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La ruta de Kueider que se cruza con Bordet

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El “caso Kueider” acaba de empezar. Y podría extenderse y complicar la situación procesal de muchos más políticos que se habrían enriquecido gracias a la misma red de cobro de sobornos que habría beneficiado al senador expulsado del Congreso esta semana. La caída de Kueider ocurrió después de que se conociera que había sido detenido intentando ingresar a Paraguay con 200 mil dólares no declarados ante las autoridades.

El exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hoy diputado nacional y ex jefe político de Kueider, es solo uno -entre varios dirigentes más-, que están bajo pesquisa judicial en la misma causa del fuero federal en la que Kueider tiene un pedido de detención en la Argentina por ser considerado autor del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales y por la lectura de documentos oficiales, que Bordet está mencionado, igual que Kueider, como uno de los funcionarios que entre el año 2016 y el año 2018 podrían haber recibido sobornos pagados por la empresa de seguridad Securitas.

El mega-expediente Securitas está siendo investigado desde el año 2020 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, bajo instrucción del fiscal Federico Domínguez.

Es un caso de corrupción paradigmático y de consecuencias inesperadas y transversales a diferentes gestiones de Nación, Provincias y Municipios, entre otros ámbitos.

Ocurre que la causa se inició debido a que la propia compañía Securitas se autodenunció en la Justicia de la Argentina después de detectar, en una auditoría interna, que sus ejecutivos en nuestro país podrían haber ganado contratos y licitaciones amañadas con diversos organismos públicos nacionales, provinciales y hasta firmas privadas, para garantizarse negocios con el Estado.

Debido a que Securitas tiene sede en Suecia, y cumple con exigentes normas de transparencia, la firma terminó comprometiendo a los directivos que trabajaban en la Argentina.

La confesión del pago de sobornos provocó que varios de los “arrepentidos” fueran detenidos, algunos con arresto domiciliario. Kueider está mencionado en documentos de Securitas, y en comunicaciones entre sus autoridades, como uno de los destinatarios de la plata sucia otorgada a la política. En su caso, habría recibido sobornos cuando se desempeñaba como autoridad de la empresa de energía de Entre Ríos, Enersa.

Quienes habrían pagado las coimas habrían sido los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, conocidos de Kueider, a quien le habrían facilitado dinero para adquirir tres departamentos de lujo en Paraná.

La misma pista es la que sigue el fiscal de Concordia, José Arias, quien investiga a Kueider también por enriquecimiento ilícito.

El mismo fiscal tiene otro expediente que también avanza y que se podría conectar con la causa que se tramitaba en sigilo en San Isidro. Arias recopila información por el mismo delito de enriquecimiento ilícito al ex gobernador Bordet.

Ocurre que una vez que asumió como diputado nacional, se conoció que había registrado en su declaración jurada bienes por una suma mayor a los 150 millones de pesos.

Entre los bienes declarados, se encuentran varios inmuebles, y también cuentas bancarias en pesos y dólares.

Arias profundizó pistas y detectó maniobras financieras de compleja defensa para Bordet.

En paralelo, y sin que se conocieran detalles de la megacausa Securitas, bajo control de Arroyo Salgado, la jueza también encontró entre la documentación interna de la empresa Securitas el nombre de Bordet.

En este caso puntual, las posibles coimas que pudo haber recibido Kueider como funcionario de Enersa, en la gestión del gobernador Bordet, se vinculan, aunque las autoridades judiciales desconocen, al menos hasta ahora, la información sobre el crecimiento patrimonial del exgobernador que se replica, no de modo similar, pero sí con ciertas conexiones, en cada uno de los dos expedientes mencionados en esta nota.

