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La senadora Patricia Díaz renunció al Jurado de Enjuiciamiento

«Mi renuncia obedece a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de hacer lugar a la recusación presentada por un denunciado, quien enumera una serie de mentiras que rebatí”, dijo.

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La senadora Patricia Diaz renunció a su cargo de presidenta del Jurado de Enjuiciamiento luego de que el organismo receptara una petición del Procurador Jorge García, denunciado por supuesto mal desempeño, para que sea apartada del tratamiento de su caso, tal como adelantó Entre Ríos Ahora.

«Mi renuncia obedece a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de hacer lugar a la recusación presentada por un denunciado, quien enumera una serie de mentiras que rebatí con argumentos sólidos que no fueron tenidos en cuenta”, explicó Díaz en su carta de renuncia que reprodujo el sitio Análisis Digital. La legisladora hizo alusión así a la denuncia que pesa sobre el Procurador.

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el vicepresidente, Gonzalo García Garro, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, deberá aceptar la renuncia y  formalizar la incorporación del senador suplente al cuerpo, Rafael Cavagna (Juntos).

El Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo colegiado cuya función es juzgar el desempeño de los funcionarios de la Justicia. Está conformado por 7 miembros: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Susana Ester Medina; dos, por el Colegio de la Abogacía, Alejandro Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez; y dos legisladores, el diputado Marcelo López (Juntos), y, ahora, el senador Rafael Cavagna (Juntos).

El Procurador García fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por el abogado del exgobernador Sergio Urribarri, Fernando Burlando.

No bien fue notificado de la denuncia en su contra, el Procurador pidió el apartamiento de la senadora Díaz, esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. En 2006, Rossi fue condenado a 3 años de prisión condicional por el delito de enriquecimiento ilícito. El tribunal que lo condenó estuvo integrado por Raúl Alberto Herzovich, Silvia Teresita Nazar y Jorge Amílcar García.

El Ministerio Público Fiscal tiene abierta otra investigación penal también enriquecimiento ilícito contra Rossi y su ahora esposa, la senadora Díaz. Por eso García pidió expresamente que en su caso sea apartado de su caso en el Jurado de Enjuiciamiento.

El Procurador recusó a la titular del Jurado de Enjuiciamiento por «inidoneidad para desempeñarse como tal» en función de la investigación en su contra por enriquecimiento «y por enemistad manifiesta» por cuanto entendió que la legisladora carece «absolutamente de imparcialidad».

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento debe resolver un segundo punto: si el Procurador debe ser sometido a proceso a jury o debe ser sometido a juicio político, como planteó García.

El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos, por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses, presentó en abril una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.

En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, contrarias al juramento”.

La primera “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1979, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.

También le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el Procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ´operadores judiciales´ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ´armado de causas´ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.

“Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital) lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, dice el escrito.

El antecedente más próximo que existe respecto de la incompetencia del Jurado de Enjuiciamiento para someter a Jury al Procurador se dio el 30 de noviembre de 2021 cuando el organismo abrió causa y suspendió en el cargo a la exProcuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, finalmente destituida el 24 de mayo de 2022 acusada de mal desempeño.  Goyeneche había sido denunciada junto al Procurador García.

Entonces, el Jurado resolvió remitir las actuaciones para que su conducta -reprochada también como superior de Goyeneche por el manejo de la causa de los contratos en la Legislatura- sea analizada por la Cámara de Diputados, convertida en órgano acusatorio en el marco de un proceso de juicio político.  Al respecto, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió declarar la incompetencia para dar trámite a la denuncia presentada contra  el Procurador General Jorge A. L. García y remitir copia certificada de las  actuaciones  a la Cámara de Diputados. Pero en la Legislatura el trámite no prosperó.

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Nueva licitación de la Hidrovía

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Entidades gremiales empresarias destacaron el proceso de la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Las principales cámaras empresarias y entidades vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la organización y desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental sobre la Vía Navegable Troncal (VNT).

Uno de los pasos previos a la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El proceso, que generó un amplio debate entre sectores productivos, ambientales y sociales, se realizó de manera virtual con la participación de cerca de 250 oradores. Y se valoró como una instancia clave de diálogo institucional y transparencia en la toma de decisiones.

Hubo un comunicado conjunto en el que las entidades gremiales empresarias expresaron su reconocimiento a la Anpyn. Lo firmaron la Bolsa de Comercio de Rosario, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. Además de las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Puertos Privados Comerciales y de Actividades Portuarias y Marítimas.

Las entidades resaltaron el “estricto cumplimiento” de la normativa que regula la participación ciudadana en procesos de decisión pública. Destacando la convocatoria y desarrollo de la Audiencia Pública como un paso fundamental hacia una nueva licitación de la Hidrovía moderna y transparente.

Las cámaras destacaron que la jornada se desarrolló “de manera extensa y ordenada”. Con la participación libre de cientos de oradores que pudieron exponer sus posturas y aportes en torno al futuro de la Vía Navegable Troncal, la principal arteria logística del país.

A pesar de que la audiencia no tiene carácter vinculante, las entidades consideraron que ofrece “un marco participativo y transparente”. Esto refuerza la legitimidad del proceso licitatorio. “Ratificamos la importancia de esta licitación como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía”.

