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PASO: El bloque peronista analiza dar libertad de acción para evitar una ruptura

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Había un tercio de la bancada dispuesta a votar la suspensión de las primarias, contra la voluntad de Cristina.

Un fuerte rumor sobre “libertad de acción” en la bancada peronista recorría este lunes los pasillos de la Cámara de Diputados, en la previa de la reunión de bloque de UP.

Si bien desde el entorno de Germán Martínez desmintieron esa definición, en otros despachos kirchneristas confirmaron la postura como un mecanismo para evitar que se parta el bloque. De hecho, LPO anticipó que había más de 30 legisladores dispuestos a votar la suspensión de las PASO contra la voluntad de Cristina Kirchner y La Cámpora.

“Nosotros comunicamos las cosas cuando son habladas en el bloque. Nunca generamos rumores ni anticipamos posiciones, porque hay que hablar con los compañeros”, explicaron cerca de Martínez. Con fastidio, alegaron que la cita con sus colegas sería recién a partir de las 19.

Sin embargo, el encuentro tendría incontables bajas. Diputados cuyanos y norteños llegarían a Buenos Aires recién entre martes y miércoles: más de uno consideraba ocioso el debate con las autoridades del bloque.

“Va a ser una catarsis de los legisladores, quejándose de lo que dijo Milei sobre la comunidad LGBT, pero eso es una agenda porteña vieja”, opinaron cerca de un gobernador peronista.

Esa apreciación, compartida por diputados que responden a mandatarios provinciales, fue el revestimiento de la resistencia cruda de los gobernadores al intento de la ex Presidenta por imponer su voluntad de sostener las primarias a nivel nacional.

La verdadera tensión se da por la disputa entre Cristina y Axel Kicillof. Mientras ella defiende la continuidad de las PASO para licuar el poder del gobernador bonaerense y los intendentes en el armado de las listas, a Kicillof le convendría la suspensión para desacoplar la convocatoria a los comicios sin mayor resistencia en la Legislatura de La Plata.

En Provincia de Buenos Aires, rige una ley que se impulsó en tiempos del gobierno kirchnerista para que las PASO nacionales y las provinciales se realicen el mismo día. Si no se suspenden, Kicillof se vería impedido de aplicar el desdoblamiento.

Fuentes parlamentarias consideraron que la chance de habilitar la “libertad de acción” significaría que prevaleció el peso de los gobernadores. “Es la diferencia entre gobernar una provincia o tener una banca para venir a putear sin gestionar”, dijeron en una oficina peronista, y agregaron: “Todos los gobernadores prefieren que no haya PASO porque, sin guita para nada, al menos es un ahorro fiscal pero, además, todo gobernador tiene al apoderado partidario de su lado y de esa forma controla las listas”.

Aún así, el resultado de la discusión por las primarias todavía es incierto. Después de obtener media sanción en la Cámara Baja, debería pasar al Senado, donde 25 de los 34 senadores de UP responden a Cristina.

Para colmo, se trata de una ley que modifica el código electoral y para su sanción requiere mayoría agravada: 129 diputados a favor sobre 257 miembros del cuerpo y 37 senadores sobre 72 por la afirmativa. 

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Hay 112 denuncias en la Justicia por el caso de la criptomoneda promocionada por Milei

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Lo que comenzó el viernes como un tuit de promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei escaló hasta decantar en una fuerte polémica, que el Gobierno intenta minimizar y la oposición buscar potenciar con presentaciones de pedidos de juicio político y de investigaciones en el Congreso.

Pero más allá de ese escenario, lo cierto es que la fallida promoción del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados que perdieron sus inversiones, generó ya más de un centenar de presentaciones en la Justicia Federal.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, hay 112 denuncias penales contra el mandatario, a partir de su publicación en redes y posterior marcha atrás. De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán mañana, cuando abran esas dependencias.

Sin embargo, una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue realizada un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia.

De acuerdo a las fuentes, más allá del debate que se producirá sobre quién debe tomar el caso, esta presentación deberá ser la que tenga preponderancia a la hora de agrupar las denuncias para determinar si el Presidente incurrió en algún delito. La denuncia cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N° 7 a cardo de Sebastian Casanello, en la secretaria N° 13 del doctor Martin Smietniansky.

