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Por el momento, hace agua la posibilidad de que liciten el dragado de la Hidrovía del Río Paraná

Dicen que la agenda de la Hidrovía se centra por estos días en volver a licitarla a un operador privado.

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¿En qué quedó la licitación para el dragado de la Hidrovía?, planteó Sofia Selasco en una publicación realizada en la web “Bichos de Campo”. Y se responde: “La pregunta del título de esta nota podría responderse con una simple respuesta: ‘En nada’”.

Ocurre que la adeuda licitación para llevar a cabo los trabajos de dragado y mantenimiento de la Hidrovía del Río Paraná, que incluye una serie de mejoras para esta vía navegable de 3442 kilómetros considerada una de las más importantes del mundo, no registra avances más allá de que resulta estratégica para las exportaciones del agro, que a su vez explican la mitad de las divisas que ingresan al país.

“En nada”. Así es al menos como definió la situación Alfredo Sesé, el secretario técnico de la Comisión de Transporte en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Pero detrás de esa escueta contestación hay una larga historia de idas y venidas sobre las que el sector ha alertado en numerosas oportunidades, porque la falta de un correcto mantenimiento de esta ruta es algo que no puede desatenderse por mucho más tiempo.

“Entendemos que esta vez están dadas las condiciones para que el gobierno nacional ponga en marcha el proceso de armado de los pliegos para la licitación, lo que permitiría proyectar obras de infraestructura para los próximos 15 años”, dijo días atrás Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante el primer remate de soja, apuntando al accionar del gobierno de Javier Milei.

Ayer nomás

Un breve racconto de esta historia diría que desde septiembre de 2021 la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra “estatizada” y a cargo de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE). Fue una decisión tomada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que alteró el panorama justo cuando vencía la concesión original iniciada en los años 90 y debía resolverse una nueva licitación internacional.

Si bien este corredor natural cuenta con cuatro tramos diferenciados en los países que integran la cuenca (uno que va de Cáceres a Corumba y recorre 672 kilómetros; otro que va de Corumba a Confluencia y recorre 1532 kilómetros, un tercero que va de Confluencia a Santa Fe durante 654 kilómetros., y uno final desde la Ciudad de Santa Fe hasta el Océano), la discusión sobre la licitación y las obras de dragado por ahora se limitan a este tramo final. El dragado arranca en el complejo portuario Puerto General San Martín-Timbúes y de ahí al sur. Por ese tramo circulan las embarcaciones de mayor tamaño que sacan el 75% de la cosecha argentina.

En 2021, con la tarea bajo su responsabilidad, pero sin recursos propios del Estado para llevarla a cabo, la AGP realizó la contratación directa de dos empresas que ya venían operando en la zona desde 1995: la belga Jan de Nul o Compañía Sudamericana, encargada del dragado de ese tramo de la Hidrovía (para hacerla navegable en al menos 34 pies); y EMEPA, a cargo del balizamiento.

Aunque desde el anterior gobierno anunciaron esta concesión como parte de un plan para la estatización, la posterior contratación directa de estas dos firmas mencionadas da cuenta de que AGP solo se limitó a administrar el sistema (en especial el cobro del peaje), ya que el Estado no contaba con los recursos necesarios para realizar las obras correspondientes.

Es aquí donde entra el debate entre las licitaciones cortas y las largas, siendo las primeras específicas para obras de mantenimiento y las segundas para realizar reformas estructurales sumamente necesarias, que se espera que se extiendan por más de 10 años.

¿Qué es lo que se necesita?

En términos generales una mayor profundidad de la vía navegable, y por lo tanto un mayor ancho en algunos canales de navegación. Esto es clave porque por cada pie de dragado adicional (cada pie tiene 33 centímetros de largo) un barco puede cargar entre 1800 y 2000 toneladas de mercadería adicionales.

Actualmente, la Hidrovía cuenta en el tramo inferior con un calado de 34 pies, que se busca ampliar a unos 40. Por esa razón, la mayoría de los barcos no pueden completar la carga en los puertos. Si lo hacen corren peligro de quedarse encallados a la salida.

Pero esto no es lo único que se necesita modificar. También se precisan nuevas zonas de cruce, de espera, de fondeo, y todos aquellos lugares donde los buques puedan esperar. En criollo, se necesitan obras conexas no solo para ir por la autopista sino para detenernos a la vera de la autopista.

A eso hay que sumarle un cambio en el balizamiento, para tener información predictiva que haga eficiente y vuelva más segura a navegación.

Pero sin la concreción de una licitación larga y prorrogando apenas las adjudicaciones realizadas en 2021, ningún mejoramiento a largo plazo puede realizarse en esa ruta navegable.

Largo plazo y con presencia privada

Esto, para muchos, debería modificarse durante la gestión de Javier Milei, ya que, como se dijo en reiteradas oportunidades desde el gobierno, el foco estaría puesto en llevar adelante obras de infraestructura de la mano de privados.

“Todavía el sector público no ha definido todos los aspectos. No hay sinceramente un lineamiento. Lo que hemos escuchado es que las autoridades nacionales quieren una nueva licitación y quieren que participe el sector privado. Eso es casi obvio, según los propios lineamientos políticos, pero en cuanto a detalles de qué puede hacerse con la licitación corta o qué puede hacerse con una licitación más larga, todavía no hay una definición plena”, explicó Sesé a Bichos de Campo.

“La Administración General de Puertos todavía es el concesionario del dragado, el balizamiento, y el control de los hidrómetros y mareógrafos de la vía navegable troncal. Entendemos el trabajo con EMEPA y Compañía Sudamericana seguirá siendo un tiempo más así, porque no es instantáneo el cambio”, indicó a continuación.

