexiones, en cada uno de los dos expedientes mencionados en esta nota.

Clarín pudo saber que Arroyo Salgado le había señalado al fiscal Domínguez que se debía profundizar sobre el rol de Bordet en esta trama delictual. El exgobernador es mencionado por los hermanos Tortul en un mensaje que dice esto: “Le deje normalizado todo para que próximos meses (sic) 2.500.000 más IVA por mes noviembre, diciembre y enero y febrero y marzo más el 21 de aumento serían más de 12,5 mil más IVA. Enersa. Creo que hoy acordó pago cn Vecchi. Dsp vamos a hacer el negocio, si le dije q semana que viene tenemos que la pagar la parte de Bordet…”.

La magistrada también destacó que en una declaración de otro de los involucrados en este caso de corrupción, llamado Oscar Sagasti, quien mencionó que “el caso Enersa fue más complejo, algunos empleados no querían perder el favor del gobernador porque podría complicar los negocios en los cuales estaban relacionados. Que la cuenta de Enersa era manejada por los hermanos Tortul, el Gobernador de Entre Ríos, el gerente general de Enersa, el presidente de Enersa estaban involucrados. En ese momento advirtió que la corrupción estaba extendida”.

Una vez conocida la detención de Kueider en Paraguay, la jueza Arroyo Salgado activó el pedido de detención y allanamientos a domicilios del antes senador con fueros. Bordet intentó despegarse en declaraciones públicas de este dirigente que no solo fue su funcionario en Enersa, si no que también se desempeñó como secretario general de su gobernación.

En el caso de Bordet la investigación avanza.

La causa Securitas, como se dijo, empezó a tramitarse hace cuatro años, cuando nada de lo que pasa hoy podía imaginarse que ocurriría.

Por su parte, Bordet también está comprometido en la investigación por enriquecimiento que lidera el fiscal de Concordia Arias.

Además de las posibles inconsistencias en su declaración jurada, la Justicia de Entre Ríos pudo saber que Bordet adquirió terrenos a muy bajo precio. El vendedor de esos lotes es un imputado en otra causa de corrupción por contratos de ñoquis en la Legislatura entrerriana. Ese hombre se llama Hugo Mena. Está probado que, al menos hasta involucrarse en la trama de cobro de sueldos de contratados truchos por legisladores de Entre Ríos, tenía una vida carcomida por los pesares económicos. Su suerte cambió. Por ejemplo, la Justicia comprobó que de modo súbito se transformó en el dueño de las propiedades en Concordia antes mencionadas, que vendió a Bordet a un precio muy bajo de acuerdo al mercado, lo que le permitió al dirigente político desprenderse de esos mismos terrenos años después, pero ganando cientos de miles de dólares más de acuerdo al precio original por el que se los transfirió Mena.

El fiscal Arias, además, investiga viajes en avión a destinos internacionales que realizó Bordet siendo funcionario público.

Algunos de ellos los hizo en compañía de Kueider, pero en este caso serían a países limítrofes.

Los vuelos de Bordet son tantos y tan diversos que ocupan, en total, 23 páginas.

Uno de sus destinos más visitados es Uruguay. Incluso viajó allí no solo en aviones de línea si no también en vuelos privados cuyo costo por ahora se desconoce.

Bordet también voló a Panamá, por Copa Airlines, un destino que suelen visitar turistas pero también quienes buscan crear sociedades off shore, algo de lo que no existen pruebas de que el exgobernador haya realizado.

El fiscal Arias tiene probado, por caso, que Bordet pagó pasajes a los Estados Unidos en primera clase, o en business, que tendrían un costo de 10 mil dólares. ¿De donde salió el dinero para abonar esos tickets?

Otros a las que viajó el jefe de Kueider, hoy diputado, son Alemania, Francia, España, Brasil y… Paraguay, también, en un caso, en jet privado.

Para el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos es dificultoso que empresas aerocomerciales le entreguen información financiera sobre el pago de los pasajes de Bordet. Una de las firmas que más retrasa la entrega de esa información es Aerolíneas Argentinas, supo Clarín en base a fuentes del caso.

Dos causas judiciales se investigan en paralelo, con avances disímiles, con foco actual en Kueider pero también en otros ex funcionarios.

Entre ellos, Bordet.

La jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez corroboraron, entre otras variables, que Kueider aceleró y viajó a Paraguay de modo intenso y repetitivo una vez que sus abogados supieron que estaba involucrado en la causa que se tramita en San Isidro.

Por su parte, el fiscal Arias intenta realizar una pericia contable de las muchas propiedades de la que Bordet es dueño, pero que figuran en su declaración jurada a un monto menor a lo que indica que valen de acuerdo a la oferta y demanda del mercado.

Kueider y Bordet: vidas paralelas.

El peronismo de Entre Ríos se desmorona por las sospechas de falta de transparencia de sus principales dirigentes, y por causas de enriquecimiento o asociación ilícito, bien documentadas.

Está preso, también por corrupción, el exgobernador del PJ de la provincia, Sergio Urribarri.

El candidato a primer senador en la lista del peronismo K, Kueider, también está detenido, pero en Paraguay.

Y quien sucedió a Urribarri en la Gobernación, Bordet, ahora está envuelto en una polémica judicial compleja.

Bordet afirma que todo se trata de malentendido que solucionará.

Ese expediente de Concordia se sigue alimentando de nuevos datos que envían al Ministerio Público varias áreas de gobierno.

Bordet niega que sus propiedades y sus depósitos en pesos y dólares sean producto de delitos.

El peronismo de Entre Ríos vive un terremoto.

El centro del sismo se inició en Concordia.

Nadie había detectado que grandes temblores podrían haberse incubado, hace muchos meses, en las lejanías de los tribunales de la bonaerense ciudad de San Isidro.

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Causa Coimas: El 25 de noviembre será la audiencia para tratar la recusación de los fiscales Badano y Yedro

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La Justicia fijó para el martes 25 de noviembre, a las 10, la audiencia para tratar la recusación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, acusadores públicos en la megacausa de las Coimas, en la que está imputado el exgobernador Sergio Urribarri y para quien hay pedido de una condena a 10 años de cárcel.

El planteo recusatorio se hará ante el tribunal conformado para llevar a juicio esa causa -trámite que aún no tiene fecha- y que integran los jueces Alejandro Diego Grippo, Rafael Martín Cotorruelo y María Carolina Castagno.

El pedido de apartamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal fue formulado por los abogados Juan Antonio Méndez y Candelario Pérez, defensores de Carlos Marcelo Haidar. El argumento es que los fiscales ya formaron parte del juicio abreviado en el que el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, firmó un juicio abreviado en el que aceptó haber cobrado coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, proveedora del Estado entrerriano durante el urribarrismo.

“Se da entonces la situación sobreviniente que los fiscales encargados de llevar adelante el juicio contra nuestro defendido son los mismos funcionarios que sostuvieron la acusación en el juicio abreviado, valoraron la prueba que el juez de sentencia admitió”, dice el escrito de los defensores, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

El tribunal que finalmente quedó conformado para llevar adelante el juicio de la megacausa de las Coimas –aún sin fecha- conformado por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Casetagno corrió vista del planteo a los fiscales Yedro y Badano “a fin de que produzcan el informe prescripto en la norma del art. 46 C.P.P, aplicable por remisión dispuesta en el art. 60 del mismo cuerpo normativo”.

La recusación de los fiscales se apoya en el juicio abreviado al que accedió el exministro Smaldone.

A principios de agosto último, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exministro de Trabajo del urribarrismo Guillermo Smaldone en el marco de la mecausa de las Coimas, que tiene pedido de condena a 10 años para el exgobernador Sergio Urribarri.

El Ministerio Público Fiscal acordó con Smaldone, que como abogado ejerció su propia defensa, la aplicación de una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua, y como norma de conducta, y por el plazo de tres años, las siguientes medidas:

a) Fijar y mantener domicilio en calle Libertad Nº 59 de la ciudad de Paraná el que no podrá variar sin previo aviso a la autoridad judicial.

b) Prohibición de realizar actos molestos, violentos y perturbadores, por sí o por interpósita persona hacia los testigos del hecho.

c) Realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público que designe la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial por plazo 96 horas anuales. Además, al estar plenamente acreditado que los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro se solicitara la imposición de pena de multa para el imputado por la suma de $90.000.

El punto 9) del acuerdo de juicio abreviado tiene el siguiente título: “Confesión del imputado”, la aceptación por parte del exministro de Trabajo de haber cobrado coimas de parte Cardona Herreros y esa peculiaridad sella la suerte del resto de los imputados en la megacausa de las Coimas.