También remarcaron la necesidad de alcanzar una nueva concesión “a riesgo empresario y sin aval del Estado”. Con criterios de sustentabilidad y competitividad que fortalezcan la posición de la Argentina en el comercio internacional.

La justicia despejó el camino para el debate

La realización de la audiencia pública se puso en duda por una acción judicial que presentaron la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas. Estas organizaciones planteaban que el proceso no garantizaba los estándares de participación ciudadana que exige la normativa nacional. Ni por el Acuerdo de Escazú, que refuerza los derechos de acceso a la información y participación ambiental.

Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 rechazó la medida cautelar solicitada. Así permitió que la audiencia se desarrollara según lo previsto. En su resolución, el tribunal consideró que los peticionantes no demostraron la existencia de una lesión concreta a los derechos alegados ni irregularidades sustanciales en el procedimiento.

También aclaró que la consulta pública no implica la aprobación de obras ni de los términos definitivos de la licitación. Sino que constituye una etapa preparatoria centrada en la evaluación ambiental y la gestión de la Vía Navegable Troncal.

La audiencia se llevó a cabo el lunes último de manera virtual y se extendió durante más de 14 horas, desde las 8 hasta pasadas las 23. A lo largo de la jornada, más de 240 expositores presentaron sus posturas. En un debate que combinó visiones técnicas, ambientales, sociales y productivas sobre el futuro de la Hidrovía en una nueva licitación.

Un amplio número de participantes, más del 90% según los registros oficiales, expresó su rechazo a la posibilidad de profundizar el dragado del río Paraná sin contar con estudios ambientales exhaustivos y actualizados. Los cuestionamientos provinieron de abogados ambientalistas, representantes de pueblos originarios, pescadores, isleños y defensores de los ecosistemas del humedal. Todos ellos advirtieron que una eventual profundización del canal podría afectar la vida fluvial y alterar el equilibrio hídrico de la Cuenca del Plata.

Durante el encuentro, se escucharon reclamos por una mayor inclusión de los habitantes de las ciudades costeras. Y por extender el proceso de consulta para que no se reduzca a una instancia meramente formal. Los oradores coincidieron en la necesidad de un enfoque integral que contemple la realidad ambiental, social y económica de toda la región.

Reclamos por un enfoque sostenible

Entre las intervenciones más destacadas, el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió sobre los riesgos de avanzar con un dragado a 44 pies sin una evaluación ambiental profunda. Moreno sostuvo que esa medida podría acelerar el escurrimiento del agua. Y además afectar el comportamiento de la cuenca, con consecuencias graves sobre los ecosistemas y las comunidades ribereñas.

El dirigente también alertó sobre la falta de control ambiental estatal. Y señaló que el propio Ministerio de Ambiente reconoció que no realizó estudios específicos sobre el dragado en los últimos veinte años. En su exposición, destacó la importancia del transporte fluvial como alternativa sustentable. Y recordó que migrar solo el 10% de la carga que se transporta por camión hacia barcazas entre Rosario y Buenos Aires permitiría reducir hasta 300.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año.

Moreno enfatizó que la Vía Navegable debe ser “un motor de desarrollo sostenible”, priorizando la ciencia, el trabajo y la soberanía nacional. Y reclamó mayor participación de las comunidades, trabajadores y científicos en la toma de decisiones estratégicas.

La Vía Navegable Troncal, conocida comúnmente como “hidrovía”, constituye el principal corredor logístico del país. Conecta los puertos del litoral fluvial argentino con el océano Atlántico a través del Río de la Plata. Por este sistema circula cerca del 80% del comercio exterior nacional, principalmente granos, harinas y aceites vegetales.

La nueva licitación en curso de la Hidrovía definirá quién estará a cargo de su mantenimiento, dragado y señalización. En un proceso considerado estratégico tanto por el sector público como por el privado. En este sentido, las entidades empresarias remarcaron la importancia de que el nuevo esquema concesional garantice previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad económica. Asegurando además la competitividad del sistema portuario nacional.

La Anpyn, dependiente del Ministerio de Economía, asumió la responsabilidad de conducir el proceso licitatorio. Y convocar las instancias de participación ciudadana establecidas por ley. En su portal oficial, la agencia puso a disposición pública los documentos técnicos y ambientales que sustentan el informe de gestión de la Vía Navegable. Bajo el título “Documentación, antecedentes e informes de gestión y evaluación ambiental de la VNT”.

Una etapa decisiva para el futuro del Paraná

Con la audiencia ya realizada y el aval judicial que permitió su desarrollo, el proceso para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal avanza hacia su etapa de adjudicación. La discusión, sin embargo, dejó en evidencia la necesidad de conciliar intereses productivos y ambientales. En un contexto en el que la sustentabilidad del desarrollo fluvial se presenta como un desafío central.

Por su parte, las cámaras empresarias celebran la continuidad institucional y la transparencia del proceso. Mientras que las organizaciones ambientalistas insisten en que la nueva concesión debe incorporar estudios actualizados, control estatal efectivo y mecanismos reales de participación ciudadana.

El debate por la hidrovía, en definitiva, refleja un dilema mayor. Cómo garantizar un modelo de desarrollo que potencie la competitividad del país sin comprometer su patrimonio natural. En ese equilibrio se juega una parte decisiva del futuro económico, ambiental y social del litoral argentino, publicó Mundo Gremial.

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