El especialista hizo especial hincapié en la capacidad de despacho de las embarcaciones, que en función del calado actual están lejos de sus máximos posibles de 40 a 42 pies, lo que supone una pérdida económica considerable al no poder transportar mayor cantidad de mercadería, cosa que también encarece los viajes.

“Ahora estamos en 34 pies. Para apuntar a superar eso tendríamos que hablar de una licitación larga”, afirmó Sesé.

-Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿qué les gustaría que suceda?
-La BCR impulsa una concesión a largo plazo sin aval del Estado a riesgo empresario.

En función de la última edición del Encuentro Argentina de Transporte Fluvial, organizado por el Institutito de Desarrollo Regional de la BCR, el periodista Mariano Galíndez informó por redes sociales que la agenda de la Hidrovía se centra por estos días en volver a licitarla a un operador privado; en el interés de Santa Fe de extender las obras más hacia norte del Gran Rosario; y en avanzar con obras que se necesitan con inmediatez con el concesionario actual para evitar mayores demores.

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Milei le entregó a Bessent el plan económico y la campaña

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El término “salvataje” es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, por motivos geopolíticos.

Por Guillermo Michel para La Política On Line

Desde hace semanas, los anuncios sobre la economía argentina no se escriben en Buenos Aires sino en Washington. Scott Bessent, funcionario designado por la administración Trump, actúa como vocero de la calma y administrador del peso argentino. Su intervención trasciende la asistencia financiera: marca un punto de inflexión en la gestión actual, donde el gobierno nacional decidió correrse no solo de la política sino también de la gestión económica, entregándose a un funcionario norteamericano.

Los mensajes de Bessent en redes sociales tienen más impacto que cualquier comunicado del Banco Central o del Ministerio de Economía. Su declaración de que el Tesoro estadounidense está “preparado para tomar medidas excepcionales para proporcionar estabilidad a los mercados” funciona como un apoyo incondicional al peso argentino. Era el respaldo más grande que podía recibir en una situación crítica como la que atravesaba.

Pero el apoyo estadounidense nunca es gratis. No solo busca estabilizar el mercado: también sostiene, de manera indirecta, la campaña del oficialismo y, naturalmente, cobrará lo que le interesa. La lista es larga y, con seguridad, llegará la factura.

La estabilidad de mercado, así como la campaña electoral, hoy están en cabeza de Scott Bessent y Donald Trump, convertidos en los dos pilares de una carrera electoral que el gobierno delegó en la Casa Blanca. Las declaraciones de apoyo “irrestricto” de la administración Trump y la intervención directa del Tesoro americano son, en los hechos, la única campaña del oficialismo. No hay nada más.

Bessent habla más -y mejor- de la economía argentina que el propio equipo económico. Sus apariciones superan a las del presidente, y en materia de campaña se ha convertido en el principal vocero de la gestión.

La intervención de Estados Unidos no es solo un estabilizador económico; también es un distractor narrativo. Domina los medios y desplaza otras acusaciones a un segundo plano, con la esperanza de que ese blindaje mediático también alcance a lo electoral.

El origen de esta nueva ronda de préstamos de urgencia está en la desesperación financiera de un programa económico exhausto. El colapso del régimen cambiario era inminente y el fracaso rotundo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empujó al gobierno a canjear gestión económica y electoral por unas semanas de calma de mercado.

Los síntomas del fracaso comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo.

A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de USD 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó USD 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027.

La tensión cambiaria que vivimos desde hace más de un mes tiene entonces su raíz en ese mal diseño, no en la incertidumbre electoral. La narrativa oficial que culpa a la política es insostenible cuando el Banco Central mantiene reservas netas al mismo nivel que al inicio de la gestión, los dólares líquidos son prestados y la autoridad monetaria no logra conciliar baja de inflación con acumulación de reservas.

La caída de reservas -incluso después del préstamo de abril- precedió a las elecciones bonaerenses, y difícilmente se revierta tras el 26 de octubre. Si no hubieran aparecido los tuits de Bessent, hoy estaríamos viendo cómo el gobierno intenta contener una corrida cambiaria.

El salvataje de Estados Unidos fue la respuesta de última hora al colapso de un programa moribundo. Los USD 20.000 millones del acuerdo de abril fueron un fracaso anunciado. Hoy solo vemos sus consecuencias y esperamos los detalles del nuevo entendimiento que, por tercera vez en un año, promete “un puente” hacia un destino incierto.

El gobierno argentino ya demostró su falta de compromiso cuando, poco después del anuncio, el presidente modificó el programa y el ministro de Economía lo dio por muerto públicamente. Veremos si con el Tesoro americano la suerte es distinta, tras esta rendición incondicional que parece haber hecho nuestro primer mandatario.

El término “salvataje” es un eufemismo técnico. La intervención es, de facto, una asunción de riesgo financiero por parte de Estados Unidos, motivada tanto por intereses geopolíticos como por la conveniencia de apuntalar a un gobierno afín en un momento electoral sensible. No es difícil imaginar que Washington no habría hecho lo mismo por Brasil con Lula en el poder.

El uso del Exchange Stabilization Fund (ESF) en Argentina sienta un precedente peligroso para la diplomacia del dólar: convierte una herramienta técnica de estabilización en un instrumento de política exterior.

Aquí estamos: esperando ayuda, con una campaña dirigida desde Washington y un gobierno que ruega que los anuncios alcancen para que las bandas cambiarias sobrevivan unas semanas más. La pregunta abierta es cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, en apenas cuatro meses, transitó una depreciación del 30%, ventas de reservas, intervención en el dólar futuro y la restitución del cepo para la compra de dólares por parte de personas físicas. Nada de eso alcanzó y ahora necesitamos al fabricante de dólares como garante para llegar a las elecciones. 

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