Provinciales
Piden que la UCR expulse del partido a los diputados Benedetti y Ántola por traicionar a los jubilados
Publicado
hace 3 mesesel

Hubo una solicitud formal enviada al Tribunal de Ética y Disciplina de la UCR de Entre Ríos. Es impulsada por el espacio interno UCR Activa y responde a la decisión de ambos legisladores de sostener el veto a la suba salarial a los jubilados. “El mandato ético y social que constituye la esencia de la UCR fue vulnerado por los afiliados Benedetti y Ántola, que optaron por someterse a la obediencia servil del poder de turno antes que cumplir con el deber moral de defender a los más desposeídos”, publicó APF.
El pedido de expulsión y desafiliación fue presentado por representantes de UCR Activa y tiene como destinatario el Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos.
“Solicitamos formalmente a ese Tribunal de Ética y Disciplina que se inicie de manera inmediata el proceso de expulsión y desafiliación de los correligionarios Atilio Benedetti y Marcela Ántola, en virtud de la grave falta ética y doctrinaria cometida en la sesión del Congreso de la Nación celebrada el día 20 de agosto de 2025, donde se trató la ratificación del veto presidencial al aumento de las jubilaciones mínimas”, se señala en la solicitud.
“Los hechos son de público conocimiento y han sido informados en medios nacionales. En dicha instancia, el diputado Benedetti votó en contra y la diputada Ántola se abstuvo en la moción de rechazar el veto del presidente Javier Milei, negando así un incremento de apenas 20.000 pesos mensuales a los jubilados y jubiladas de nuestro país”, se agrega luego.
“Se trata de un monto insignificante para las arcas del Estado, pero vital para quienes trabajaron toda su vida y hoy sobreviven en condiciones de extrema precariedad”.
Para UCR Activa, “no existe justificación posible para esta conducta. Implica un acto de traición a los jubilados argentinos y, al mismo tiempo, una traición al radicalismo entrerriano, a sus principios históricos y a su doctrina”.
“Tal como lo establece la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, el mandato ético y social que constituye la esencia de la UCR en nuestra provincia ha sido vulnerado de manera palmaria por los afiliados Benedetti y Ántola, quienes optaron por someterse a la obediencia servil del poder de turno antes que cumplir con el deber moral de defender a los más desposeídos”.
Por lo expuesto, solicitan al Tribunal:
-Que se dé curso inmediato al proceso disciplinario correspondiente.
-Que se resuelva la expulsión definitiva de Atilio Benedetti y Marcela Ántola de la Unión Cívica Radical, por conducta pública contraria a la ética y la doctrina partidaria.
-Que se comunique dicha resolución a los órganos partidarios provinciales y nacionales para su cumplimiento efectivo.
“Estamos convencidos de que sólo con medidas firmes lograremos honrar nuestra historia, respetar nuestra doctrina y reafirmar nuestra conducta radical, que no admite claudicaciones frente a la injusticia ni complicidades con el poder en perjuicio de los más vulnerables”, finaliza el texto.

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La ruta del Mercosur será operada por empresas conocidas en la obra pública: Cuánto costará el peaje
Publicado
hace 1 horael
5 de noviembre de 2025
Este martes al mediodía se abrieron los sobres económicos de las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14 -la llamada Ruta del Mercosur- y el resultado muestra nombres habituales y esquemas relativamente usados en la historia reciente.
Para el Tramo Oriental, sobre las rutas nacionales 12 y 14, el Gobierno planteó una tarifa de referencia de $3700 y un tope de $4300. La ganadora fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., con una oferta de $3563,45, por debajo del valor indicativo oficial. Detrás quedaron Rovella Carranza, Paolini y Benito Roggio e Hijos, todas ellas firmas con trayectoria en el ecosistema de la obra pública, informó La Nación.
La ganadora, Autovía Construcciones y Servicios, es una empresa del grupo José Cartellone, una de las constructoras que deberá dividir sus días entre las audiencias de la causa Cuadernos y la administración de una de las rutas más importantes de la Argentina.
El jueves, cuando comience el proceso, José Gerardo Cartellone junto con María Rosa Cartellone y Gerardo Cartellone, Tito Biagini y Hugo Alfredo Kot serán juzgados como coautores del delito de cohecho activo, reiterado en 10 oportunidades, y si bien se les atribuyen 30 pagos supuestamente efectuados en las oficinas del financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, se habrían sucedido en relación con 10 obras públicas.
En el Tramo Conexión, que abarca el puente Rosario-Victoria, la licitación repitió la liturgia: tres oferentes y una adjudicación que refuerza el mapa tradicional del sector. El cuadro nuevamente iluminó a un conocido: Obring S.A., con una tarifa de $3385,80 frente a un tope oficial de $4050 y una referencia de $3300. La segunda fue Cosyser y tercera, otra vez, Autovía Construcciones.
Obring construyó la avenida circunvalación de Santa Fe, el acceso al aeropuerto de Rosario, rutas provinciales y nacionales, la doble traza de la avenida Wheelwright, la reconstrucción del muelle de Parque España, el Acueducto Centro y el Aliviador III, entre otras. Franco Gagliardo, uno de los titulares de Obring, se despegó del pago de coimas ventilado en la causa de los cuadernos de la corrupción y dijo que esa firma rosarina solo participó de una obra vial durante el kirchnerismo y que todo se hizo “honestamente”.
En la causa Cuadernos se probó mediante un informe de la Dirección Nacional de vialidad que se le adjudicaron un total de cuatro obras, por un monto total de $232.991.771,34, siempre a valores históricos. En su declaración, a Rubén Juan Gagliardo se le preguntó por los retrasos en los pagos y confirmó que estos se sucedían entonces. Y aportó un dicho: “Si no tenés espaldas, no hagas obra pública”. En ese momento, ese pilar para ser constructor de infraestructura lo había adquirido, según dijo, con un criadero de cerdos de alta genética en el que tenía socios canadienses.
Los constructores ya habían logrado un enorme triunfo en medio del proceso de licitación. Lograron que el financiamiento para hacer las obras en la primera ruta nacional concesionada por la administración Milei lo aporte el Estado. La novedad apareció a 48 horas del cierre del llamado a licitación cuando el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) publicó un nuevo crédito destinado a los que quieran presentar sus ofertas para quedarse con el corredor.
“En el marco de la licitación 504-0007-LPU25 lanzada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación para el Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, BICE [Banco de Inversión y Comercio Exterior] dispuso la estructuración de financiamiento a través de un esquema fiduciario de garantía y fondeo“, dijo entonces la comunicación oficial de la entidad.
La novedad cambió tangencialmente la licitación, ya que hasta que se conoció, y de acuerdo a decenas de declaraciones de funcionarios del área, incluido el presidente Javier Milei, este esquema de concesiones de la obra pública vial no iba a requerir dinero del Estado, sino que serían los empresarios los que aporte el capital que luego, se cobrarían con el peaje.
Con un peaje mucho mayor al actual y con financiamiento del BICE, las constructoras argentinas tienen su revancha. Y como dijo Gagliardo, para hacer obra pública hay que tener espalda. Y si las empresas no pueden lograrlo, para eso está el BICE.
Análisis


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