Clarín pudo saber que Arroyo Salgado le había señalado al fiscal Domínguez que se debía profundizar sobre el rol de Bordet en esta trama delictual. El exgobernador es mencionado por los hermanos Tortul en un mensaje que dice esto: “Le deje normalizado todo para que próximos meses (sic) 2.500.000 más IVA por mes noviembre, diciembre y enero y febrero y marzo más el 21 de aumento serían más de 12,5 mil más IVA. Enersa. Creo que hoy acordó pago cn Vecchi. Dsp vamos a hacer el negocio, si le dije q semana que viene tenemos que la pagar la parte de Bordet…”.

La magistrada también destacó que en una declaración de otro de los involucrados en este caso de corrupción, llamado Oscar Sagasti, quien mencionó que “el caso Enersa fue más complejo, algunos empleados no querían perder el favor del gobernador porque podría complicar los negocios en los cuales estaban relacionados. Que la cuenta de Enersa era manejada por los hermanos Tortul, el Gobernador de Entre Ríos, el gerente general de Enersa, el presidente de Enersa estaban involucrados. En ese momento advirtió que la corrupción estaba extendida”.

Una vez conocida la detención de Kueider en Paraguay, la jueza Arroyo Salgado activó el pedido de detención y allanamientos a domicilios del antes senador con fueros. Bordet intentó despegarse en declaraciones públicas de este dirigente que no solo fue su funcionario en Enersa, si no que también se desempeñó como secretario general de su gobernación.

En el caso de Bordet la investigación avanza.

La causa Securitas, como se dijo, empezó a tramitarse hace cuatro años, cuando nada de lo que pasa hoy podía imaginarse que ocurriría.

Por su parte, Bordet también está comprometido en la investigación por enriquecimiento que lidera el fiscal de Concordia Arias.

Además de las posibles inconsistencias en su declaración jurada, la Justicia de Entre Ríos pudo saber que Bordet adquirió terrenos a muy bajo precio. El vendedor de esos lotes es un imputado en otra causa de corrupción por contratos de ñoquis en la Legislatura entrerriana. Ese hombre se llama Hugo Mena. Está probado que, al menos hasta involucrarse en la trama de cobro de sueldos de contratados truchos por legisladores de Entre Ríos, tenía una vida carcomida por los pesares económicos. Su suerte cambió. Por ejemplo, la Justicia comprobó que de modo súbito se transformó en el dueño de las propiedades en Concordia antes mencionadas, que vendió a Bordet a un precio muy bajo de acuerdo al mercado, lo que le permitió al dirigente político desprenderse de esos mismos terrenos años después, pero ganando cientos de miles de dólares más de acuerdo al precio original por el que se los transfirió Mena.

El fiscal Arias, además, investiga viajes en avión a destinos internacionales que realizó Bordet siendo funcionario público.

Algunos de ellos los hizo en compañía de Kueider, pero en este caso serían a países limítrofes.

Los vuelos de Bordet son tantos y tan diversos que ocupan, en total, 23 páginas.

Uno de sus destinos más visitados es Uruguay. Incluso viajó allí no solo en aviones de línea si no también en vuelos privados cuyo costo por ahora se desconoce.

Bordet también voló a Panamá, por Copa Airlines, un destino que suelen visitar turistas pero también quienes buscan crear sociedades off shore, algo de lo que no existen pruebas de que el exgobernador haya realizado.

El fiscal Arias tiene probado, por caso, que Bordet pagó pasajes a los Estados Unidos en primera clase, o en business, que tendrían un costo de 10 mil dólares. ¿De donde salió el dinero para abonar esos tickets?

Otros a las que viajó el jefe de Kueider, hoy diputado, son Alemania, Francia, España, Brasil y… Paraguay, también, en un caso, en jet privado.

Para el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos es dificultoso que empresas aerocomerciales le entreguen información financiera sobre el pago de los pasajes de Bordet. Una de las firmas que más retrasa la entrega de esa información es Aerolíneas Argentinas, supo Clarín en base a fuentes del caso.

Dos causas judiciales se investigan en paralelo, con avances disímiles, con foco actual en Kueider pero también en otros ex funcionarios.

Entre ellos, Bordet.

La jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez corroboraron, entre otras variables, que Kueider aceleró y viajó a Paraguay de modo intenso y repetitivo una vez que sus abogados supieron que estaba involucrado en la causa que se tramita en San Isidro.

Por su parte, el fiscal Arias intenta realizar una pericia contable de las muchas propiedades de la que Bordet es dueño, pero que figuran en su declaración jurada a un monto menor a lo que indica que valen de acuerdo a la oferta y demanda del mercado.

Kueider y Bordet: vidas paralelas.

El peronismo de Entre Ríos se desmorona por las sospechas de falta de transparencia de sus principales dirigentes, y por causas de enriquecimiento o asociación ilícito, bien documentadas.

Está preso, también por corrupción, el exgobernador del PJ de la provincia, Sergio Urribarri.

El candidato a primer senador en la lista del peronismo K, Kueider, también está detenido, pero en Paraguay.

Y quien sucedió a Urribarri en la Gobernación, Bordet, ahora está envuelto en una polémica judicial compleja.

Bordet afirma que todo se trata de malentendido que solucionará.

Ese expediente de Concordia se sigue alimentando de nuevos datos que envían al Ministerio Público varias áreas de gobierno.

Bordet niega que sus propiedades y sus depósitos en pesos y dólares sean producto de delitos.

El peronismo de Entre Ríos vive un terremoto.

El centro del sismo se inició en Concordia.

Nadie había detectado que grandes temblores podrían haberse incubado, hace muchos meses, en las lejanías de los tribunales de la bonaerense ciudad de San Isidro.

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Rechazan reclamo salarial del juez Baridón

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El Poder Ejecutivo rechazó el reclamo de pago de una diferencia salarial a favor del juez Marcelo Javier Baridón, integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, un litigio que encararon varios miembros del Poder Judicial pero que se encontraron con el mismo revés: el Gobierno no reconoce adeudar diferencia alguna por aplicación de la Ley de Emergenia que estuvo vigente durante la última pandemia de coronavirus, en cuyo lapso se suspendió la aplicación de acuerdos salariales en paritaria y también la Ley de Enganche de los judiciales.

Un dictamen de Fiscalía de Estado se apoya en un decreto del año 2023 del Ministerio de Economía «en el marco del cual los diferentes estamentos del Poder Judicial y representantes gremiales del sector, luego de haber analizado la proyección presupuestaria y financiera, acordaron con el Poder Ejecutivo un incremento total y remunerativo del 24% para personal del Poder Judicial, porcentaje que se liquidó por un código separado y escalonado: 8% con los
haberes de octubre de 2023, 16% con los haberes de noviembre de 2023 y 24% con los haberes de diciembre de 2023. Dicho incremento del 24% se integra a la base del salario sobre los que se calcularán futuros aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2024 (Artículos 1º y 2º). Ergo, no hay mandato legal del Estado Entrerriano para restituir el 25,57%, ni mucho menos retroactivo, porque no existe deber expresado en norma alguna, ni tampoco  compromiso asumido en ningún acto administrativo».

El planteo de Baridón corrió la misma suerte que el resto de las presentaciones individuales o coletivas del Poder Judicial.

En julio último se había conocido la decisión del Poder Ejecutivo de rechazar un planteo hecho en 2023 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se “devuelva” a los empleados de la Justicia y también del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos la diferencia salarial entre lo que fijó la Corte por imposición de la Ley de Enganche y los incrementos que otorgó el Gobierno durante la vigencia de la Ley de Emergencia a lo largo de la pandemia de coronavirus.

A ese planteo se habían sumado la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, la Asociación Judicial de Entre  Ríos y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN):  pedían que se analice la posibilidad de “devolverles a agentes y funcionariado del Poder Judicial entrerriano y del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos” los incrementos salariales otorgados por las acordadas de la Corte Nº 24/20 (10%), Nº 40/20 (10%), Nº 3/21 (7,5%), Nº 9/21 (10%) y Nº 9/21 (9%) conforme la denominada Ley de “Enganche” Nº 10.068, durante el plazo en que estuvo vigente la Ley de Emergencia Provincial Nº 10.806.