El caso

El 1º de agosto el juez de Garantías Julián Vergara envió la causa a juicio, y lo que siguió fue la conformación del tribunal colegiado que sentará en el banquillo, por segunda vez, al exgobernador Urribarri, que ya fue condenado a 8 años de prisión en el megajuicio. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), un organismo administrativo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), separó, motu proprio, a magistrados que consideró debían inhibirse por haber intervenido en el caso con anterioridad y dispuso que en el estrado deberían estar Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay.

Cánepa se excusó por cuanto fue el fiscal de la causa; también lo hizo Chaia, por entender que la OGA había seguido un camino de exclusión de magistrados “naturales” sin fundamento.

La seguidilla de apartamientos y exclusiones había planteado un panorama peculiar: ocho de los nueve integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná no podrían intervenir en el juicio por la megacausa Coimas. Esa había sido la decisión de la OGA.

El primer magistrado que quedó afuera de una eventual integración del tribunal es el vocal Santiago Brugo, por cuanto resolvió las apelaciones a las resoluciones que en la megacausa de las Coimas firmó el juez Vergara. También se excluyeron a sus colegas Mauricio Marcelo Mayer, Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes intervinieron, respectivamente, como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

También se excluyó a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes resolvieron, el 10 de mayo de 2024, el planteo recusatorio en relación a la intervención de su colega Brugo.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial resolvió entonces que el tribunal quedaría conformado de la siguiente manera:  Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

Pero esa integración no pudo ser. Chaia se bajó.

Entonces, se dispuso que el tribunal para juzgar a Urribarri en la megacausa Coimas quedaría conformado por Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto).

Otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. La jueza Federik se inhibió. La magistrada arguyó que “existe un impedimento legal para intervenir como magistrada en la presente causa, en tanto tal como se señala, intervine anteriormente como parte (…) -Fiscal Coordinadora-, participando en una audiencia y suscribiendo un recurso de queja.  De la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa. No se trata de una cuestión sujeta a apreciación -como ocurre con la intervención en instancias previas de la magistratura- por lo que entiendo que debí ser desinsaculada inmediatamente por el organismo administrativo”.

También los fiscales de la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, habían reprochado la decisión de la OGA de sacar y poner jueces motu proprio. En un escrito, señalaron que “se sigue un camino completamente inverso al que corresponde, asumiendo que los potenciales jueces que han sido excluidos, se encuentran impedidos de actuar para lo cual se relevan anteriores intervenciones que en modo alguno representan un obstáculo para componer el tribunal de juicio o se aduce de manera genérica, sin brindar precisiones al respecto, que el magistrado ha actuado como fiscal. En efecto, cuando decimos que se ha tomado un camino contrario sostenemos que debió integrarse el tribunal desinsaculando a los magistrados Santiago Brugo, Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, por surgir de las circunstancias de la causa que han intervenido como juez de apelación, juez de juicio abreviado y fiscal de coordinación, respectivamente, y realizar el correspondiente sorteo con el resto de los potenciales   vocales para proceder con la pertinente integración. Una vez conformado el tribunal con aquellos jueces que no han tomado contacto con la prueba admitida, habilitar la respectiva instancia de excusación para que los magistrados seleccionados – en caso de entenderlo así – expongan los motivos por los que consideran que se encuentran impedidos de intervenir”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La subdirectora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), María Belén López Vargas, dio a conocer el martes 2 de septiembre una resolución en la que dice: “Atento al estado de las presentes actuaciones, la excusación formulada por la vocal N° 2 Matilde Federik, y la excusación oportunamente efectuada por el vocal N° 3 Alejandro Cánepa; corresponde integrar el Tribunal de Juicio para resolver la incidencia con el vocal N° 6 Alejandro Diego Grippo. Ello, conforme lo previsto en el Punto II.5.b) del Reglamento para las Oficinas de Gestión de Audiencias de la provincia de Entre Ríos; quedando conformado en el siguiente orden: Gervasio Labriola -primer voto-, Alejandro Grippo -segundo voto-, y Carolina Castagno -tercer voto-”.

Pero otra vez hubo que barajar y dar de nuevo. Labriola se excusó de intervenir.

Volvió a rearmarse el tribunal de la megacausa de las Coimas y quedó integrada por Rafael Martín Cotorruelo, María Carolina Castagno, y Alejandro Diego Grippo.

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