Hace dos semanas condenaron a ocho personas en Buenos Aires por lavar activos de la poderosa banda brasileña, con cuentas cripto, depósitos bancarios y autos de alta gama.

La organización criminal Comando Vermelho, que acaba de ser blanco de un operativo militar en Rio de Janeiro que produjo 120 muertos, tiene alguna inserción en Argentina. Justamente hace dos semanas ocho personas ligadas al grupo delictivo fueron condenadas a prisión por la Justicia Federal porteña por haber canalizado activos sucios mediante criptomonedas, empresas usadas como pantallas y cinco automóviles de alta gama.

El actor fundamental al que buscaban los investigadores está prófugo. Se llama Marcelo Alves, es brasileño y vivió en Nordelta hasta hace poco tiempo junto a su esposa y su madre. Cuando lo fueron a allanar las fuerzas de seguridad se encontraron con un escollo recurrente: las resistencias en el condominio hacia los operativos policiales.

Alves y su grupo familiar están prófugos. Los responsables locales de la investigación llegaron a esta pesquisa porque las autoridades brasileñas les notificaron que un miembro del Comando Vermelho, al menos un enlace financiero directo, aparecía con residencia en Argentina. Era justamente Alves.

A mitad de octubre de 2025 la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) impulsó y logró condenas en juicio abreviado contra personas que aceptaron lavar activos para este residente local del Comando Vermelho. Les impusieron tres años de prisión condicional, multas por 2.460 millones de pesos y el decomiso de 271 mil dólares en efectivo. También les incautaron fondos congelados en billeteras virtuales y de cuentas bancarias.

Ninguno de ellos, según fuentes judiciales indicaron a LPO, eran miembros del Comando Vermelho. Se los considera facilitadores de acciones de blanqueo de dinero de origen delictivo. La pesquisa económica justamente determinó que Alves y su grupo familiar tenían actividades, transferencias y movimientos de dinero totalmente inconsistente con su actividad declarada en el país.

En Argentina no aparecen vestigios de otro tipo de conexión más allá de la financiera como sí surgieron en los últimos años de otra organización brasileña, el Primer Comando Capital (PCC) que tiene asiento en San Pablo. En distintas fiscalías y fuerzas de seguridad del país se captaron movimientos de células diversas del PCC, especialmente relacionadas con personas detenidas en cárceles. 

Los recientes abreviados contra auxiliares económicos del Comando Vermelho fueron impulsados por los fiscales Diego Velasco y Fabiana León, de Procelac, y homologados por los jueces del Tribunal Oral Federal 7 de Capital Federal. implicaron la admisión de culpas de los hechos imputados y penas de tres años de prisión en suspenso para Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora.

Las multas en conjunto fueron de 2.460 millones de pesos, aplicadas de manera proporcional, según el grado de participación de cada condenado. Los montos individuales promediaron entre 40 millones y 720 millones de pesos, según consignó el 15 de octubre pasado el sitio online oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El caso se había iniciado en 2022 por de una denuncia presentada por la Procelac, que detectó posibles maniobras de lavado de activos.

El expediente se dividió en varios legajos por su complejidad. El primero se concentró en las maniobras atribuidas a la organización liderada por Alves de Sousa y Wang, sindicados como responsables de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al Comando Vermelho.

En una segunda etapa se analizaron maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Alves de Sousa y Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023 y que implicaban a los ahora condenados Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora.

Según la organización no gubermanental especializada en Criminología Insight Crime, el Comando Vermelho es el grupo delictivo de gran envergadura más antiguo de Brasil. Se creó en Río de Janeiro en la década de 1970 como un grupo de autoprotección de prisioneros de cárceles, que inicialmente se dedicó a delitos de bajo perfil como asaltos y robos bancarios.

En la década de 1980 la agrupación expandió sus actividades y se involucró en el tráfico de cocaína, para lo que se alió con los cárteles de Colombia. Además, formó una base de apoyo social en barrios periféricos de Río de Janeiro.

“Desde entonces ha crecido hasta convertirse en una amenaza nacional e internacional. Mientras ha mantenido su base de poder en vecindarios pobres alrededor de Río de Janeiro, Comando Vermelho tiene una influencia mayor en prisiones de todo el país, con la región de Amazonas y el oeste de Mato Grosso como sus bastiones secundarios”, consigna la ONG.

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