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La ruta del Mercosur será operada por empresas conocidas en la obra pública: Cuánto costará el peaje
Publicado
hace 3 horasel

Este martes al mediodía se abrieron los sobres económicos de las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14 -la llamada Ruta del Mercosur- y el resultado muestra nombres habituales y esquemas relativamente usados en la historia reciente.
Para el Tramo Oriental, sobre las rutas nacionales 12 y 14, el Gobierno planteó una tarifa de referencia de $3700 y un tope de $4300. La ganadora fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., con una oferta de $3563,45, por debajo del valor indicativo oficial. Detrás quedaron Rovella Carranza, Paolini y Benito Roggio e Hijos, todas ellas firmas con trayectoria en el ecosistema de la obra pública, informó La Nación.
La ganadora, Autovía Construcciones y Servicios, es una empresa del grupo José Cartellone, una de las constructoras que deberá dividir sus días entre las audiencias de la causa Cuadernos y la administración de una de las rutas más importantes de la Argentina.
El jueves, cuando comience el proceso, José Gerardo Cartellone junto con María Rosa Cartellone y Gerardo Cartellone, Tito Biagini y Hugo Alfredo Kot serán juzgados como coautores del delito de cohecho activo, reiterado en 10 oportunidades, y si bien se les atribuyen 30 pagos supuestamente efectuados en las oficinas del financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, se habrían sucedido en relación con 10 obras públicas.
En el Tramo Conexión, que abarca el puente Rosario-Victoria, la licitación repitió la liturgia: tres oferentes y una adjudicación que refuerza el mapa tradicional del sector. El cuadro nuevamente iluminó a un conocido: Obring S.A., con una tarifa de $3385,80 frente a un tope oficial de $4050 y una referencia de $3300. La segunda fue Cosyser y tercera, otra vez, Autovía Construcciones.
Obring construyó la avenida circunvalación de Santa Fe, el acceso al aeropuerto de Rosario, rutas provinciales y nacionales, la doble traza de la avenida Wheelwright, la reconstrucción del muelle de Parque España, el Acueducto Centro y el Aliviador III, entre otras. Franco Gagliardo, uno de los titulares de Obring, se despegó del pago de coimas ventilado en la causa de los cuadernos de la corrupción y dijo que esa firma rosarina solo participó de una obra vial durante el kirchnerismo y que todo se hizo “honestamente”.
En la causa Cuadernos se probó mediante un informe de la Dirección Nacional de vialidad que se le adjudicaron un total de cuatro obras, por un monto total de $232.991.771,34, siempre a valores históricos. En su declaración, a Rubén Juan Gagliardo se le preguntó por los retrasos en los pagos y confirmó que estos se sucedían entonces. Y aportó un dicho: “Si no tenés espaldas, no hagas obra pública”. En ese momento, ese pilar para ser constructor de infraestructura lo había adquirido, según dijo, con un criadero de cerdos de alta genética en el que tenía socios canadienses.
Los constructores ya habían logrado un enorme triunfo en medio del proceso de licitación. Lograron que el financiamiento para hacer las obras en la primera ruta nacional concesionada por la administración Milei lo aporte el Estado. La novedad apareció a 48 horas del cierre del llamado a licitación cuando el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) publicó un nuevo crédito destinado a los que quieran presentar sus ofertas para quedarse con el corredor.
“En el marco de la licitación 504-0007-LPU25 lanzada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación para el Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, BICE [Banco de Inversión y Comercio Exterior] dispuso la estructuración de financiamiento a través de un esquema fiduciario de garantía y fondeo“, dijo entonces la comunicación oficial de la entidad.
La novedad cambió tangencialmente la licitación, ya que hasta que se conoció, y de acuerdo a decenas de declaraciones de funcionarios del área, incluido el presidente Javier Milei, este esquema de concesiones de la obra pública vial no iba a requerir dinero del Estado, sino que serían los empresarios los que aporte el capital que luego, se cobrarían con el peaje.
Con un peaje mucho mayor al actual y con financiamiento del BICE, las constructoras argentinas tienen su revancha. Y como dijo Gagliardo, para hacer obra pública hay que tener espalda. Y si las empresas no pueden lograrlo, para eso está el BICE.
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Entidades gremiales empresarias destacaron el proceso de la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Las principales cámaras empresarias y entidades vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la organización y desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental sobre la Vía Navegable Troncal (VNT).
Uno de los pasos previos a la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El proceso, que generó un amplio debate entre sectores productivos, ambientales y sociales, se realizó de manera virtual con la participación de cerca de 250 oradores. Y se valoró como una instancia clave de diálogo institucional y transparencia en la toma de decisiones.
Hubo un comunicado conjunto en el que las entidades gremiales empresarias expresaron su reconocimiento a la Anpyn. Lo firmaron la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. Además de las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Puertos Privados Comerciales y de Actividades Portuarias y Marítimas.
Las entidades resaltaron el “estricto cumplimiento” de la normativa que regula la participación ciudadana en procesos de decisión pública. Destacando la convocatoria y desarrollo de la Audiencia Pública como un paso fundamental hacia una nueva licitación de la Hidrovía moderna y transparente.
Las cámaras destacaron que la jornada se desarrolló “de manera extensa y ordenada”. Con la participación libre de cientos de oradores que pudieron exponer sus posturas y aportes en torno al futuro de la Vía Navegable Troncal, la principal arteria logística del país.