En sus presentaciones, señalaron que durante la emergencia, desde el 1° de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, los aumentos otorgados por la Corte ascendieron al 55,96%, mientras que los aumentos que el Poder Ejecutivo le otorgó al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas fue  solamente del 24,2%, por lo que resultaría una diferencia a su favor de 25,57%. Plantearon en sus escritos que, una vez finalizada la vigencia de la Ley de Emergencia Provincial, no les fue restituida esta diferencia.

En realidad, aún con esa posición y los dictámenes a favor de la constitucionalidad de la Ley de Emergencia y de la restricción a las paritarias durante la pandemia, lo cierto es que a finales de 2022 hubo un acuerdo y el Gobierno «devolvió» parte de esa quita con la restitución a los judiciales de un 24%. Fue una restitución gradual.

La constitucionalidad de aquella Ley de Emergencia fue refrendada por pronunciamientos judiciales, y así el decreto N° 1.339, del 12 de junio último que rechazó la pretensión del STJ, cita que en 2021 en la causa “Asociación Judicial de Entre Ríos – AJER – c/Estado Provincial y Otra s/Acción de Inconstitucionalidad” se sostuvo que “la detracción que sufrieron los haberes no resultó confiscatoria ni desproporcionada, que no implicó una violación al artículo 17º Constitución Nacional, que las disminuciones fueron para el futuro y sin ocasionar una alteración sustancial del contrato de empleo público y que la aplicación de los Artículos 4º, 6º y 10º de la Ley Nº 10.806 que no ha conculcado las garantías y derechos constitucionales, que su aplicación sobre los haberes de actividad o previsionales no contrarían disposiciones superiores del ordenamiento jurídico constitucional”.

Además, un dictamen de la Fiscalía de Estado planteó que durante la vigencia de la Ley de Emergencia –en la administración del exgobernador Gustavo Bordet- quedaron suspendidas los mecanismos de actualización salarial. El decreto cita lo que señaló Fiscalía en el sentido de que “mediante Ley Nº 10.806, denominada ´Ley de Emergencia´, se estableció – entre otras estipulaciones – que durante su vigencia y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance a los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, quedando sujetos a los incrementos que dispusiere el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias a celebrarse”.

Así, el Poder Ejecutivo dictó los decretos Nº 174, del 24 de febrero de 2021, y Nº 1805, del 15 de julio de 2021. Por el primero de ellos, otorgó a partir del 1º de febrero de 2021, un 15% de incremento aplicable sobre los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 10.806, ello para el escalafón judicial y Tribunal de Cuentas. Por el segundo de los citados decretos, el Poder Ejecutivo otorgó a partir del 1º de julio de 2021 un 8% de incremento, aplicable sobre los haberes correspondientes al mes de febrero de 2021, ello para el escalafón judicial y Tribunal de Cuentas. “Es decir que ambos decretos concretaron la norma del artículo 10º de la Ley de Emergencia que dispuso la suspensión del mecanismo de actualización y en su reemplazo estableció incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo en el marco de paritarias”, señala la norma.

El dictamen de Fiscalía de Estado abunda en más argumentos y añade que “el artículo 10º de la Ley de Emergencia Nº 10.806 es harto elocuente al suspender todo mecanismo de actualización de los haberes instituido por cualquier normativa, por lo que tanto los haberes del escalafón magistratura, funcionariado del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas de Entre Ríos quedaron alcanzados por los efectos de dicha suspensión. Por tal razón, en principio, no existe deber legal del Estado Provincial de abonar diferencias de incrementos entre los consagrados por las sucesivas acordadas de la Corte (Ley de Enganche) y los establecidos por decreto del Poder Ejecutivo Provincial durante todo el plazo en que la Ley Nº 10.806 estuvo vigente”.

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