Provinciales
Procesaron con prisión preventiva y embargos millonarios a miembros del entorno de Kueider
Publicado
hace 6 mesesel

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, decretó este jueves el procesamiento de los miembros del entorno de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay, en la causa en que se investiga al exsenador por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, un desprendimiento del caso Securitas, revelaron a Clarín fuentes oficiales. La mayoría de sus contadores y ex colaboradores que lo ayudaron a crear empresas fantasmas para mover plata negra del gobierno de Entre Ríos u otras fuentes, seguirán con prisión preventiva.
El procesamiento con prisión preventiva fue dispuesto para el contador José Noguera, a quien también le trabó un embargo de 7.800 millones de pesos. A Noguera, la jueza en la causa que impulsa el fiscal Fernando Domínguez, lo procesó como coautor de la comisión del delito de lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación ilícita integrada por funcionarios en concurso real con los ilícitos de balance falso -en grado de coautor- y uso de instrumento privado falso -en carácter de partícipe necesario.
La magistrada también procesó al primo de Kueider acusado de testaferro Ernesto Rubel con prisión, al secretario en el Congreso del ex senador Rodolfo Daniel González con el mismo embargo que el primero. En cambio, dictó el procesamiento con arresto domiciliario con vigilancia electrónica de Adriana Crucitta con un embargo de 3 mil millones de pesos.
Otro de los procesados con preventiva es Ezequiel Bovetti que aparece en empresas que giran alrededor de Kueider para mover plata negra, con un embargo de 5 mil millones de pesos.
En cambio, procesó con arresto domiciliario y vigilancia electrónica a Rita Soledad Machuca, una ex secretaria de Kueider, con un embargo de 3 mil millones de pesos. El mismo modo de prisión preventiva dictó para la esposa del contador de Kueider Gabriela Saint Pierre, con un embargo de $3.000.000.000. En cambio, Débora María Ferreyra resultó procesado sin prisión preventiva y con un embargo de 1.000.000.000.
Aplicando la nueva ley que permite procesar personas jurídicas, procesó a las empresas Lectus S.A con un embargo de 100 millones; Felsir Biotecnologia S.R.L (120 millones de pesos); Vijusa industrial argentina (20 millones); Nopor Service S.A, con 20 millones; Via SNP Logística S.A 20 millones y decretar la rebeldía de la firma Betail S.A., que era el centro del entramado de empresas usadas para esta maniobra.
Antecedentes
El intento de sacar el dinero ilegal a Paraguay se comprueba porque la secretaria del ex senador nacional Edgardo Kueider, Iara Guinsel Costa, pagó más de US$ 460 mil en efectivo por la compra de seis departamentos en Paraguay, pero finalmente el dinero le fue reintegrado porque la operación no se concretó. Guinsel está detenida junto a Kueider en Paraguay por intento de contrabando y la jueza Arroyo Salgado le pidió a ambos la extradición por la causa Securitas.
Kueider y Guinsel Costa están actualmente detenidos con prisión domiciliaria en una casa de Asunción en Paraguay tras intentar ingresar a ese país con 211.000 dólares sin declarar. El vehículo con el que fueron detenidos en la frontera estaba a nombre de “Pajarito” González aunque Kueider tenía una cédula azul para manejarlo.
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Provinciales
Convocaron a los gremios estatales para reabrir la paritaria
Publicado
hace 4 horasel
9 de octubre de 2025
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos citó formalmente a los representantes de los trabajadores del Estado para retomar las negociaciones salariales en el marco de la paritaria.
La convocatoria fija la audiencia para el miércoles 15 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo (Buenos Aires N° 166). El objetivo, según el texto, es “retomar las tratativas en materia salarial”.
La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que ATE exigiera la “urgente” reapertura de las paritarias. La Asociación, liderada por su secretario general, Oscar Muntes, denunció públicamente el incumplimiento de lo pactado en el acta salarial del pasado 21 de julio, la cual obligaba al Gobierno a convocar una nueva reunión durante la última semana de septiembre.
Según la denuncia gremial, la demora en la convocatoria ha provocado una “erosión significativa” del poder adquisitivo de los salarios de los estatales, haciendo imperiosa una actualización inmediata frente al sostenido incremento del costo de vida.
En declaraciones previas a la citación oficial, Muntes había ratificado la firmeza del sindicato: “El acta no es una sugerencia; es un compromiso firmado y legal que el Gobierno debe respetar,” sentenció el dirigente, advirtiendo que la dilación profundiza la pérdida salarial de los trabajadores.
Con la emisión de la citación, el Gobierno logra contener momentáneamente el conflicto, ofreciendo una fecha concreta para discutir las actualizaciones pendientes. La expectativa se centra ahora en la audiencia del próximo miércoles, donde ambas partes buscarán un acuerdo que permita contener la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos entrerrianos.
APF


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