Romina Lucila Corradini y su compañera Elida Vargas acudieron a la Justicia luego de que en diciembre último la intendenta de San Jaime de la Frontera –a 283 kilómetros de Paraná, en el departamento Federación-, Miriam Díaz (Juntos) las desafectara de su lugar de trabajo –eran administrativas en el Corralón Municipal- y las enviara a la calle, a realizar taras de barrido, poda y limpieza de cordones cuneta y, además, les redujera el salario.

En primera instancia, el Juzgado de Paz de San Jaime de la Frontera se declaró incompetente para dictaminar frente a la denuncia que se enmarcó como violencia y discriminación en el ámbito laboral. Entonces, el caso recayó en manos del juez Civil y Comercial N° 2 de Chajarí, Mariano Luis Velasco, que ordenó a la intendenta Díaz a “proceda a reestablecer el ingreso o retribución correspondiente a los servicios” de las trabajadoras, “debiendo abstenerse de incurrir en cualquier práctica discriminatoria o desigual en este aspecto”, y les otoruge “funciones o tareas acordes a su capacidad psicofísica, evitando la asignación de aquellas que resulten perniciosas para la integridad psicofísica o afecten la dignidad de la denunciante”.

El juez se apoyó en un informe del Equipo Interdisciplinario, firmado por la licenciada en Trabajo Social Florencia Siviero y el licenciado en Psicología Guillermo Grubert, firmado el 19 de marzo último, que encontró creíbles los relatos de las denunciantes. En cambio, se reprobó la actitud de la denunciada intendenta de San Jaime, quien, según los profesionales que la evaluaron, “se mostró poco colaboradora, dando respuestas rígidas y sobreestructuradas, por lo que fue muy dificultoso avanzar en la entrevista, y se limitó a negar que el municipio la tenga como empleada a la denunciante, sea con ´contrato de servicio´ o de cualquier otra forma, como también, que haya mantenido entrevista con ella; no obstante, entre los escasos aportes que hizo, expresó que ´estas dos mujeres van y prestan servicios en el Corralón, yo le dejo las tareas por hacer (que se las imparte) mi jefe de obras públicas, Fabián Zufiaurre. Pero para mí no son empleadas del municipio´, y que los sueldos son en relación ´a un escalafón´».

El Municipio de San Jaime apeló el fallo de primera instancia e intervino la Cámara del Trabajo de Concordia, integrada por los jueces Héctor R. Salarí, María Josefina Pace y  Carolina Goñe, que rechazó “por manifiestamente improcedente el planteo efectuado por la denunciada, en cuanto el mismo resulta manifiestamente contradictorio con lo que su propia parte manifestó ante los integrantes” del Equipo Técnico.

“En ese marco –dijo la Cámara-, resulta innegable que corresponde reprocharle a su parte que por un lado continúe negando en esta instancia el vínculo que unía a la denunciante con el municipio y por otro no se haga cargo que, tal como fue advertido por el juez de grado, su parte era la que estaba en mejores condiciones de poder presentar los registros, contratos y documentación en la que figuraba la Sra. Corradini”.

Entre Ríos Ahora