La Justicia, ahora, deberá evaluar si Javier Milei incurrió en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA, que tuvo un abrupto ascenso en su cotización para luego derrumbarse rápidamente. El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de la red social de X, aunque luego la borró y subió otro mensaje en el que se desligaba del tema.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, arrancaba el texto. Luego volvió a su estilo habitual y trató de “ratas inmundas de la casta política” a quienes, según su criterio, quisieron “aprovechar esta situación para hacer daño”.

El debate sobre un posible delito

Hasta ahora, no está claro si la publicación de Milei constituye en sí un delito, más allá de las acusaciones que hicieron distintos sectores políticos, principalmente el kirchnerismo, que adelantó que presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el mandatario.

Al respecto, el abogado Jorge Grispo afirmó en una columna en Infobae que una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituye un delito. 
Grispo explicó que “el Presidente de la Nación, más allá de su investidura, no pierde su derecho constitucional a opinar, expresarse y manifestar su pensamiento. La libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y un pilar de la democracia”.

Más allá de eso, afirmó que “bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituyen delito alguno. La publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable por la oposición, buscando un claro rédito político, pero no constituye una infracción penal. El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional, y el hecho de ocupar la Presidencia no anula esta prerrogativa”.

En un camino similar se expresó Miguel Nathan Licht, doctor en Ciencias Jurídicas y presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. “En Argentina, promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito, salvo que se demuestre un engaño deliberado que oculte la verdadera naturaleza del producto ofrecido”, afirmó también en Infobae.

“Las discusiones intensas en las redes, la inmediatez de los juicios mediáticos y la polarización política a menudo difuminan la línea entre lo políticamente cuestionable y lo jurídicamente punible. Ninguna novedad traigo a colación si advierto que el derecho penal debe reservarse para conductas que por si misma lesionan un bien jurídico superior, no para las que meramente causan incomodidad o controversia. Y esto aplica tanto a un ciudadano de a pie como a la figura presidencial”, añadió.

En contrapartida, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales “pueden convertirse, en el peor de los casos, en una ví¬a para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos”.

“La reciente controversia en torno al presidente Javier Milei y su promoción de la criptomoneda $LIBRA ha reavivado el debate sobre los lí¬mites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las expresiones en redes sociales. Mientras algunos consideran, con cierta ligereza, que la publicación de un tuit no puede constituir un delito, un análisis riguroso del Código Penal Argentino y la doctrina penal demuestra lo contrario: el derecho penal no se centra en el medio utilizado, sino en la conducta desplegada. Nuestro Código Penal admite todos los medios comisivos, salvo excepciones puntuales, por lo que un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos tí¬picos de una figura penal”, sostuvo.

Algunas de las denuncias.

Con el correr de las horas se fueron conociendo algunas de las denuncias que fueron presentadas digitalmente, y que se activarán mañana, cuando abran los juzgados.

Una de ellas fue la que presentó el ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires Agustín Rombolá por presunta “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”, según publicó en su cuenta de X.. Además, adelantó que están confeccionando una acción de clase para defender los ahorros de la gente.

Otra de las denuncias penales fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías, María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular.

Los denunciantes afirmaron que “Milei formó parte de una Asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”.
Otra de las presentaciones las realizó el abogado Gregorio Dalbón, quien patrocina en alguna de las causas que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner.

La particularidad de esta denuncia es que no solo alcanza a Javier Milei, sino también a otros integrantes del Poder Ejecutivo como Karina Milei y Manuel Adorni; al director de la Fundación Faro, Agustín Laje, y al coordinador de esa organización, Francisco Caputo (hermano de Santiago Caputo, asesor presidencial). La demanda también alcanza a Mauricio Novelli, empresario y asesor del Presidente; a Julian Peh, empresario, fundador y dueño de la compañía Kip Protocol y Hayden Davis, empresario, fundador y dueño de la compañía Kelsier Ventures.

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