A pesar de que la audiencia no tiene carácter vinculante, las entidades consideraron que ofrece “un marco participativo y transparente”. Esto refuerza la legitimidad del proceso licitatorio. “Ratificamos la importancia de esta licitación como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía”.
También remarcaron la necesidad de alcanzar una nueva concesión “a riesgo empresario y sin aval del Estado”. Con criterios de sustentabilidad y competitividad que fortalezcan la posición de la Argentina en el comercio internacional.
La justicia despejó el camino para el debate
La realización de la audiencia pública se puso en duda por una acción judicial que presentaron la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas. Estas organizaciones planteaban que el proceso no garantizaba los estándares de participación ciudadana que exige la normativa nacional. Ni por el Acuerdo de Escazú, que refuerza los derechos de acceso a la información y participación ambiental.
Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 rechazó la medida cautelar solicitada. Así permitió que la audiencia se desarrollara según lo previsto. En su resolución, el tribunal consideró que los peticionantes no demostraron la existencia de una lesión concreta a los derechos alegados ni irregularidades sustanciales en el procedimiento.
También aclaró que la consulta pública no implica la aprobación de obras ni de los términos definitivos de la licitación. Sino que constituye una etapa preparatoria centrada en la evaluación ambiental y la gestión de la Vía Navegable Troncal.
La audiencia se llevó a cabo el lunes último de manera virtual y se extendió durante más de 14 horas, desde las 8 hasta pasadas las 23. A lo largo de la jornada, más de 240 expositores presentaron sus posturas. En un debate que combinó visiones técnicas, ambientales, sociales y productivas sobre el futuro de la Hidrovía en una nueva licitación.
Un amplio número de participantes, más del 90% según los registros oficiales, expresó su rechazo a la posibilidad de profundizar el dragado del río Paraná sin contar con estudios ambientales exhaustivos y actualizados. Los cuestionamientos provinieron de abogados ambientalistas, representantes de pueblos originarios, pescadores, isleños y defensores de los ecosistemas del humedal. Todos ellos advirtieron que una eventual profundización del canal podría afectar la vida fluvial y alterar el equilibrio hídrico de la Cuenca del Plata.
Durante el encuentro, se escucharon reclamos por una mayor inclusión de los habitantes de las ciudades costeras. Y por extender el proceso de consulta para que no se reduzca a una instancia meramente formal. Los oradores coincidieron en la necesidad de un enfoque integral que contemple la realidad ambiental, social y económica de toda la región.
Reclamos por un enfoque sostenible
Entre las intervenciones más destacadas, el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió sobre los riesgos de avanzar con un dragado a 44 pies sin una evaluación ambiental profunda. Moreno sostuvo que esa medida podría acelerar el escurrimiento del agua. Y además afectar el comportamiento de la cuenca, con consecuencias graves sobre los ecosistemas y las comunidades ribereñas.
El dirigente también alertó sobre la falta de control ambiental estatal. Y señaló que el propio Ministerio de Ambiente reconoció que no realizó estudios específicos sobre el dragado en los últimos veinte años. En su exposición, destacó la importancia del transporte fluvial como alternativa sustentable. Y recordó que migrar solo el 10% de la carga que se transporta por camión hacia barcazas entre Rosario y Buenos Aires permitiría reducir hasta 300.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año.
Moreno enfatizó que la Vía Navegable debe ser “un motor de desarrollo sostenible”, priorizando la ciencia, el trabajo y la soberanía nacional. Y reclamó mayor participación de las comunidades, trabajadores y científicos en la toma de decisiones estratégicas.
La Vía Navegable Troncal, conocida comúnmente como “hidrovía”, constituye el principal corredor logístico del país. Conecta los puertos del litoral fluvial argentino con el océano Atlántico a través del Río de la Plata. Por este sistema circula cerca del 80% del comercio exterior nacional, principalmente granos, harinas y aceites vegetales.
La nueva licitación en curso de la Hidrovía definirá quién estará a cargo de su mantenimiento, dragado y señalización. En un proceso considerado estratégico tanto por el sector público como por el privado. En este sentido, las entidades empresarias remarcaron la importancia de que el nuevo esquema concesional garantice previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad económica. Asegurando además la competitividad del sistema portuario nacional.
La Anpyn, dependiente del Ministerio de Economía, asumió la responsabilidad de conducir el proceso licitatorio. Y convocar las instancias de participación ciudadana establecidas por ley. En su portal oficial, la agencia puso a disposición pública los documentos técnicos y ambientales que sustentan el informe de gestión de la Vía Navegable. Bajo el título “Documentación, antecedentes e informes de gestión y evaluación ambiental de la VNT”.
Una etapa decisiva para el futuro del Paraná
Con la audiencia ya realizada y el aval judicial que permitió su desarrollo, el proceso para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal avanza hacia su etapa de adjudicación. La discusión, sin embargo, dejó en evidencia la necesidad de conciliar intereses productivos y ambientales. En un contexto en el que la sustentabilidad del desarrollo fluvial se presenta como un desafío central.
Por su parte, las cámaras empresarias celebran la continuidad institucional y la transparencia del proceso. Mientras que las organizaciones ambientalistas insisten en que la nueva concesión debe incorporar estudios actualizados, control estatal efectivo y mecanismos reales de participación ciudadana.
El debate por la hidrovía, en definitiva, refleja un dilema mayor. Cómo garantizar un modelo de desarrollo que potencie la competitividad del país sin comprometer su patrimonio natural. En ese equilibrio se juega una parte decisiva del futuro económico, ambiental y social del litoral argentino, publicó Mundo Gremial.
APF


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